Durante el sexenio de José Murat, actual diputado federal por el PRI, como gobernador de Oaxaca, se cometieron innumerables abusos, tantos que no sólo colocaron dejaron al PRI al límite de perder la elección constitucional en ese estado, sino también en una situación crítica que hizo eclosión con los conflictos del 2006. Una parte central de los abusos cometidos se generaron en torno a los medios: se utilizó al gobierno estatal para golpear, presionar, difamar.
Durante el sexenio de José Murat, actual diputado federal por el PRI, como gobernador de Oaxaca, se cometieron innumerables abusos, tantos que no sólo colocaron dejaron al PRI al límite de perder la elección constitucional en ese estado, sino también en una situación crítica que hizo eclosión con los conflictos del 2006. Una parte central de los abusos cometidos se generaron en torno a los medios: su utilizó al gobierno estatal para golpear, presionar, difamar. No se trata sólo de una presunción: luego de sufrir una campaña de ese tipo por el gobierno estatal, encabezada por el entonces director de comunicación social, Carlos Velasco Molina, en representación de las autoridades estatales, por denunciar el vergonzoso autoatentado en el que se vio involucrado el entonces gobernador, presenté una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió, a su vez, una recomendación contra las autoridades estatales, exigiéndole que ratificaran en los mismos espacios donde habían pagado por esa campaña los agravios cometidos contra éste y otros comunicadores. La recomendación jamás fue atendida.
Pero con el paso del tiempo se puede percibir la magnitud de los negocios en que estaban involucrados algunos de los funcionarios de la administración Murat y el porqué de una defensa tan virulenta de sus posiciones. Según documentación en nuestro poder, por ejemplo, el propio Carlos Velasco compró, al inicio de la administración de Murat, diversos terrenos en la población de San Sebastián en el municipio de San Pablo Etla. Uno de ellos es el terreno marcado con el número 3 de la manzana cinco, de la zona O, inscrito en la partida 1603/998, y registrado el 8 de diciembre del 98 en el registro público de la propiedad en el estado. Ese terreno, luego de un tortuoso procedimiento, fue transferido en parte, menos de un año después a Rafael Castañeda Audiffred y otros copropietarios, el 19 de agosto del 99, por 50 mil pesos. Pero el 9 de julio del 2001, bajo la partida número 209 del registro se vendió la fracción restante a un fideicomiso de seguridad pública del gobierno del estado, encabezada entonces por el entonces procurador Sergio Santibáñez.
El negocio fue mucho más allá: otro terreno, mayor, de 40 mil metros cuadrados, en el mismo lugar en San Pablo Etla, fue comprado por 20 mil pesos, y el mismo 9 de julio del 2001 (esa es la fecha de registro en la partida 208 tomo 21, la operación se hizo días antes) por el propio gobierno del estado y registrado como tal el 29 de septiembre del 2004. Un terreno más, junto al anterior, fue registrado por el propio Velasco Molina bajo la partida 1604/998, también el 8 de diciembre del 98. El mismo día 9 de julio del 91 fue vendido al mismo fideicomiso de seguridad pública del estado. Una parcela más, fue comprado el mismo 8 de diciembre del 98 (la número 84 Z-1 P1/5) en el mismo municipio de Etla y también fue vendida al fideicomiso de seguridad pública.
El tema no tendría mayor interés que el de las operaciones inmobiliarias, sino fuera por las posiciones que ocupaban entonces vendedor y comprador y porque el señor Velasco pagó por esos terrenos 20 mil pesos en los últimos días de 1998 y los vendió, por lo menos, y según consta en una de las escrituras, en cuatro millones 600 mil pesos en julio del 2001. Una plusvalía que sólo se explica si se sabía que esos mismos terrenos serían comprados por el propio gobierno estatal.
Como éste se hicieron muchos negocios más con obra pública en esos años en Oaxaca. Sólo en lo referente al ramo 33, que incluye el gasto social financiado por la Federación para el estado, y que la administración Murat siempre se negó a que se auditara, incluso llegando a una controversia constitucional que perdió el estado, siendo ya gobernador Ulises Ruiz, Murat recibió 56 mil 109 millones de pesos de la federación, cuya utilización no pudo se comprobada por las autoridades federales. Las cantidades son impresionantes: dentro del ramo 33, existen siete partidas básicas: el más importante es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. De él se le entregaron al gobierno de Murat 43 mil 62 millones de pesos. Los otros fondos son el de Aportaciones para Servicios de Salud (6 mil 292 millones de pesos para la administración Murat). Está el llamado Fondo para Aportaciones para la Infraestructura Social (Murat recibió por ese concepto 11 mil 53 millones de pesos). Está el fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, por el cual el gobierno de Murat recibió 4 mil 476 millones. Hay otros fondos menores. Nada de eso se pudo auditar, no se sabe qué sucedió con esos recursos, fuera de la versión de la propia administración Murat.
Hoy el ex gobernador y su equipo cercano están en una operación política de largo alcance: repudiados por la mayoría de los sectores priistas, rota su relación con el gobierno de Ulises Ruiz (al que le generó buena parte del conflicto del 2006), está buscando un acercamiento con el PRD. El principal operador del entonces gobernador y su socio en muchos temas, Juan Díaz Pimentel, un hombre que fue durísimo con las oposiciones en el pasado, se ha ido al PRD. Lo mismo han hecho otros de sus operadores. Increíblemente el PRD los ha aceptado. El propio Murat ha hablado, de una ruptura en el priismo oaxaqueño. Y fue durante su administración que se desarrolló un estrecho acuerdo entre el gobernador y sectores importantes de lo que fue y es la APPO, que incluyó la amnistía y liberación de todos los detenidos que estaban ligados al EPR y habían sido detenidos por su participación en los ataque armados a La Crucecita y Tlaxiaco en 1996.
Carlos Velasco compró terrenos por 20 mil pesos y se los vendió al gobierno del que él formaba parte en por lo menos 4 millones 600 mil. Pero los crímenes cometidos contra los oaxaqueños son, incluso desde esa perspectiva, aún mayores.