El tema estaba planteado desde hace más de un año: la definición, por lo menos, de esta primera etapa de la lucha contra el narcotráfico se definirá en Tamaulipas. Para aquella época estaba ya planteada y planeada, una fuerte intervención del Estado con base en Nuevo Laredo, pero que comprendería prácticamente toda la frontera de Tamaulipas con Texas (y que requeriría apoyo estadounidense, porque buena parte de la plataforma de operación del narcotráfico se asiente en Laredo, en Brownsville, en Mc Allen, del otro lado de la frontera). Se requería una muy fuerte concentración de fuerzas militares y policiales y una aceptación política amplia para un operativo de esas características. Se pensaba, también, en una estrategia de política social anticrimen que pudiera neutralizar el peso que ha logrado el narcotráfico en esta esa zona del país. El capítulo es particularmente importante porque el peso del narcotráfico no se deriva, en lugares como Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, sólo de su capacidad criminal, sino también del control sobre la propia estructura social, que va desde la penetración de los cuerpos policiales y los órganos de gobierno hasta el control de la información vía taxistas, vendedores, negocios establecidos. Simplemente, cualquiera que se apueste unos minutos en algunos de los puentes internacionales en Nuevo Laredo, podrá ver, a ambos lados de la frontera, siempre, un grupo de personas con radios que, simplemente, se dedican a informar sobre lo que sucede o deja de suceder en ese punto. Cualquier movimiento periodístico que venga de fuera, tendrá, en pocos minutos, una ?supervisión? de personajes ligados a las organizaciones criminales encargados de averiguar hacia qué objetivo se dirigen los comunicadores fuereños. Y la lista podría continuar indefinidamente.
El tema estaba planteado desde hace más de un año: la definición, por lo menos, de esta primera etapa de la lucha contra el narcotráfico se definirá en Tamaulipas. Para aquella época estaba ya planteada y planeada, una fuerte intervención del Estado con base en Nuevo Laredo, pero que comprendería prácticamente toda la frontera de Tamaulipas con Texas (y que requeriría apoyo estadounidense, porque buena parte de la plataforma de operación del narcotráfico se asiente en Laredo, en Brownsville, en Mc Allen, del otro lado de la frontera). Se requería una muy fuerte concentración de fuerzas militares y policiales y una aceptación política amplia para un operativo de esas características. Se pensaba, también, en una estrategia de política social anticrimen que pudiera neutralizar el peso que ha logrado el narcotráfico en esta esa zona del país. El capítulo es particularmente importante porque el peso del narcotráfico no se deriva, en lugares como Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, sólo de su capacidad criminal, sino también del control sobre la propia estructura social, que va desde la penetración de los cuerpos policiales y los órganos de gobierno hasta el control de la información vía taxistas, vendedores, negocios establecidos. Simplemente, cualquiera que se apueste unos minutos en algunos de los puentes internacionales en Nuevo Laredo, podrá ver, a ambos lados de la frontera, siempre, un grupo de personas con radios que, simplemente, se dedican a informar sobre lo que sucede o deja de suceder en ese punto. Cualquier movimiento periodístico que venga de fuera, tendrá, en pocos minutos, una “supervisión” de personajes ligados a las organizaciones criminales encargados de averiguar hacia qué objetivo se dirigen los comunicadores fuereños. Y la lista podría continuar indefinidamente.
El hecho es que hace un año se decidió que no había condiciones para ir más allá de lo que conocimos como el operativo México Seguro, un mecanismo de control importante pero que no dejaba de arañar, apenas, la superficie de la penetración del crimen en esa parte de la frontera.
Pero los grupos más importantes de la zona, distintos desprendimientos del cártel del Golfo, con serios enfrentamientos internos en los últimos meses, ya conocen esa estrategia. Lo que han hecho desde entonces, en términos eminentemente futbolísticos, es jalar la marca hacia otros puntos del país, para distraer y provocar, también, la dispersión de las fuerzas de seguridad, particularmente finitas en ese ámbito. Por eso, es verdad que lo que sucede en Michoacán está ligado con los crímenes en Guerrero, y ambos con los que se cometen en Veracruz y Tabasco. Y todos ellos con el camino de la droga que comienza por Chiapas y recorre todo el camino del Golfo hasta llegar a la frontera. Ninguno de esos crímenes son ficticios ni reflejan acciones aisladas del narcotráfico. Todos se producen en lugares importantes y reflejan la lucha que se viene librando, tanto de las autoridades contra el crimen organizado como de los propios grupos del narcotráfico por el control de territorios y rutas.
Pero también es verdad, que se trata de parte de una estrategia que busca distraer y hacer correr a las distintas fuerzas de seguridad detrás del crimen, alejándolas de su bastión principal que está, para el cártel del Golfo y sus hoy distintos componentes, en Tamaulipas.
La estrategia no difiere de cualquiera escrita en un buen manual de guerrillas: se debe dispersar la enemigo; se debe impedir que concentre su fuerza de fuego en el bastión principal; se debe jugar con las expectativas, el temor y la confusión; con distintas acciones se debe sembrar la idea de que las fuerzas que se oponen al Estado son más poderosas que éste y resultan incontrolables; la estrategia militar debe ser de pegar y retirarse. Todos eso están haciendo estas organizaciones en diferentes partes del país como parte de una estrategia global que incluye, como lo diría también cualquier manual sobre el tema, una política “legal” basada en fortalecer las posiciones que les son afines desde el ámbito de la legalidad. Algunos aliados en ese capítulo son plenamente concientes de su papel, otros no, pero no importa: lo fundamental es que apoyen los aspectos que el grupo que sí sabe hacia dónde se dirige, está interesado en imponer. Por ejemplo, la posición de algunos legisladores priistas y de la mayoría del perredismo, respecto a las reformas sobre seguridad y justicia enviadas por el ejecutivo son una demostración de ello: al oponerse a la adopción de una serie de medidas imprescindible para el combate al narcotráfico (que van desde autorizar ciertas escuchas telefónicas con valor de pruebas hasta el cateo de ciertos domicilios mientras se tramita la orden judicial, entre varias otras), en realidad están respaldando a éste desde el ámbito de la legalidad. Algunos, insistimos estarán concientes de ello, otros no, pero colaboran con el objetivo general.
Por eso, más temprano o más tarde, la lucha se deberá concentrar en el espacio donde se aglutina la verdadera fuerza de estos grupos. Por una parte y en primer lugar por la violencia que ejercen, en Tamaulipas, donde los remantes del Golfo y de los Zetas siguen manteniendo una fuerte hegemonía. Más tarde, seguramente en Sinaloa y parte de Sonora, donde sus adversarios controlan también una parte fundamental de la geografía. Después de las elecciones de agosto, le tocará el turno a Tijuana. Allí se librarán las principales y futuras batallas de esta verdadera guerra. Mientras tanto, los operativos y las acciones en distintos estados tienen un efecto de presencia y control, de recuperación de territorios y de información, muy importantes, pero no son los capítulos decisivos de una historia que aún no terminamos de aprehender con todas sus consecuencias.