Ayer analizabamos la red que controlaba los recursos públicos en Oaxaca, sumaron más de 9 mil millones de dólares en los últimos ocho años y cuyo ejercicio jamás pudo ser auditado ni por la Secretaría de la Función Pública ni por la Auditoria de la Federación. seguirle el rastro a este tipo de operaciones no es sencillo, porque están diseñadas precisamente para no dejar huellas? pero siempre quedan algunas.
Ayer analizábamos la red que controlaba los recursos públicos en Oaxaca, recursos que sólo en el concepto del ramo 33 (el destinado al gasto social) sumaron más de 9 mil millones de dólares en los últimos ocho años y cuyo ejercicio jamás pudo ser auditado ni por la Secretaría de la Función Pública ni por la Auditoria Superior de la Federación.
El personaje central de esa trama era el fallecido ex funcionario de la Sedesol y al momento de su muerte director del Programa Estatal de Unidades Móviles, Miguel Angel Cuellar Aguilera quien, como informamos, pereció en un extraño accidente automovilístico en los primeros días de mayo, exactamente cuando comenzaba el conflicto magisterial en el estado.
Seguirle el rastro a este tipo de operaciones no es sencillo, porque están diseñadas precisamente para no dejar huellas…pero siempre quedan algunas. Muy esquemáticamente, la operación funcionaba (¿funciona?) así: primero, el gobierno del estado a través de la secretaría de Gobierno y el Coplade asignaba recursos a las organizaciones sociales en concertación con sus dirigentes. A partir de allí, Cuellar Aguilera coordinaba la gestión, autorización y aprobación de recursos en coordinación con Alberto Sánchez Sumano, subdelegado de Sedesol en el estado.
Al mismo tiempo, el coordinador de Coplade turnaba las propuestas a las subsecretarías de desarrollo social y desarrollo urbano para su trámite. Esas solicitudes se solían hacer sin expedientes, lo que dificulta las auditorias y revisiones que en todo caso se realizan, por lo menos, un año después de ejercido el recurso y no queda constancia de la evolución de la obra o el programa. El subdelegado de Desarrollo Social es quien obtiene, pese a la inexistencia de expedientes locales, los números de expedientes a nivel federal. A su vez, la subdelegación de Sedesol instruye a la Unidad de Desarrollo Social para que emita los oficios de aprobación y facilita los trámites a las dependencia ejecutoras del gobierno del estado para que se liberen los recursos federales. Estos son registrados por la subdirección de administración para que se entreguen a los ejecutores de la obra y el proceso es revisado y autorizado, una vez más, por la subdelegación y entregado al gobierno estatal.
¿Qué viene después de que son entregados los recursos?. Se impide la supervisión de campo de las obras, para que no quede evidencia respecto a la realización o no de la misma. Por supuesto, las auditorias locales se aplican sólo a los órganos de control que certifican la “ejecución” de la obra, no la obra en sí. Como la enorme mayoría de los proyectos se otorgan a organizaciones sociales y políticas (una lista parcial de las mismas la proporcionamos en este espacio jueves y viernes pasado), cuando alguna organización opositora real al gobierno recibe apoyos, la realización del programa es obstaculizado, para evitar que siga recibiendo respaldo financiero (la renovación anual de los recursos se realiza con base en la forma en que se ejecutaron los proyectos aprobados previamente). Para los programas de opciones productivas y de empleo temporal, que son de los que más recursos directos manejan, sólo se registran las firmas de los integrantes de los comités respectivos pero éstos no sesionan, porque están integrados por miembros designados por el propio gobierno local.
Argumentando que la información es confidencial, no se publica el informe de los programas presupuestales, con ello se evita saber cuáles fueron las organizaciones beneficiadas y si se realizaron o no las obras financiadas por los programas y recursos federales. Tampoco se investiga ni audita a ninguno de los funcionarios involucrados en todo el proceso para que el mismo continúe funcionando sin problemas en los aspectos de autorizaciones, aprobaciones y liberación de recursos ignorando la normatividad.
Cuando se producen denuncias contra organizaciones, líderes o funcionarios, los denunciantes deben comparecer ante las autoridades judiciales para ratificar sus denuncias antes de que las mismas sean investigadas: con la fuerte dependencia que registra la procuraduría y el poder judicial respecto al ejecutivo local son pocos los que se atreven a dar ese paso. Sólo un ejemplo: el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Anuar Mafud, fue previamente dirigente del PRI, secretario general de gobierno, procurador del estado, es un político profesional que ha estado en los gobiernos locales, por lo menos, desde el sexenio de Heladio Ramírez. De allí que una de las demandas, ya olvidadas en la vorágine en la que se ha sumido el conflicto oaxaqueño, fuera que, por lo menos, el procurador de justicia del estado fuera propuesto por el gobernador pero aprobado por dos terceras partes del congreso local. Por eso también, el enorme grado de opacidad y la extensa red de corrupción que abarca varias áreas del gobierno estatal.
Dadas las características de la operación realizada, los funcionarios y dependencias involucradas son muchas. En los documentos presentados por partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos figuran, entre muchos otros, Alberto Sánchez Sumano, el más cercano colaborador del extinto Miguel Angel Cuellar y ex jefe de la unidad de desarrollo social y luego subdelegado de la Sedesol. Durante los últimos siete años, Sánchez Sumano ha controlado el proceso de autorización, aprobación y liberación de recursos. Tiene control sobre las coordinaciones de programas de opciones productivas, empleo temporal, coinversión social y adultos mayores.
La lista podría continuar: lo que no puede seguir es que uno de los estados más pobres del país no rinda cuentas de los recursos destinados a combatir la pobreza. Allí está, en el manejo del dinero público, el origen de este brutal conflicto que está hundiendo, como nunca antes, al estado de Oaxaca.