Me asombró el llamado ?desplegado alternativo? que publicó en Reforma, el día de ayer, Denise Dresser. Me asombró porque, Dresser es una mujer sin duda inteligente, preparada y comprometida, pero su texto es un compendio de errores. La tesis principal de Denise es que la remoción de los consejeros del IFE no sólo no debilita la autonomía de ese Instituto, que ?hoy muchos hablan de la autonomía del IFE como si existiera?, y finalmente regresa al capítulo al que mayor atención periodística y profesional le ha dedicado en los últimos meses: la llamada ley televisa, acusando a quienes nos oponemos a la remoción de los consejeros, de que ?nunca propusieron desplegados en contra? de dicha ley. Para Denise importa más ?la emancipación política de los partidos vis á vis los medios, que la inmovilidad de los consejeros?. Se equivoca en casi todo.
Me asombró el llamado “desplegado alternativo” que publicó en Reforma, el día de ayer, Denise Dresser. Me asombró porque, Dresser es una mujer sin duda inteligente, preparada y comprometida, pero su texto es un compendio de errores. La tesis principal de Denise es que la remoción de los consejeros del IFE no sólo no debilita la autonomía de ese Instituto, que “hoy muchos hablan de la autonomía del IFE como si existiera”, y finalmente regresa al capítulo al que mayor atención periodística y profesional le ha dedicado en los últimos meses: la llamada ley televisa, acusando a quienes nos oponemos a la remoción de los consejeros, de que “nunca propusieron desplegados en contra” de dicha ley. Para Denise importa más “la emancipación política de los partidos vis á vis los medios, que la inmovilidad de los consejeros”. Se equivoca en casi todo.
Dice Dresser que el IFE mantuvo durante una década la confianza de los partidos pero que la perdió por “la cuestionable integración de sus Consejo General en el 2003, el desafuero y los errores y omisiones que los mismos consejeros cometieron”. Dice que el PRD debe “aprender a perder” pero que “las instituciones deben estar constituidas y operar de tal modo que la izquierda no tenga margen para pensar que su derrota fue ilegítima”. ¿De qué está hablando? La integración del Consejo del IFE se basó en las normas legales que los propios partidos impusieron. En la elección del 2003, el PRD participó pero se marginó por errores notorios de Pablo Gómez y la decisión “inamovible”, de reelegir al entonces consejero Jesús Cantú. Comenzó una larga serie de vetos a numerosos postulantes. El Consejo que está en funciones es el que fue elegido por más de dos tercios de los votos. El IFE no tuvo nada que ver con el tema del desafuero. Y en las elecciones se cometieron errores, no cabe duda, pero ninguno como dice Denise “con un impacto decisivo y negativo”. Señala en ese sentido, el tema de las “actas reservadas”, aquellas sobre las que se tenían dudas, que no se incorporaron al PREP y dice que eso “le abrió una rendija de oportunidad a AMLO para cuestionar el profesionalismo y la imparcialidad del IFE…en una sola noche, concluye, a golpes de inexperiencia y falta de preparación, el Consejo general minó una década de trabajo (sic)”. Perdón, pero ¿no sabía AMLO dónde estaban esas actas, no lo sabían sus representantes, entre ellos Horacio Duarte? Por supuesto que sí porque siempre se hizo lo mismo con las actas con dudas. El dato duro es que los resultados de los estudios de conteo rápido de la noche del dos de julio, el PREP y el resultado final, incluyendo el posterior conteo “voto por voto” de un tercio de los paquetes electorales, dieron prácticamente el mismo resultado.
Habla del trabajo del anterior consejo del IFE como si no hubiera habido conflictos con sus integrantes. Pues nada más alejado de la realidad. En su momento la elección de José Woldenberg fue muy cuestionada por algunos de los mismos que ahora proponen destituir a los consejeros. Después de la elección del 97 se desató un fuerte debate entre quienes sostenían que el IFE debía ser un árbitro de la contienda, encabezados por Woldenberg y Jacqueline Peschard, y quienes sostenían que debía ser un actor, entre ellos Juan Molinar Horcasitas y Alonso Lujambio, por una parte y Jesús Cantú y Jaime Cárdenas por la otra. En las elecciones del 2000, Vicente Fox expresó una y otra vez su desconfianza en el IFE. Y si la elección del 2000 hubiera sido tan cerrada como la del 2006, la suerte de aquel IFE seguramente hubiera sido otra. Se trata precisamente de que los partidos “aprendan a perder”, porque sin voluntad política y democrática no hay institución electoral que sirva.
También los miembros de la Corte o los del Banco de México son elegidos por los partidos. ¿Cuándo alguno de los partidos “no aprenda a perder” en una decisión legal o no le guste la política monetaria del país también habrá que cambiar a los miembros de la Corte o del Banco de México? No se trata de defender, tampoco, la inamovilidad de los integrantes de cualquier organismo autónomo, pero existen mecanismos legales que permiten removerlos sin vulnerar las formas elementales de un sistema democrático. Si los consejeros pueden ser acreedores de un juicio político, ¿por qué los legisladores no lo iniciaron?, si la elección fue ilegítima ¿qué hacen en curules surgidos de esa elección?
Dice Denise que el tema central es el de las televisoras y el dinero. Respecto al primero sería bueno que nos explicara porqué con la nueva ley, los partidos tendrán ahora 41 millones de pesos por día de campaña cuando antes tenía 29 millones, de los cuales, además, habrá que descontar la publicidad en radio y televisión que era superior, dicen, al 70 por ciento. ¿Para qué quieren cuatro millones de dólares diarios para hacer campaña si no van a comprar publicidad? La principal mancha del proceso electoral del 2006, no fueron los errores que pudiera haber cometido el IFE sino sus aciertos, como descubrir que 180 mil spots, un tercio del total, no fueron reportados por los partidos ¿cómo y quién los pagó? La propuesta de utilizar tiempos oficiales conviene, sobre todo, a los propios partidos porque no reducen sus prerrogativas. A los medios los afectará marginalmente: el año pasado la publicidad electoral fue el 2 por ciento de la facturación de Televisa, el 10 por ciento de otros grupos importantes, y de más del 30 por ciento de las estaciones pequeñas en los estados. La propuesta provocará lo contrario de lo que quiere Denise: una concentración aún mayor, porque sólo resistirán los que tengan economías en escala. Y respecto a los desplegados de rechazo a la llamada ley televisa quizás Denise tenga razón: hay muchos que no querríamos salir festejando en las fotos con algunos de los personajes más oscuros de la historia política del país.