28-04-2014 El fracaso en la aprobación de las leyes secundarias en telecomunicaciones inició el mismo día de la presentación de la iniciativa, cuando la hasta entonces inédita presidenta provisional del PAN, Cecilia Romero, apareció junto con el líder del sol azteca, Jesús Zambrano, rechazando un propuesta que, literalmente, no habían tenido ni siquiera la posibilidad de leer.
En el caso de Zambrano, el rechazo era anunciado: no es novedad que por una de esas extraordinarias paradojas de nuestra vida política, nuestra izquierda, la partidaria y la que se dice independiente, salvo algunas contadas excepciones, respalda y apoya las posiciones empresariales del grupo más poderoso del país, que encabeza Carlos Slim, uno de los dos hombres más ricos del mundo, quien, de la misma forma en que se vio beneficiado por las resoluciones que en marzo había dado a conocer la nueva Cofetel sobre el tema, ahora se sentía perjudicado por las iniciativas de leyes secundarias. Había por lo tanto que bloquearlas.
Dentro del PAN, esa posición la representa Javier Corral, quien es uno de los más fervientes impulsores de la candidatura de Gustavo Madero, pero también de las alianzas con el PRD, incluyendo, por supuesto, la de su hipotética candidatura, dentro de dos años, para Chihuahua. Pero el tema iba mucho más allá: en el PAN existía un acuerdo para sacar adelante las iniciativas tal y como se habían preparado, con el ejecutivo federal. Por eso sorprendió que Romero simplemente rechazara las iniciativas que habían sido aceptadas por la mayoría de los senadores blanquiazules y se uniera a la postura del PRD.
Pero, como se comprobó en ese juego de ciegos que se escenificó en el congreso en estas dos últimas semanas, la decisión que había tomado Romero tenía una intención política de largo alcance: el acuerdo con el Ejecutivo fue dejado de lado por la corriente maderista en la búsqueda de ganar la presidencia del partido en los comicios internos de mayo próximo, mientras que el respeto a ese mismo acuerdo fue utilizado para golpear a sus adversarios internos, que respaldan la candidatura de Ernesto Cordero, vía Javier Lozano.
La idea era mostrar que los corderistas eran los que hacían “el trabajo del gobierno” respaldando una iniciativa que, en realidad, había sido acordada en origen por la mayoría de los distintos grupos panistas. Y ahí el corderismo quedó atrapado en un dilema del que no pudo salir, porque no tuvo la fuerza para hacerlo y porque tampoco existió una decisión gubernamental de seguir adelante con las iniciativas, aunque hubiera podido obtener los votos necesarios en el senado y en el congreso para aprobarlas.
Sin embargo, el cálculo, la decisión de no avanzar, puede ser errada. En primer lugar porque no queda claro que Madero sea el ganador, aunque controla buen parte de la estructura del partido y eso le da una ventaja, pero además porque el que se debilita con todos estos procesos son el propio gobierno federal y el PRI, que ven cómo se acerca el 2015 y los principales proyectos y reformas que se plasmaron en el terreno constitucional siguen sin convertirse en leyes y por ende sin poder generar beneficio alguno para la gente.
En el periodo ordinario del congreso que termina pasado mañana, se tendrían que haber aprobado leyes secundarias en muchas materias, pero las principales eran, sin duda, telecomunicaciones y la energética, y ambas quedaron canceladas para un periodo extraordinario que comenzaría en junio.
La tercera, la político electoral, entró también en la congeladora porque el PRI dejó abruptamente la mesas de esa negociación, cuando el PAN y el PRD, luego de frenar el debate sobre telecomunicaciones, quisieron imponer una veintena de agregados a un acuerdo que ya venían trabajando desde marzo pasado. Pero el tema va más allá: la reforma político-electoral, recordemos, fue una exigencia, sobre todo, de Gustavo Madero que fueron aceptadas por el PRI con el compromiso de que ello permitiría sacar adelante las reformas constitucionales y leyes secundarias en los temas estructurales. Y el hecho cierto es que termina el periodo ordinario de sesiones y ninguna de esas reformas tienen aún forma y sustento.
El punto, insistimos, desde la perspectiva de la oposición es construir sus propios tiempos, que les permitan llegar a acuerdos electorales amplios entre PAN y PRD para competir en el 2015 contra un PRI que ven debilitado, primero por sus propias inercias; y segundo, porque el gobierno no termina de poder concretar en hechos y leyes los cambios y reformas que él mismo ha impulsado.
Por cierto, el que por fin se esté tratando de dar fin a los abusos de Rojas Cardona en la industria de los casinos, tiene relación con toda esta historia. Basta con ver quiénes son, no sólo en Nuevo León sino también en otros estados, los aliados de Rojas Cardona para sacar conclusiones.
Jorge Fernández Menéndez