Siete muertos provocaron los ataques realizados la mañana de ayer en Acapulco. Es la mayor acción terrorista ocurrida en territorio nacional desde aquellos atentados del EPR en La Crucecita y Tlaxiaco, en Oaxaca, en 1996. No es un dato menor comprobar que esta acción se produzca luego de una serie ininterrumpida de ataques a personas o con granadas contra puestos policiales en Guerrero, ataques que no han tenido interrupción en meses. Muchos dirán que ello es una demostración de que los operativos de seguridad no funcionan, aunque, en realidad, esos operativos están diseñados para otros objetivos que pasan, sobre todo, por recuperar el control territorial, romper redes (y generar inteligencia) y permitir las condiciones para un establecimiento de largo plazo de las fuerzas de seguridad en esas plazas.
Siete muertos provocaron los ataques realizados la mañana de ayer en Acapulco. Es la mayor acción terrorista ocurrida en territorio nacional desde aquellos atentados del EPR en La Crucecita y Tlaxiaco, en Oaxaca, en 1996. No es un dato menor comprobar que esta acción se produzca luego de una serie ininterrumpida de ataques a personas o con granadas contra puestos policiales en Guerrero, ataques que no han tenido interrupción en meses. Muchos dirán que ello es una demostración de que los operativos de seguridad no funcionan, aunque, en realidad, esos operativos están diseñados para otros objetivos que pasan, sobre todo, por recuperar el control territorial, romper redes (y generar inteligencia) y permitir las condiciones para un establecimiento de largo plazo de las fuerzas de seguridad en esas plazas.
Pero sin duda, la percepción sobre el tema es tan importante como las verdaderas intenciones. Y de la misma manera que la percepción del inicio de los operativos colocó al presidente Calderón muy encima en las encuestas, el hecho es que estos ataque, estas provocaciones, sumadas a la ignorancia voluntaria o no de muchos de nuestros actores políticos a la hora de opinar sobre temas de seguridad, podría provocar, en el ámbito de las percepciones, el efecto contrario al logrado hasta ahora.
En todo caso, no es casualidad que esos ataques se produzcan en Guerrero, donde las estructuras del narcotráfico se han logrado enquistar en muchos ámbitos del poder local y establecer relación con los grupos armados que operan en la entidad. Desde que se planteó la necesidad de realizar este tipo de operativos en Guerrero quedó en claro que sería, por muchas razones, quizás el más difícil de implementar (junto con el del triángulo dorado, en las frontera entre Sinaloa, Chihuahua y Durango) y el que mayor resistencia generaría. Eso no se debe, solamente, a la fortaleza de estos grupos en la zona sino también a que el gobierno local no se ha involucrado en el operativo e incluso hay autoridades locales que no están dispuestas a colaborar con él. El gobernador Zeferino Torreblanca se encuentra, como en el caso Bajos Valverde, entre dos fuegos: mantener su buena relación con el gobierno federal basado en su deseo de conservar la gobernabilidad del estado, contra la intención de buena parte de su estructura de gobierno, perteneciente a las alas más duras del PRD, que literalmente lo chantajea y presiona para que rompa las relaciones de cooperación. Torreblanca, más temprano que tarde, tendrá que decidir si apuesta por la gobernabilidad de su estado aunque ello le cueste alianzas políticas internas (que paradójicamente han establecido esos hipotéticos aliados también con sus enemigos), o someterse a las alas duras de su partido y dejar esa gobernabilidad en manos de sus peores adversarios internos, con lo que puede perder la gobernabilidad e incluso el gobierno.
Los muy duros del perredismo, cuyas relaciones con grupos armados y en ocasiones con sectores del crimen organizado son inocultables, amenazan al gobernador con generarle una nueva Oaxaca en el estado, con la diferencia de que Zeferino no tendría, como sí tuvo Ulises Ruiz, una fuerte fracción de su partido que lo respalde. Y el objetivo número uno de esos sectores, precisamente por su arco iris de intereses, pasa por impedir los operativos de seguridad federales en la entidad. En esa lógica se entiende porque desarrollar una estrategia de violencia, cercana al terrorismo, para hacer que las fuerzas federales abandonen el estado.
Ello va de la mano con otros factores. A diferencia de Guerrero, en el gobierno de Michoacán hay voluntad política de romper con las redes del narcotráfico que desataron una brutal espiral de violencia y se habían infiltrado, sobre todo en el nivel municipal, muy profundamente. La decisión de Lázaro Cárdenas y del nuevo gobierno federal, era romper esas redes antes de las próximas elecciones locales, porque sino la influencia del narcotráfico en esos comicios podría terminar siendo determinante. Y en el estado, pese a las muchas dificultades que se observan, parece ser que el gobierno estatal y el federal actúan en un mismo sentido.
En Guerrero, pese a la buena voluntad de Zeferino Torreblanca, no es así. El gobierno estatal está dividido respecto al tema de los operativos, como lo ha estado en relación a las investigaciones del asesinato del diputado Bajos Valverde. Pero, además, la relación, que no es nueva, de los Zetas con los grupos armados derivados del ERPI se ha consolidado. La forma de actuar de estos grupos, los atentados de las semanas pasadas y los ocurridos ayer parecen, dejar pocas dudas al respecto.
Con un agregado. Mientras los Zetas tienen problemas serios para mantenerse en Michoacán, sí han podido hacerlo en Guerrero, y existe la versión de que la captura de Pedro Díaz Parada en Oaxaca, después de muchos años de protección de autoridades estatales y de relación estrecha del narcotraficante con un ex gobernador, fue propiciada por el actual gobierno para debilitar a ese antiguo aliado y para propiciar un cambio de hegemonía del crimen organizado en el estado, ya que los grupos del Chapo Guzmán, con los que estaba aliado Díaz Parada, estarían dando paso, ante la detención del jefe regional, a la organización del cártel del Golfo, que estarían dispuestos a apostar políticamente en las elecciones de este año en el estado para conservar sus nuevas prerrogativas.
Esa sería la verdadera respuesta de los Zetas y el cártel del Golfo a la extradición de Osiel Cárdernas y a las operaciones que buscan romper sus redes. Ellos querrán derrotar a las fuerzas federales en Guerrero, y ante la ingobernabilidad latente, hacerse fuertes en Oaxaca, controlando así parte de la costa del Pacífico. No es una apuesta menor.