En estas horas se tiene que estar definiendo quiénes serán el nuevo consejero presidente del IFE y dos consejeros más para iniciar el reemplazo de sus integrantes, como lo aprobó el Congreso hace ya varios meses. Estos cambios tendrían que haberse resuelto desde el 13 de diciembre. Lo cierto es que a punto de que se cumplan dos meses de rezago, aún no había acuerdo entre los partidos.
En estas horas se tiene que estar definiendo quiénes serán el nuevo consejero presidente del IFE y dos consejeros más para iniciar el reemplazo de sus integrantes, como lo aprobó el Congreso hace ya varios meses. Peor aún: estos cambios tendrían que haberse resuelto desde el 13 de diciembre. Lo cierto es que a punto de que se cumplan dos meses de rezago, al momento de escribir estas líneas aún no había acuerdo entre los partidos y se corría el riesgo de que se repitiera el procedimiento del 2003, cuando, por la pésima estrategia de negociación del perredismo, encabezada en aquella ocasión por el ahora senador Pablo Gómez, ese partido no pudo colocar a sus prospectos en el IFE. En aquella ocasión se debió a la terquedad de que Jesús Cantú fuera el consejero presidente, ahora repiten el error con el ministro Genaro Góngora Pimentel.
El problema es mayor porque a los déficit que por sí muestra la reforma, se suma un rezago importante en la implementación de la misma: los legisladores le dieron al IFE una cantidad excesiva de prerrogativas pero no le han dado ni los miembros del consejo, ni los recursos ni el personal para cumplirlas; una vez decididos los nombres de los consejeros, habrá que repetir el proceso antes de agosto para elegir a otros tres y antes habrá que reformar unas 18 leyes electorales secundarias. Algunas de las tareas parecen imposibles de cumplir: ¿cómo hará y cuánto costará al IFE, por ejemplo, monitorear todas y cada una de las estaciones de radio y televisión en el país, cómo hará para convertirse en la agencias de medios más grande de América (incluyendo Estados Unidos) para distribuir en los trescientos distritos, con oportunidad y eficiencia, la publicidad de por lo menos nueve partidos y cómo controlará que ni partidos ni medios se aparten de la insólita norma aprobada?. Se trata de una tarea monumental que se llevará los recursos que dicen los partidos haberse ahorrado con la reforma. Al final del proceso, ya lo veremos en el 2009 y en el 2012, las elecciones futuras costarán más que las pasadas y serán más sucias.
La reforma tendría que haber pasado por otros ámbitos: en lugar de cerrar espacios tendría que haberlos abierto, en lugar de prohibir las candidaturas ciudadanas o impedir la reelección de legisladores tendría que haber establecido normas claras para romper con las burocracias partidarias y facilitar el acceso de la gente y los grupos sociales al poder político. Se hizo lo contrario: se concentró el poder ya ni siquiera en los partidos, sino en sus dirigencias que se han quedado con todas las atribuciones y no tienen responsabilidades mayores a la hora de rendir cuentas.
Una señal ominosa de lo que puede suceder en el futuro a nivel federal lo vivimos este fin de semana en las elecciones en Baja California Sur y Quintana Roo. Elecciones en los dos extremos de la república, en zonas con municipios y distritos muy ricos, enclavados junto a otros de extrema pobreza donde la norma fue el acarreo, la manipulación, las campañas sucias y un grado de abstencionismo superior, en los dos casos, al 60 por ciento, con el agravante de que muchos de los habitantes en las dos entidades viven y/o trabajan en ellas pero están empadronados en sus lugares de origen. La representatividad real de las nuevas autoridades es mucho menor, entonces, a la mostrada en los comicios, de por sí bastante pobre.
En Baja California Sur y en Quintana Roo, hubo partidos triunfadores y perdedores, pero de lo que no cabe duda es que la ganadora ha sido la forma más vieja de hacer y entender la política y la que ha perdido es la ciudadanía, que dio la espalda a los comicios.
Los actores y resultados lo demuestran: en Quintana Roo ha ganado casi todo el PRI, menos el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún y en donde están prácticamente empatados los candidatos del tricolor y el del PRD. El caso se resolverá finalmente en el tribunal electoral. Pero nadie puede presumir de renovación política en el estado: un caso simbólico es que uno de los nuevos diputados locales es el hijo de Mario Villanueva Madrid, el ex gobernador actualmente preso y con pedido de extradición por los Estados Unidos, acusado de haber sido parte de las grandes operaciones de narcotráfico que se cometieron en su estado durante su administración. Es verdad que su caso no está legalmente decidido, pero la defensa a ultranza que ha hecho el priismo local y el gobernador Fèlix González Canto de un ex mandatario que llenó de vergüenza a esa partido, pero que creó, y perduran hasta ahora, compromisos políticos de todo tipo, demuestra en qué grado se ha renovado el priismo local. Del otro lado, en el PRD, la batutua la lleva Juan Ignacio García Zalvidea, un oportunista de la política que ha pasado por todos los partidos y recalado en la cárcel, lo mismo que uno de sus hermanos, casualmente también acusado en su momento de relaciones con el narcotráfico.
En Baja California, el PRD ganó también casi todo, pero sería injusto decir que ganó el perredismo: en realidad, por tercera elección consecutiva, ganó la misma familia: la de Leonel Cota Montaño que ha demostrado que la ineficiencia que puso de manifiesto para dirigir los destinos nacionales del PRD se compensa con el cacicazgo que ejerce con mano de hierro en su estado, donde ya van tres hermanos consecutivos los que alcanzan la alcaldía de la capital, La Paz, y otros familiares gobiernan el estado.
Y del PAN mejor ni hablar: tuvo un nuevo fracaso electoral y ello demuestra la profundidad de la desconstrucción a la que lo llevó la gestión, indefendible desde cualquier punto de vista, de Manuel Espino: cinco años controló directamente el PAN (dos en la secretaría general, tres en la presidencia) y ese partido hoy está literalmente desmantelado. Y sobre ese terreno partidario se construye la reforma electoral.