El presidente Fox, al concluir su mensaje en la más reciente reunión de la CIRT, ofreció sus disculpas si, en el curso de su gestión, había ofendido a alguien. El presidente Fox, en efecto, ha sido un hombre abierto y tolerante, pero ha caído en excesos o, en ocasiones, ha permitido que se transite, por vías legales, con asuntos que tendrían que haberse atacado desde una perspectiva política.
El presidente Fox, al concluir su mensaje en la más reciente reunión de la CIRT, ofreció sus disculpas si, en el curso de su gestión, había ofendido a alguien. El presidente Fox, en efecto, ha sido un hombre abierto y tolerante, pero ha caído en excesos o, en ocasiones, ha permitido que se transite, por vías legales, con asuntos que tendrían que haberse atacado desde una perspectiva política.
Uno de los capítulos oscuros de la actual administración es toda aquella historia de los “peces gordos”. Apenas ayer, se supo que, por ejemplo, en el llamado Pemexgate, no hubo ningún responsable. Nadie ha sido castigado por ese hecho, incluyendo los controvertidos líderes del sindicato petrolero. Pero ello no impidió que durante la investigación se terminara persiguiendo a hombres que era evidente que no tenían responsabilidad alguna pero que, perversamente, desde el ámbito gubernamental, se los percibía como “eslabones débiles” a los cuales presionar: ese fue el caso de Carlos Almada, un funcionario público ejemplar que, afortunadamente, ha vuelto al servicio público en Nuevo León, una vez que logró demostrar, fehacientemente, que no tenía siquiera relación con la historia indagada.
Pero si en el caso de Almada se hizo justicia (misma que tendría que haberse ejercido también, pero en sentido contrario, respecto a otros personajes, algunos de los cuales son hoy legisladores con fuero, por el PRI y por el PRD), en otros casos, la administración Fox sigue persiguiendo inocentes. El más notable, del que ya en el pasado hemos dado cuenta en este espacio, es el de Gerardo Cajiga, un hombre que fue clave en la reforma del IMSS durante la gestión de Genaro Borrego, con una sólida formación en el ITAM y Harvard, que fue un funcionario ejemplar en una carrera iniciada en el servicio público desde muy joven y que, al concluir el sexenio anterior, era oficial mayor de la secretaría de Gobernación.
Gerardo se vio envuelto en una de las principales intrigas de inicio de sexenio, que llevó a un crudo enfrentamiento entre los hombres que habían creado la Policía Federal Preventiva y el sistema nacional de seguridad pública, comenzando por el almirante Wilfrido Robledo Madrid y el ahora director de la AFI, Genaro García Luna, con el entonces secretario de seguridad pública, Alejandro Gertz Manero, que estaba dispuesto a deshacerse de ellos. El enfrentamiento, como suele suceder, fue soterrado y desde el poder se buscó atacar con demandas civiles y penales a un amplio grupo de funcionarios de la PFP y de la entonces subsecretaría de seguridad. Pero la mayoría eran hombres de mucho peso político: Wilfrido trabajó en la iniciativa privada, tuvo el apoyo de su arma, demostró su inocencia en los procesos iniciados en su contra (que giraban en torno a la compra de equipo aéreo para la PFP) y se ha reincorporado al servicio público en el estado de México. A Genaro, quizás el mejor policía que ha formado México en años, el entonces procurador Macedo de la Concha le encargó crear la AFI y es su actual director. Y tanto ellos como la veintena de presuntos involucrados en ese caso, terminaron absueltos de todas las acusaciones en su contra.
Todos menos uno y era quien menos responsabilidad podía tener en él. A Gerardo Cajiga se lo acusó de haber autorizado la compra de ese equipo aéreo, cuando ello no era parte de su competencia como oficial mayor: la PFP tenía autonomía financiera y su propio comité de adquisiciones, del que Cajiga, por cierto, ni siquiera formaba parte. Cajiga ha tenido, a lo largo de estos años, que soportar el hostigamiento político (en realidad, siguiendo la escuela de Pablo Chapa Bezanilla y considerándolo el eslabón débil por su juventud y por las importantes posiciones que había ocupado, querían presionar a Gerardo para que fuera una suerte de “testigo” que involucrara a los “peces gordos” del sistema de seguridad en sus acusaciones), el judicial; el desarraigo; la pérdida de casi todo su patrimonio; ver nacer y crecer a sus hijos fuera del país, todo como consecuencia de una falsedad. Pero lo más grave que eso lo sabe perfectamente bien todo el gobierno de Vicente Fox y buena parte de los miembros del equipo de transición y ninguno ha querido rectificar su error, “ofrecer disculpas”, no por las ofensas sino por la injusticia. El gobierno podría terminar con esta historia simplemente desistiéndose de la acusación. De lo injusto de la misma sabe Daniel Cabeza de Vaca, actual procurador general de la república, desde que era subsecretario jurídico de Gobernación. Lo sabe el actual subsecretario de Gobernación, Arturo Chávez, que fue antes controlor de la SG. Lo sabe García Luna, lo sabe Robledo Madrid, lo sabía Macedo de la Concha, lo sabe Eduardo Romero en la Función Pública. Lo supieron al detalle Ramón Muñoz y Santiago Creel. Conoce perfectamente bien el caso buena parte del equipo más cercano de Felipe Calderón, comenzando por Eduardo Cordero y Javier Lozano. Y lo conoce, también, el propio presidente electo.
Hoy, la única acusación que sobrevive contra Gerardo y por la cual ha perdido seis años de su vida, es que, según las autoridades, no cobró a una empresa proveedora de un avión privado para la PFP, dos mil 700 dólares de multa por haberse retrasado tres días en la entrega de la aeronave. Ya dos jueces han declarado la inocencia de Cajiga, las autoridades no parece interesadas en que esta historia concluya.
Es lamentable. Conozco a pocas personas como Gerardo, tan convencidas, aún hoy y pese a todo, de que su esfuerzo y preparación tienen que servir para fortalecer al país y sus instituciones. Ojalá que el presidente Fox, además de ofrecer sus disculpas a quienes hubiera ofendido, decida, antes de dejar el poder, hacer justicia con un hombre que su administración ha perseguido, sabiendo que era inocente, a lo largo de casi seis años.