Cuando en mayo pasado estuvimos en Washington platicando sobre los convenios de seguridad de México y los Estados Unidos, especificamos en este espacio que había varios puntos que debían ser tomados en cuenta al respecto. Uno era que no habría reforma migratoria y que no había tema que motivara más a la colaboración con Estados Unidos que la seguridad y que en eso había avances serios sobre el tema. Para esa fecha ya se había comenzado a negociar un memorando de colaboración que no tenía nada que ver con el Plan Colombia, como se dijo erróneamente en aquellos días: en la nación sudamericana, existe un mecanismo de colaboración muy aceitado pero también de operación directa, territorial, de los Estados Unidos. El mecanismo con México, dijimos aquí, era muy diferente.
Cuando en mayo pasado estuvimos en Washington platicando sobre los convenios de seguridad de México y los Estados Unidos, especificamos en este espacio que había varios puntos que debían ser tomados en cuenta al respecto. Uno era que no habría reforma migratoria: que pese al esfuerzo de la Casa Blanca, la misma no alcanzaría, en el contexto político preelectoral de la Unión Americana, los votos necesarios para salir adelante. Pero también, que no había tema que motivara más a la colaboración con Estados Unidos que la seguridad y que en eso había avances serios sobre el tema. Para esa fecha ya se había comenzado a negociar un memorando de colaboración que no tenía nada que ver con el Plan Colombia, como se dijo erróneamente en aquellos días: en la nación sudamericana, existe un mecanismo de colaboración muy aceitado pero también de operación directa, territorial, de los Estados Unidos. El mecanismo con México, dijimos aquí, era muy diferente.
La negociación formal comenzó en marzo, durante la visita del presidente Bush a Mérida. Para ese encuentro, la administración Calderón había solicitado que, por primera vez, se hiciera un catálogo completo de las distintas áreas de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad. Hasta ese momento, cada dependencia manejaba sus propios esquemas de colaboración, no sólo con un alto grado de secrecía sino también con criterios distintos. El eje de la plática entre los presidentes Calderón y Bush fue precisamente la seguridad. En el documento que se llevó de Mérida el mandatario estadounidense figuraban todas las áreas de colaboración y, también, los compromisos que asumía México de acuerdo con las demandas de nuestros vecinos del norte en ese ámbito, particularmente desde el 11-S. Estaban también las contrapartidas que otorgaba Estados Unidos y el costo que esa colaboración implicaba para México. La propuesta a la Casa Blanca fue en el sentido, primero, de que hubiera una corresponsabilidad en los objetivos a lograr en la materia; segundo, una concentración de esfuerzos; y tercero un respaldo económico que llevara a Washington a asumir los costos de las operaciones que ellos requerían en ese esquema de colaboración.
A mitad de mayo, funcionarios de alto nivel de México se reunieron con la secretaria de Estado, Condolezza Rice, para establecer con claridad los términos de ese memorando de entendimiento y determinar objetivos, metas, mecanismos y recursos. El respaldo para las tareas de información, mejoramiento de equipos y entrenamiento de personal para las distintas áreas, implicaban recursos superiores a los mil 500 millones de dólares. La cantidad obligaba al presidente Bush a llevarlo a votación en el Congreso en el corto periodo que se abre en septiembre. Paradójicamente, no había avanzado la propuesta migratoria de Bush pero sí existe consenso en el Capitolio respecto a las medidas de seguridad bilaterales que se deberían aplicar. Hace dos semanas, el presidente Bush informó al presidente Calderón que había aprobado la propuesta y que la presentaría al Congreso. Eso ocurrió la semana pasada y ayer el Washington Post y el New York Times tuvieron la confirmación, vía algunos de los legisladores involucrados en su evaluación y eventual aprobación, que se estima como altamente probable, sobre todo porque, aunque los resultados fueran insuficientes, los éxitos de los operativos lanzados a principios de año dejaron constancia de que existía la decisión de enfrentar las enormes carencias existentes en el ámbito de la seguridad.
El convenio sería un paso adelante notable para profesionalizar los sistemas de seguridad, para establecer mecanismos de colaboración reales, con canales bien trazados y mucha menor discrecionalidad y para avanzar en la propia construcción de los sistemas de seguridad en nuestro país. Pero, además, aportaría recursos frescos para toda esa operación con criterios conjuntos en la estrategia regional, tanto con Washington como con Ottawa, que se establecerían a partir de la reunión de los mandatarios Calderón, Bush y Harper a realizarse el 20 de este mes en Canadá.
Cabe insistir en que no existe, entre este convenio de colaboración y el Plan Colombia, un paralelo político ni operativo. Se trata de estrategias diferentes y de mecanismos de colaboración que también lo son. No sólo por la evidente distancia geográfica entre ambas naciones, sino también porque las realidades son distintas y el tipo de adversario a enfrentar también lo es. En el caso de México, el esquema incluye la construcción, sobre todo, de una estrategia regional caracterizada por la unificación de canales, de sistemas y de intercambio de inteligencia. Como no habrá intervención física estadounidense, a diferencia de Colombia, ello implica también un esfuerzo muy amplio en la formación y entrenamiento de personal civil y policial en las diferentes áreas. Es un proyecto ambicioso y que puede reportar frutos a corto, mediano y largo plazo. Pero, primero, el Capitolio deberá autorizar esos recursos que superan con amplitud los mil millones de dólares.
1 de septiembre: sí hay tiempo
Se equivoca el director de la Unidad de Gobierno de la SG, Mario Escárcega Leos: sí hay tiempo para cambiar el informe de gobierno. Esos cambios podrán o no producirse, pero a diferencia de lo que dice el funcionario de Gobernación, el presidente Calderón sí quiere estar en San Lázaro el primero de septiembre, sí quiere dar su informe y sí quiere buscar un mecanismo de interlocución con los legisladores. Incluso esta misma semana, la fracción panista intentará concluir una propuesta formal para presentarla ante la Comisión Permanente sobre el tema. Podrán aprobarla o no el PRI y el PRD, pero existe tiempo y voluntad gubernamental para sacar adelante la propuesta.