El camino seguido para la designación de Andrés Albo como consejero presidente del IFE demostró la división que existe en el Instituto desde tiempo atrás y que, lamentablemente, se agudizó a partir de la decisión del congreso de “derrocar” al actual consejo, en un proceso en el cual se darían de baja en forma progresiva a los distintos consejeros, algunos este año, otros a mediados del siguiente y otros en el 2010.
El camino seguido para la designación de Andrés Albo como consejero presidente del IFE demostró la división que existe en el Instituto desde tiempo atrás y que, lamentablemente, se agudizó a partir de la decisión del congreso de “derrocar” al actual consejo, en un proceso en el cual se darían de baja en forma progresiva a los distintos consejeros, algunos este año, otros a mediados del siguiente y otros en el 2010. Era y es una medida insensata e inútil, que en última instancia repitió los mismos vicios del 2003, cuando fueron designados los actuales consejeros.
Al no poder los diputados concretar el relevo, la crisis fue más evidente que nunca y con la renuncia de Luis Carlos Ugalde, que mostró una actitud digna y responsable, se expuso la división del IFE, que tiene muchas causas, pero sobre todo está basada en la posición de los consejeros respecto a las reformas y sus expectativas de quedarse o no en el propio Instituto. Y ello deviene, por encima de todas las consideraciones, de su relación con los partidos políticos que están negociando los nombramientos y las destituciones.
Andrés Albo fue designado luego de una tortuosa sesión en la cual el Consejo estuvo dividido en dos. Finalmente Virgilio Andrade retiró su candidatura para que Albo pudiera permanecer en ese cargo, se supone que un mes y medio hasta la designación de su sustituto. Los problemas sin embargo son muchos: se debe iniciar la restructuración del propio Instituto, incluyendo fuertes partidas presupuestales para cumplir con sus nuevas responsabilidades. Esto será algo virtualmente imposible de realizar en las actuales condiciones. Por ejemplo, se debe constituir una unidad de fiscalización que dependerá de la designación del consejero presidente, que la propondrá al consejo y a la cámara de diputados. ¿Tendría alguna posibilidad de realizarse en las actuales circunstancias esa designación?. Por supuesto que no, pero, casualmente, esa unidad deberá, entre otras cosas, retomar la investigación que llevaba el propio Andrés Albo respecto a los casi 300 mil spots de radio y televisión (casi un tercio del total de los trasmitidos) no reportados por los partidos en el pasado proceso electoral. Si los partidos son castigados como lo marca la ley, podrían tener que sufragar, una vez más, multas millonarias. Si el tema no es retomado por la nueva unidad de fiscalización, que nadie sabe cuándo podrá entrar en funciones, simplemente quedará en el olvido. Ese es uno de los capítulos que debería abordar el consejo del IFE antes de que se produzcan los cambios, pero no puede hacerlo sin unidad de fiscalización y nadie sabe cuándo será eso.
El problema es de fondo: no hubo acuerdo entre los partidos porque había que distribuir cuotas y éstas no se cubrieron porque el PRD se empeñó en que el consejero presidente del IFE fuera el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, que no tenía, no tiene, el apoyo del PAN y del PRI. Las razones por las cuales, Javier González Garza no aceptó a ningún otro para el IFE hay que buscarlas en las divergencias internas del perredismo y la insistencia de las corrientes lopezobradoristas de que los coordinadores parlamentarios y la corriente Izquierda Unida habían traicionado a ese movimiento. Ante ello, como decíamos ayer, por las razones que fuera, desde el temor de recibir mayores críticas o como una medida para alcanzar beneficios extras en la negociación, se tomó la decisión de no moverse respecto a Góngora Pimentel y si era necesario, como sucedió, reventar la negociación.
La pregunta es qué se puede esperar que sea diferente en febrero. Estaremos entonces a menos de un mes de la elección interna del PRD y las contradicciones serán mucho mayores que ahora. López Obrador redoblará su presión y Nueva Izquierda deberá apostar lo más fuerte que pueda para ganar la presidencia del partido, y si la gana el lopezobradorismo tendrá una coartada para romper con el PRD. Eso sucederá en febrero, y si se mantiene la postura de que es Góngora o nadie, no habrá avances porque ni PAN ni PRI están dispuestos a negociar la presidencia del IFE.
Queda una posibilidad: que el propio ministro Góngora Pimental se retire voluntariamente de esta disputa que, en términos reales, ha dañado su imagen pública. Un ministro de la Suprema Corte, más aún su ex presidente, no puede ser una pieza de cambio entre los partidos políticos. Tampoco puede ir a buscar una posición de la mano de un partido: su postulación sólo sería lógica si hubiera sido buscado por los principales partidos, pero suena absurdo que se hubiera prestado a ser parte de una disputa por una posición, abandonando por ella incluso la propia Suprema Corte. Góngora Pimentel es un hombre con el que se puede o no estar de acuerdo, pero que tiene detrás una carrera, fue un buen presidente de la Corte (que tuvo el mérito, sobre todo, de abrir ésta a la sociedad) y mantendrá su puesto en ella hasta fines del 2009. Si no se descarta él mismo, la que terminará dañada será su credibilidad, porque no llegará al IFE y en la Corte, cada vez que adopte una decisión ésta resultará contaminada por este ejercicio político vacío. Ojalá por el propio Góngora Pimentel y por la credibilidad de la Suprema Corte, tan traqueteada en los últimos tiempos, que esa propuesta quede, simplemente, en el olvido.
Ahora bien, si no es así, si Góngora Pimentel sigue buscando esa posición, si López Obrador continúa exigiendo en su partido que el actual ministro sea aceptado como consejero presidente, si el PRD no puede desprenderse de esas presiones, en febrero no tendremos nombramiento y el IFE, y con él toda la tan controvertida como ambiciosa reforma electoral, seguirán congelados.