La reunión de la Conago ha tenido dos componentes importantes y varias lecturas subyacentes. Los gobernadores analizaron una propuesta de seguridad pública que no tendría sentido alguno si la intención fuera impulsarla de aquí al primero de diciembre. Los objetivos, sobre todo en el tema de coordinación de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales son demasiado ambiciosos. Sin embargo, no deja de ser promisorio que estén buscando acuerdos de largo plazo entre los gobernadores y el gobierno entrante.
La reunión de la Conago ha tenido dos componentes importantes con varias lecturas subyacentes. Los gobernadores, además de abrirse al diálogo con Felipe Calderón y llegar a una posición común en el tema Oaxaca, analizaron una propuesta de seguridad pública que no tendría sentido alguno si la intención fuera impulsarla de aquí al primero de diciembre.
Los objetivos, sobre todo en el ámbito de la coordinación de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, son demasiado ambiciosos para siquiera echarlos a andar en apenas dos meses. Sin embargo, y sin entrar al detalle de la propuesta, no deja de ser promisorio que se estén buscando acuerdos de largo plazo entre los gobernadores y el gobierno entrante: es más importante la señal que el acuerdo concreto. Porque ello implicaría que de alguna manera en la futura administración se mantendrán parte de los cuadros que han destacado en el área y que están trabajando muy de cerca con Felipe Calderón desde el dos de julio.
El otro punto, íntimamente relacionado con el anterior, es la presencia del presidente electo Calderón en el encuentro de Tepic. Por una parte, porque la propuesta de seguridad, como decíamos, si se va a avanzar en ella es porque tiene que tener continuidad después del primero de diciembre y ese fue uno de los tres temas que el propio Calderón, puso sobre la mesa para analizar con los distintos actores políticos durante el periodo de transición. Y en el ámbito de la seguridad se deben dar pasos que involucran a los tres niveles de gobierno y también al congreso. Si a eso le sumamos la importancia crítica que el tema está adquiriendo para gobernadores de distintos partidos como Lázaro Cárdenas Batel y Natividad González Parás, pareciera que existen estímulos suficientes para comenzar a trabajar sobre una serie de propuestas que difícilmente algún mandatario estatal o grupo parlamentario pudiera rechazar.
Bueno, siempre hay excepciones y esa ha sido Alejandro Encinas y el gobierno capitalino, que no sólo no concurrió a la reunión de Tepic sino que además, ha rechazado discutir la propuesta de seguridad, argumentando que sus propias propuestas no fueron incluidas en el documento presentado a los gobernadores. En realidad, las razones de fondo para el rechazo de Encinas son otras: la primera y principal, que el jefe de gobierno no quiso sentarse con Felipe Calderón, en una postura que puede sostenerse para los siguientes 90 días, mientras Encinas administra (lo de gobernar es otra cosa), la ciudad de México, pero que será imposible de mantener para Marcelo Ebrard cuando asuma el cargo el próximo 5 de diciembre.
Pero la segunda razón por la cual el GDF no aceptó el encuentro es mucho más delicada y si hay acuerdo entre la mayoría de los gobernadores y en el congreso podría ser decisiva para el futuro y se trata del control de las policías. El GDF ha cometido al respecto demasiados errores. Las fuerzas policiales organizadas en la secretaría de seguridad pública capitalina son las más numerosas del país y de las mejores equipadas. De sus distintas ramas, pero sobre todo de la policía auxiliar y bancaria, surge uno de los fondos de recursos no declarados más importantes de la administración capitalina, de dónde se han financiado muchos proyectos políticos del perredismo. El control policial en el DF, además, es una forma de presión y negociación con el gobierno federal, fuera de que al estar concentrados en la capital buena parte de los principales factores de poder, le permite a esa instancia de gobierno contar con un sistema de información y espionaje más que eficiente.
Sin embargo, en el contexto de creciente desprecio por las formas legales que se observan en la capital del país, la policía se convierte en un factor más importante aún. A través de la policía capitalina se han establecido numerosos acuerdos políticos con grupos de todo tipo, desde el comercio ambulante y los fayuqueros de toda calaña, hasta los taxistas piratas y los innumerables grupos del narcomenudeo, pasando, además, por las expresiones de distintas organizaciones radicales que operan en distintas zonas de la ciudad, sobre todo en todo el oriente y el centro de la capital. Los hechos de Tlahuac son una expresión clarísima de todos esos acuerdos y complicidades.
La participación activa de la policía capitalina en la protección y el apoyo logístico al bloqueo de López Obrador confirmaron que la misma no es una fuerza confiable para el Estado mexicano y que ha decidido actuar no para defender los intereses de la ciudadanía sino del partido político que gobierna la ciudad. Y ello fue tan evidente que tanto en el gobierno saliente como en el entrante, pero también en el resto de las fuerzas políticas, el tema ha tomado preeminencia en la agenda de seguridad. El gobierno capitalino sabe que existe un interés marcado del resto de las fuerzas políticas por poner un límite a la partidización del principal cuerpo policial de la capital del país, y la propuesta de centralizar y establecer mandos únicos nacionales y regionales para las distintas fuerzas policiales puede ser un mecanismo que permita colocar esos límites que hoy se han perdido.
Por eso, en el DF se han puesto tan nerviosos con la propuesta, no han aceptado participar de la reunión de Tepic y rechazan cualquier reforma al respecto. El punto importante, sin embargo, es que si existe un acuerdo de la mayoría de los gobernadores, incluyendo los perredistas de Michoacán, Guerrero y Baja California Sur que están en serios problemas para atender los desafíos del crimen organizado, esas propuestas podrían pasar en el congreso en las próximas semanas, de forma tal que la designación del próximo secretario de seguridad pública en la capital, esté marcada por mayores compromisos con la ciudadanía y el Estado que en la actualidad. No es, ni remotamente, un tema menor.