No tiene nada que ver con un quinazo. Pero la recuperación de la dirección del sindicato minero por parte de Napoleón Gómez Urrutia es un movimiento político de muchas repercusiones. No fue una decisión del poder sino judicial, pero sí lo fue permitir que actuara la justicia y exhibir con claridad las pruebas en su poder, los documentos que demostraban en forma palmaria que las firmas que habían permitido el reemplazo de Gómez Urrutia por Elías Morales, simplemente eran falsificadas, como hace ya varias semanas lo habíamos adelantado en este espacio.
No tiene nada que ver con un quinazo. Pero la recuperación de la dirección del sindicato minero por parte de Napoleón Gómez Urrutia es un movimiento político de muchas repercusiones. No fue una decisión del poder sino judicial, pero sí lo fue permitir que actuara la justicia y exhibir con claridad las pruebas en su poder, los documentos que demostraban en forma palmaria que las firmas que habían permitido el reemplazo de Gómez Urrutia por Elías Morales, simplemente eran falsificadas, como hace ya varias semanas lo habíamos adelantado en este espacio.
En lo personal no simpatizo con la forma de hacer y entender la actividad sindical de Gómez Urrutia. Creo que es una forma anacrónica de liderazgo sindical que, sin duda, debe modificarse. Pero no es tarea del gobierno hacerlo ni tampoco tiene legitimidad alguna reemplazar una dirigencia por otra, que sólo se diferencia de la primera en que resultó ser espuria. Es difícil comprender porqué la administración Fox decidió jugar la carta del sindicato minero. Me queda claro que la lucha que se dio por el control del Congreso del Trabajo era importante: no se trataba sólo de una lucha entre priistas. Intervenía también la posibilidad del apoyo a López Obrador (la CROC, aunque sea en buena medida un membrete, pero un membrete con recursos, que eran los aliados de Napoleón en aquel proceso interno en el CT, terminó apoyando a López Obrador, aunque pasada la elección regresó al redil priista). Pero sin duda la decisión trascendió ese hecho. Hay demasiadas preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿porqué el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar seguía reconociendo públicamente a Gómez Urrutia como líder minero cuando el “accidente” de Pasta de Conchos, si ya desde días atrás la secretaría del trabajo había “tomado nota” (ahora sabemos que con base en documentos falsos) del “liderazgo” de Elías Morales?¿por qué se tardaron diez días en hacer oficial esa información?¿qué tan importantes eran las relaciones, los acuerdos, que había establecido la administración Fox con Grupo México y Grupo Villacero?¿en qué consistían esos acuerdos?.
El tema es doblemente grave porque, por una parte, la administración pasada intervino concientemente en la autonomía sindical, pero también porque al hacerlo favoreció a unas empresas del sector en detrimento de otras. No se trata sólo de que se haya dejado pasar unos documentos con firmas falsas, sino de toda una operación política ilegítima que, necesariamente, será costosa para los responsables. Más allá de las firmas, por ejemplo, desde la secretaría del Trabajo se reconocieron más de 100 secciones sindicales del sindicato minero que resultaron inexistentes; se fomentó una campaña quizás basada en datos reales pero que no constituían un delito; se operó, a diferencia de muchas otras ocasiones en el sexenio pasado, utilizando toda la fuerza del Estado para fines que resultan cada día menos justificables en términos de utilidad política.
La decisión que tomó el secretario del Trabajo, Javier Lozano, ha sido determinante: primero, aceptó realizar una investigación sobre lo realmente ocurrido en Pasta de Conchos (insistimos: ¿fue realmente un accidente el de esa mina?); luego ordenó un recuento (que se extenderá a otros sindicatos) para saber cuántas secciones y cuántos afiliados reales tenía (y resultó que la cifra real era la mitad de las aceptadas por Francisco Javier Salazar), y convocó a una asamblea que será la que decida finalmente quién encabezará ese sindicato. Y finalmente decidió no ocultar la documentación que permitiría comprobar la falsificación de firmas. Si Gómez Urrutia tiene pendientes otros asuntos judiciales tendrá que resolverlos en ese ámbito: pero no es tarea del gobierno definir quién encabeza un sindicato, sino de sus afiliados. Lo que debe ofrecer el gobierno es reglas del juego clara en ese sentido y un respeto escrupuloso a la autonomía pero también a la legalidad.
Lo sucedido dejará en una situación legal complicada a Francisco Javier Salazar e incluso a Carlos Abascal, ambos colocados en posiciones privilegiadas del CEN panista por Manuel Espino, que sigue acumulando en su entorno personajes políticos que tienen asuntos pendientes de resolver, desde los citados hasta un impresentable Nahum Acosta. Será difícil para el presidente nacional del PAN y su equipo justificar la operación realizada desde el gobierno en torno al sindicato minero. Ello marcará aún más las diferencias entre esa dirigencia y el gobierno de Calderón, entre el Yunque y el verdadero panismo, secuestrado por los primeros.
Habrá quienes recriminen al gobierno por lo sucedido y hablarán de la democracia sindical y de los muchos defectos de un liderazgo sindical como el de Gómez Urrutia. En este último aspecto podrán tener razón, pero se debe insistir en que, primero, Morales no hacía ninguna diferencia respecto a Gómez Urrutia con relación a su visión del sindicalismo. Y segundo, e incluso más importante, en que el gobierno, éste o cualquier otro, no debe decidir quién es o deja de ser dirigente de un sindicato: deben ser sus afiliados los que decidan. El gobierno debe garantizar que éstos, en todo caso, funcionen respetando la legalidad vigente. En ese sentido, hay mucho por hacer: ¿por qué los sindicatos no deben rendir cuentas de sus recursos, por ejemplo, más que a organismos reguladores que dependen de ellos mismos, permitiendo el enriquecimientos de sus líderes o la utilización de esos recursos para objetivos ajenos a los intereses de sus afiliados?. Debe haber muchos cambios en la vida sindical. Y ello se aplica a los mineros, pero también a los sindicatos de la UNT, por ejemplo. Lo que no se puede admitir es que desde el poder, se juegue con los sindicatos para fortalecer empresas o negocios particulares. Y eso fue lo que se hizo, el sexenio pasado, con la operación del sindicato minero.