En realidad, asusta, preocupa, la ligereza con que buena parte de nuestra clase política y en ocasiones también los medios, abordan los temas de seguridad nacional. Sobre todo en el congreso, pareciera que incluso entre hombres y mujeres que cuentan con una larga experiencia en el tema, se impone el amarillismo, la irreflexión, la búsqueda de reflectores por encima de la lógica elemental.
El embajador Arturo Sarukhán dijo en una entrevista que México gastará siete mil millones de dólares en el ámbito de la seguridad.
En realidad, asusta, preocupa, la ligereza con que buena parte de nuestra clase política y en ocasiones también los medios, abordan los temas de seguridad nacional. Sobre todo en el congreso, pareciera que incluso entre hombres y mujeres que cuentan con una larga experiencia en el tema, se impone el amarillismo, la irreflexión, la búsqueda de reflectores por encima de la lógica elemental. Y a veces desde los medios se alimenta esa falta de visión cerrándose un círculo vicioso en el cual los únicos que ganan son, precisamente, aquellos a quienes se debe combatir.
Dos ejemplos. El embajador Arturo Sarukhán dijo en una entrevista que México gastará siete mil millones de dólares en el ámbito de la seguridad, un tema que ya se ha discutido en el congreso, incluso en forma abierta durante la comparecencia del secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván. Alguien cambió el sentido de la declaración para dejar al embajador diciendo que México aportaría a la llamada Iniciativa Mérida esos 7 mil millones de dólares. Los legisladores sabían que se trataba de una manipulación informativa pero alcanzó para que muchos de ellos pusieran el grito en el cielo y dijeran que nos destinarán ni un peso a dicha Iniciativa (como si la seguridad nacional y pública no fuera tema de su incumbencia). Simplemente no es verdad: México invertirá, con o sin Iniciativa Mérida, por lo menos siete mil millones de dólares en seguridad. Los invertirá porque es obvio que ese es el mayor desafío que tenemos enfrente y, aunque a algunos les duela, lo que dice el gobierno de Estados Unidos para solicitar los primeros 500 millones de dólares al congreso es rigurosamente cierto: se debe apoyar la lucha contra la inseguridad en México porque la violencia está socavando la democracia. Es así y lo podemos comprobar cotidianamente: sólo no se preocupan por la violencia, la inseguridad y sus consecuencias políticas y sociales quienes son cómplices o ignorantes.
Otro tema: la intervención de tropas o agencias estadounidenses en México. Se ha dicho mil veces que no habría tal, que se trata de un convenio de cooperación que no tiene relación alguna con el Plan Colombia, que se trata de dos fenómenos diferentes, en dos contextos nacionales distintos. Incluso el convenio es mucho más transparente porque será en equipo, materiales, entrenamiento, cosas tangibles pues, en lugar de dinero, como ocurría hasta hace unos pocos años, dinero que por cierto en muchas ocasiones no se sabía en qué y cómo se había utilizado. Tampoco serán préstamos, aunque se establece, obviamente en el acuerdo, que esos recursos se utilizarán en equipo estadounidense.
Tercer tema. El documento entregado por el departamento de Estado al congreso estadounidense habla con toda claridad en su primer párrafo de que se trata de un convenio de cooperación en seguridad, que abarca la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Y es lógico que sea así. Nos hemos entrampado en una discusión sobre si se utilizarán esos recursos para combatir guerrillas e incluso en diferenciar si, por ejemplo, los actos del EPR son guerrilleros o terroristas. No tiene sentido: la idea es mejorar la seguridad global de México y de la región y atacar fenómenos delictivos: si se vuela un gasoducto no importa si se trata de un acto guerrillero o terrorista, debe ser investigado y sus responsables castigados. Y si existe equipo para ello se debe utilizar: ¿o acaso alguien espera que los equipos de telecomunicaciones o peor aún los agentes que hayan sido entrenados en técnicas de investigación como parte de esta iniciativa, sean utilizados de manera selectiva de acuerdo a quién y cómo haya cometido algún delito? Es un debate absurdo.
Lo que se busca en el ámbito de la seguridad es combatir fenómenos delictivos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Si alguien trafica con armas debe ser investigado y castigado: si esas armas son para un grupo político, para su comercialización, para el narcotráfico o para una organización terrorista, no es lo importante, el tema es perseguir y castigar a quienes delinquen. Si se investiga el tráfico de gente se debe castigar a las grandes redes o a los polleros, sean cuales fueran sus motivaciones personales o incluso políticas. Si se combate el tráfico de drogas no importa si un grupo armado es el que protege unos plantíos o se trata de simples narcotraficantes: el fenómeno debe ser perseguido. Si existe una ola incontenible de secuestros, nadie piensa en diferenciar quién los realiza, si son del EPR o narcotraficantes, sino en resolverlos e impedirlos.
En última instancia, lo que pareciera estar en el fondo de todos estos debates son prejuicios inadmisibles en una clase política que presume, aunque en muchas ocasiones no lo sea, de moderna y sofisticada: toda colaboración con Estados Unidos puede ser peligrosa y hay que desconfiar de ella, aunque tengamos miles de kilómetros de frontera común, doce millones de nuestros compatriotas vivan del otro lado de la frontera y sea ese país nuestro principal socio comercial, con enorme distancia con el resto de las naciones del mundo. Y sus desafíos a la seguridad nacional son también los nuestros. Peor aún, algunos siguen creyendo que existe violencia buena y violencia mala. Si el EPR vuela gasoductos para algunos es justificable, si secuestra se trata de “formas de lucha revolucionaria”, si se involucra en el tráfico de drogas es porque necesita financiamiento. En un sistema que se precia de comenzar a ser una democracia, la seguridad pública y nacional es un requisito para el funcionamiento del sistema, y las reglas del juego establecen que quien vulnere cualquiera de ellas, debe ser sometido por el Estado. Si no se comprende que la violencia y la inseguridad, vengan de donde vengan, socavan la democracia, no se entiende nada.