Se ha cumplido un mes de la elección interna del PRD y el hecho más notable, hasta ahora, es que no se ha podido completar el cómputo, nadie sabe cuándo se podrá completar, los miembros que quedaban del comité técnico electoral, Arturo Núñez y Edmundo Cancino han renunciado a sus cargos por la imposibilidad de continuar con el proceso, y el PRD, si no tiene autoridades nuevas el 22 de abril, deberá nombrar una dirigencia interina, ya que todo el proceso, en todos los ámbitos, desde la elección del congreso nacional hasta el de los dirigentes estatales, está impugnado y terminará, seguramente, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se ha cumplido un mes de la elección interna del PRD y el hecho más notable, hasta ahora, es que no se ha podido completar el cómputo, nadie sabe cuándo se podrá completar, los miembros que quedaban del comité técnico electoral, Arturo Núñez y Edmundo Cancino han renunciado a sus cargos por la imposibilidad de continuar con el proceso, y el PRD, si no tiene autoridades nuevas el 22 de abril, deberá nombrar una dirigencia interina, ya que todo el proceso, en todos los ámbitos, desde la elección del congreso nacional hasta el de los dirigentes estatales, está impugnado y terminará, seguramente, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Muchos podrán argumentar que ese es un problema interno del PRD y que ellos deben resolverlo. En parte es verdad, en un muy alto porcentaje no. Según la constitución, ahora tan manoseada por el ala radical de esa fuerza política, los partidos son instituciones de interés público: deben atenerse a las leyes y se deben comprometer a no vulnerarlas ni llamar a que se violen. Pero además, por eso reciben un enorme financiamiento público: las cifras del financiamiento para este 2008 del PRD, entre prerrogativas estatales y federales debe superar con holgura los mil millones de pesos. A eso se le deben sumar los tiempos gratis en radio y televisión, los pagos de la producción de programas especiales, las prerrogativas que reciben sus legisladores, federales y locales. En otras palabras: los partidos, todos, nos cuestan demasiado caros a la sociedad. Se dice que es en beneficio de la democracia, la equidad y la transparencia. Puede ser, pero ¿por qué no podemos, si somos los ciudadanos que pagamos impuestos quienes financiamos a todos los partidos, exigir que nos rindan cuentas de cómo utilizan ese dinero?
En la reciente reforma electoral se abordaron todo tipo de temas, pero no el de los recursos partidarios. Estos sólo deben rendir informes y no hay auditoria externa alguna que revise sus cuentas. En el caso de la elección interna del PRD, esos comicios fueron pagados por recursos públicos, y no hay cuentas ni explicaciones de porqué se pudieron gastar una cantidad indeterminada de dinero (que debe ser necesariamente muy alta) en estos comicios, y el partido a un mes de los mismos no puede, aún, ofrecernos cuentas, siquiera decirnos quiénes ganaron y quiénes perdieron. En ese proceso se violó la ley electoral interna del PRD, sobre todo con la distribución de cartas de López Obrador a favor de Alejandro Encinas que, sólo por ese hecho, si sus adversarios lo hubieran querido, habría sido suficiente para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anulara la candidatura del delfín de López Obrador. No fue así, se realizaron las elecciones y desde el mismo domingo 16 de marzo, fueron notables las trampas a las que recurrieron los aspirantes, y un mes después sólo tenemos el cómputo del 34 por ciento de las casillas.
¿Por qué no pudo haber un resultado final? Porque la gente de Encinas se empeñó en que no lo hubiera, discriminando las casillas y queriendo que unas se contaran y otras no, con el argumento de que la diferencia en algunas a favor de Ortega era demasiado amplia. Sin embargo, aceptaba y exigía que se contaran las que estuvieran a su favor con diferencias incluso más notables en estados como Zacatecas o Tabasco. O donde el descontrol fue evidente como en el Distrito Federal. La idea, lo dijeron los seguidores de Encinas en muchas oportunidades, sobre todo la esposa de René Bejarano, Dolores Padierna, es que Ortega, como fuera, no podía ser presidente del PRD: que fuera Encinas, se anulara la elección o se designara un interino, pero jamás Ortega. En ello tuvo una influencia decisiva el que el propio López Obrador decidiera no sólo apoyar públicamente a Encinas sino hacer proselitismo en contra de Ortega, con hechos tan bochornosos como las agresiones que sufrieron delante de López Obrador sin que éste lo impidiera, Carlos Navarrete y Javier González Garza. Por esas amenazas, Jesús Ortega no ha ido, dice, a los actos convocados por López. Y tampoco se han aparecido por allí Cuauhtémoc o Lázaro Cárdenas, la mayoría de los gobernadores e incluso Amalia García, que ha estado, ella y los miembros de Foro Sol, su corriente, tan activos y tan desconcertantemente radicales, apoyando a Encinas y López.
El punto es que el PRD debe atenerse a las normas que rigen a los partidos políticos o renunciar a ellas. No existe ni para el PRD ni para López un régimen especial que les permita desconocer a las instituciones y al mismo tiempo exprimirlas económica y políticamente. Nos deben dar por lo menos una explicación de lo sucedido en sus elecciones internas, deberán atenerse a lo que diga el Trife y dejar de jugar con los recursos públicos.
Por cierto, un lector me envía una idea que no es mala: si los legisladores del PRD están en paro legislativo, si incluso no asisten a las sesiones en las sedes alternas por mantener las tribunas tomadas (y destrozar de paso el salón de sesiones formando barricadas, como han hecho en la cámara de diputados), ¿no habría, como a todo trabajador en paro, que descontarles los días de salarios caídos, los que no trabajaron y no dejaron trabajar a los demás? Y, como ocurre con cualquier otro ciudadano que daña algún recurso de la nación, ¿no se les deberían cobrar los costos de reparación de los daños que han efectuado en los salones de sesiones? La simple toma de la tribuna es un delito federal grave, sea efectuado por legisladores o no, que podría, si alguien quisiera, ser sancionado con dureza. Pero sabemos que eso no sucederá, habrá indulgencia, pero no todo tendría que salirle gratis a alguien que viola una y otra vez la ley.