Mañana se cumplen dos semanas de la explosión de avenida Chapultepec en la ciudad de México y lo que tenemos son muchos datos sin conexión entre sí, un muerto, cinco arraigados y ninguna explicación racional sobre lo sucedido. Y no se ha podido proporcionar siquiera una historia verosímil, no sólo para la opinión pública sino incluso para otros niveles de gobierno.
Mañana se cumplen dos semanas de la explosión de avenida Chapultepec en la ciudad de México y lo que tenemos son muchos datos sin conexión entre sí, un muerto, cinco arraigados y ninguna explicación racional sobre lo sucedido. Olvidemos por un momento la evidente confrontación que ese hecho generó entre la secretaría de seguridad pública del DF y la procuraduría capitalina o las versiones contradictorias que ambas proporcionaron. Lo cierto es que lo más grave es que lo difundido de las investigaciones no tiene sustento lógico.
Recapitulemos: el viernes 15 a las 14.30 horas estalló una bomba en avenida Chapultepec y Monterrey. El lugar está a unos 300 metros de las instalaciones de la SSP-DF, pero también a una distancia similar de otras dependencias federales y locales. Minutos después llegó al lugar Joel Ortega, secretario de seguridad pública del DF. Inmediatamente se comenzó a decir que se trataba de un atentado fallido contra esa dependencia y se declaró, incluso, que había sido “una bomba detonada por un celular”. Pero sólo se sabía que una persona había muerto por el estallido, presumiblemente mientras manipulaba el artefacto, y una joven estaba herida a unos metros de él. La escena del crimen nunca fue totalmente preservada, en parte por la hora, el lugar y la cantidad de gente que se congregó, también por la falta de preparación de las fuerzas policiales para ello. Desde ese momento, se dieron todo tipo de versiones: que se trataba de un explosivo plástico sofisticado, cuando en realidad era una bomba artesanal; que se trataba de un coche bomba (algo falso), que en realidad había sido el estallido de una alcantarilla (más falso aún), que había sido un acto terrorista, según unos del EPR y otros del narcotráfico (ninguno de los dos argumentos ha sido sólidamente comprobado); que el muerto era una persona que en realidad estaba presa en Guanajuato, luego se dijo que se trataba de alguien que hacia seis años que no tenía contacto con su familia y no se sabía, no se sabe con certeza, siquiera donde vive. La lista de incongruencias podría continuar.
Finalmente, como aquí dijimos, comenzó a perfilarse una versión políticamente correcta del supuesto atentado: se trató de una acción del narcotráfico contra un mando de la SSP-DF, pero allí cayeron nuevamente en contradicciones. Primero se dijo que por venganza por el decomiso, días antes, de un arsenal en la colonia Portales. Más tarde se filtró, desde otro ámbito del gobierno capitalino, que el atentado era porque el mando en cuestión extorsionaba a los narcomenudistas. La única prueba firme que se mostró para sustentar el caso es un video proporcionado por las cámaras de vigilancia de la universidad de las Américas, cuyo rector es el ex secretario de seguridad pública, Alejandro Gertz, en el que se ve a una pareja, se supone que los autores del atentado, deambulando por la zona, luego subirse a un viejo automóvil verde (cuya búsqueda posterior podría ser parte de un episodio de la Pantera Rosa) y reaparecen más tarde en el mismo lugar, caminando juntos pero portando ya una bolsa donde presumiblemente llevaban el explosivo. Nada más.
El hecho es que se decidió, sin ninguna prueba, por lo menos que se haya conocido hasta hoy, que la pareja estaba ligada al narcomenudeo (¿por qué?¿con base en qué información?), y como prueba se especificó que la joven herida vivía por Tepito. Con el correr de los días fueron arraigados otros tres hombres, supuestamente narcomenudistas de Tepito y esta semana, otra joven de 22 años, que era novia de uno de ellos y que según la propia procuraduría capitalina “conocería todas las redes del tráfico de drogas en la zona”. Las mismas autoridades se dedicaron a explicar que el atentado, fuera cual fuera su objetivo, había sido ordenado por el cártel de Sinaloa.
Esta historia es inverosímil, por lo menos cómo la han contado. Primero, porqué quién realizaría un atentado de esas características contra la SSP-DF a las dos y media de la tarde en una zona tan concurrida. Además, a quién se le ocurre colocar un explosivo casero e inestable en un automóvil de un jefe policial en el estacionamiento de la propia secretaría, con el agravante de que ningún mando de alto nivel de la SSP-DF deja su carro en ese lugar: el narcotráfico ha asesinado a muchos integrantes de fuerzas de seguridad y lo ha hecho, desgraciadamente, con fría eficiencia y utilizando armas de alto poder, no explosivos caseros en lugares sin ninguna ventaja operativa.
Olvidemos por un momento el móvil, que tampoco ha sido explicado: ¿estos personajes menores, consumidores de drogas, comerciantes ambulantes, narcomenudistas de baja estofa, que vivían en condiciones sumamente precarias en las vecindades del centro de la ciudad, que no cumplieron con el más mínimo criterio de seguridad de un grupo operativo, son los sicarios elegidos por el cártel de Sinaloa (que tiene sicarios entrenados, incluyendo ex policías y ex militares) para ejecutar un atentado en el DF?. No tiene sentido, salvo que alguien les haya pagado un dinero o los haya alentado a realizar algo que obviamente iba a fallar pero que le podía generar un rédito de algún tipo.
En otras palabras: no se sabe el móvil, no se sabe siquiera si realmente estas personas participaron en los hechos (Tania Vázquez está arraigada acusada de “alterar el orden público”), no se sabe porqué se utilizó una bomba casera. Y en dos semanas no se ha podido proporcionar siquiera una historia verosímil, no sólo para la opinión pública sino incluso para otros niveles de gobierno. Porque las autoridades federales no tuvieron información dura de lo sucedido hasta por lo menos el sábado, más de 24 horas después de los hechos y ejercieron toda la presión posible para que el caso no fuera atraído por las autoridades federales. Algo huele muy mal en la explosión del viernes 15 y no hablamos de la pólvora.