Desde principio de mayo dijimos en este espacio que no habría reforma migratoria, por la sencilla razón de que no había condiciones para que la hubiera. Peor aún, la reforma plateada hubiera hecho más difícil la situación de millones de compatriotas que viven sin documentos del otro lado de la frontera. Era preferible esperar hasta el 2009.
Desde principios de mayo dijimos en este espacio que no habría reforma migratoria, por la sencilla razón de que no había condiciones para que la hubiera. Peor aún, la reforma planteada hubiera hecho más difícil la situación de millones de compatriotas que viven sin documentos del otro lado de la frontera. Era preferible esperar hasta el 2009.
No podía haberla porque el método de negociación de la administración Bush fue por lo menos desaseado. El presidente de EU, probablemente en forma honesta, es partidario de una reforma, pero, a pesar de que está en el último tramo de su gestión, no está decidido a empeñar su capital político para sacarla y su partido, el republicano tampoco apostará a una aventura que lo alejará de su clientela electoral tradicional. El tema central en la Unión Americana sigue siendo la seguridad. La Casa Blanca intentó negociar una reforma migratoria que hiciera posible conjugar un rudo incremento de la seguridad en la frontera con una legalización de migrantes que, en realidad, pasaba por su consolidación como una mano de obra temporal, más barata y sin ninguno de los derechos que les asignaría la residencia en el país donde trabajan y pagan sus impuestos. Adicionalmente, la reforma estaba planteada para beneficiar a los sectores de mayor educación, a la mano de obra calificada y desechaba (o por lo menos ponía en un claro segundo plano) la posibilidad de reunificar familias. Eran demasiados los obstáculos y las incongruencias. Y se terminó imponiendo la lógica: lo importante pasó a ser la seguridad y cada vez se fueron incorporando más requisitos en ese ámbito hasta hacer imposible la reforma, incluso con todos esos condicionantes.
En este sentido, el problema fue de origen. Para alcanzar un acuerdo que pudiera avanzar en el senado, lo que se hizo fue conjugar las posiciones más extremas en el ámbito de la seguridad con las partidarias de la legalización. No se buscó (o por lo menos no se encontró) un acuerdo real, que pudiera concentrar en el centro a las mayorías de los interesados, aislando los extremos, sino que se buscaron, aunque esa no fuera la intención explícita, las convergencias de los mismos. Y el resultado fue el fracaso. A la administración Bush le ha sucedido lo mismo una y otra vez: en Irak buscó intervenir en forma unilateral, desechando las posibilidades de un acuerdo avalado por las Naciones Unidas e impuso una suerte de gobierno de ocupación, similar al que se había dado en Japón con el general Mc Arthur. Pero tampoco quería asumir el costo que una ocupación de ese tipo implicaba. Ni incrementó las fuerzas como era necesario, ni estableció una política acorde con sus objetivos. Destruyó las instituciones del antiguo régimen pero no avanzó en la construcción del nuevo. Se deshizo del ejército y del aparato gubernamental, rechazando el gradualismo pero no tenía con qué reemplazarlo y lanzó a la oposición armada a miles de integrantes del anterior gobierno y ejército. Cuando comenzó la resistencia y se multiplicaron los atentados, hizo un esfuerzo por regresar, aunque sea sólo en la forma, el poder a los iraquíes, pero tampoco ha podido hacerlo plenamente porque, al mismo tiempo, desea mantener el control. Ese es el símbolo del fracaso de la administración Bush y exactamente lo mismo le ha ocurrido con la reforma migratoria: sin duda Estados Unidos tiene el derecho de garantizar la seguridad en sus fronteras y, también, sin duda, necesita de la mano de obra que le proporcionan los millones de trabajadores indocumentados que alimentan su economía cotidiana. Pero no supo o no pudo llegar a una propuesta honesta que pudiera compaginar ambos procesos con certidumbre y sin enmarcarlos en una estrategia de seguridad extrema y de explotación y desconfianza hacia los propios trabajadores.
En realidad, se necesitan mecanismos mucho más sofisticados para darle cauce al proceso migratorio. Se conjugan en este sentido demasiadas cosas: se requiere garantizar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos pero también en nuestra propia frontera sur, hoy tan abandonada. Y por ende avanzar en los esquemas de seguridad en toda Centroamérica, donde en varias naciones, en forma destacada Guatemala y Nicaragua, las organizaciones criminales parecen haber ganado hace mucho la batalla. Se requiere establecer un mecanismo de legalización real de los trabajadores migrantes en Estados Unidos, que les dé seguridad jurídica y les permita mantener los lazos familiares. Estados Unidos debe comprender que para ello es necesario un verdadero esquema de integración: la migración de trabajadores españoles, portugueses, irlandeses y griegos hacia Francia, Alemania y Gran Bretaña, no se frenó por leyes más duras sino porque se crearon fuentes de trabajo basadas en un desarrollo real en los países expulsores. Es verdad que la Europa comunitaria hoy busca cerrarse a la migración árabe y africana, pero ése es un proceso diferente, que debe ser atendido y entendido de otra manera.
Estados Unidos debería trabajar mucho más intensamente en apoyar el crecimiento y el desarrollo de México. Debe haber intercambio de información y respaldo mutuo en el tema de la seguridad (que nada tiene que ver con un Plan Colombia como absurdamente lo planteó un legislador estadounidense en la interparlamentaria de Austin, como aclaró Arturo Sarukhán), pero debe haber una estrategia de integración y crecimiento que vaya mucho más allá de la seguridad coyuntural. No es fácil, porque la integración no es la tendencia dominante en Washington, pero también porque nosotros, como país, no hemos hecho nuestra parte, atenazados por nacionalismos decimonónicos e intereses partidarios de cortísimo plazo. Mientras eso no ocurra, la frontera será una zona de mutuo y alto riesgo y la migración continuará caminando en el filo de la ilegalidad, tanto como el mercado lo exija y lo permita.