No creo que muchos sectores significativos de la sociedad puedan estar interesados en el llamado debate petrolero.
Sin duda, la reforma electoral es importante, sobre todo para los partidos que han hecho de ese terreno un coto cerrado para la sociedad. Y en ese sentido, también es importante la elección de los nuevos consejeros del IFE. Pero ¿alguien sinceramente cree que ese es un tema que se debata en las casas, que sea de interés de la ciudadanía?.
Pero a la gente sí le preocupan dos cosas: la seguridad y los precios de los productos de consumo básico.
Ayer comenzó, una vez más, la ocupación del Zócalo de la ciudad de Oaxaca por parte de integrantes de la sección 22 del SNTE apoyados por integrantes de la APPO. Simultáneamente, otro grupo de manifestantes impidió ayer, con el bloqueo a una planta de Pemex, la distribución de productos petroquímicos en distintos puntos de la entidad. Las causas de la nueva ocupación son difusos: se plantea que se quiere renovar la dirigencia sindical de la sección 22 y que se apoya al movimiento por la supuesta defensa del petróleo. En el fondo sigue estando presente el conflicto local y, por sobre todas las cosas, el intento de utilización de éste para escalar temas en la agenda nacional.
El hecho es que al mismo tiempo que se anunciaba la reforma educativa más ambiciosa que ha realizado el país en décadas, los miembros de la sección 22 y de la APPO (junto con la sección 18 de Michoacán) iniciaban un paro escalonado de labores que está dejando, otra vez, a cientos de miles de niños sin clases, y esas corrientes sindicales siguen siendo, en el universo magisterial, las más atrasadas, las menos preparadas, las que menos días de clases proporcionan y las que más maestros comisionados para las causas del sindicato, tienen en el país. El espacio de ineficiencia y corrupción que ello genera se solidifica cotidianamente con el financiamiento de todo tipo de causas. En lo político el oportunismo va de la mano con esa capacidad de movilización, paradójicamente financiada con recursos públicos, pero la apuesta real coincide con los intereses de los sectores más radicales de la política nacional.
En esta ocasión, la nueva movilización coincide con el primer aniversario de la desaparición de los dirigentes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y la, hasta ahora, fallida propuesta de negociación con ese grupo armado: a la que cada día le endosan más exigencias que pasan por una surte de chantaje al gobierno para que haga suyas las acusaciones de la propia organización. En este sentido, lo que veremos en los próximos días será una estrategia en la que se cruzarán las demandas sindicales con los intereses políticos del lopezobradorismo (y de un sector duro del PRI que tiene amplia presencia en Oaxaca) y los movimientos del EPR. Esa combinación que estuvo detrás de las movilizaciones de la APPO en el 2006, vuelve a hacerse presente hoy en el estado buscando los mismos efectos.
Por eso, una tarea política primordial debería ser desmontar esos elementos y colocarlos en espacios políticos, en la medida de lo posible, autónomos. En el tema sindical, la sección 22 mantiene una intensa lucha interna por el control del sindicato y de las prerrogativas, de los recursos que ese control determina. Se suma eso a la presencia de una sección alternativa, la 43 que sigue manteniendo vigencia, que responde a la dirección nacional del SNTE y que controla muchas escuelas que los padres de familia no quieren entregar de regreso a maestros que paran más días que los que trabajan. Sumado a ello, aunque no lo dicen públicamente, la Coordinadora a la que pertenece la sección 22, busca oponerse en todo lo posible a la reforma educativa: los cambios realizados en la carrera magisterial que privilegian la formación y la preparación de los maestros junto con la capacitación que proporcionan a los alumnos, es, para ellos, un enemigo a vencer. Más aún la aplicación de concursos de oposición para ocupar plazas vacantes. En la lógica de estas corrientes cualquier mecanismo que impulse la superación personal del magisterio termina siendo un adversario que pone en riesgo el control sobre una sección sindical con miles de maestros que trabajan exclusivamente para ella y que cobran por movilizarse regularmente al lugar del país que sus dirigentes indican.
En el plano político, los duros del PRI son, paradójicamente, los que terminaron financiando a la APPO en el pasado y posiblemente en la actualidad. Consideran que la lógica del conflicto los puede blindar ante los movimientos que puedan darse en la correlación política de fuerzas en el propio estado y en la distribución de posiciones en las listas para el 2009, pero también tratan de tener un salvoconducto a través del conflicto para evitar cualquier acusación. Son los mismos grupos priistas que están apostando en el tema de la reforma petrolera por una alianza con el lopezobradorismo. En otras palabras, azuzan y se colocan como víctimas del conflicto.
El tema del EPR y su participación en todo este proceso, está influenciada por todos esos factores y por su propia confrontación interna, sobre todo entre algunos de los principales dirigentes oaxaqueños y los líderes históricos de esa organización, encabezados por Tiburcio Cruz Sánchez y su esposa Florencia Elodia Canseco Ruiz. Uno de los desaparecidos es Gabriel Alberto, hermano de Tiburcio y considerado uno de los más violentos dirigentes del EPR, que proviene del antiguo Procup y que integró, junto con Tiburcio, la llamada Brigada de Ajusticiamiento de esa organización, responsable del asesinato de varios integrantes disidentes en los años 70 y 80, entre ellos los de Carlos Hernández Chavarría, Bertha Guadalupe Canseco y de los hermanos Arturo, José Luis y Felipe de Jesús Cortés Gutiérrez. Un capítulo pendiente en ese sentido es la muerte de Brad Bill en Oaxaca en el 2006 que tendría mucho más que ver con los grupos más violentos de la APPO que con una ejecución policial.
Si hubo dos desaparecidos (¿por qué se ha dejado de hablar del tercer desaparecido?) es obligación del Estado investigarlo y castigar a lo culpables, sean quienes fueran. Eso no es objeto de una negociación. Pero también, para desmontar la verdadera trama que se esconde en el conflicto oaxaqueño se debe hacer justicia en muchos otros ámbitos.