El sexenio de Felipe Calderón realmente comenzó, o mejor dicho alcanzó su definición medular, el cinco de diciembre del 2006, cuando se lanzó el primer operativo del sexenio para recuperar un territorio que estaba prácticamente perdido: el estado de Michoacán. Estos dos años se han significado por la lucha contra el crimen organizado y desde esa lógica se debe comprender no sólo mucho de lo que ha sucedido en estos años sino también, en muy buena medida, la lucha política actual.
El sexenio de Felipe Calderón realmente comenzó, o mejor dicho alcanzó su definición medular, el cinco de diciembre del 2006, cuando se lanzó el primer operativo del sexenio para recuperar un territorio que estaba prácticamente perdido: el estado de Michoacán. Estos dos años se han significado por la lucha contra el crimen organizado y desde esa lógica se debe comprender no sólo mucho de lo que ha sucedido en estos años sino también, en muy buena medida, la lucha política actual.
En ese combate, desde la perspectiva con la que fue encarada por el gobierno, hay éxitos, insuficiencias y errores, pero ha habido una decisión que no se dio en otros sexenios. Esa decisión provino de la información que se tuvo prácticamente hasta los días previos a la toma de poder, que fue cuando Felipe Calderón tuvo en sus manos la información real de lo que estaba sucediendo en el país en materia de crimen organizado. Hasta esos días, las prioridades de la futura administración estaban planteadas como empleo, infraestructura y seguridad. Conociendo ya de primera mano cómo estaba la situación, muy rápidamente se comprendió que sin recuperar el terreno que se había perdido sobre todo en los dos años anteriores no podría haber gobernabilidad, ni las inversiones necesarias ni tampoco el empleo que el país requería. La seguridad definió desde ese cinco de diciembre, en que se lanzó el operativo Michoacán, el sexenio y será la marca del mismo hasta que concluya. Los operativos se lanzaron como una medida de emergencia. Quienes aseguran que no se tuvo previsión o una preparación adecuada probablemente tienen razón, pero resulta que no había tiempo ni espacio para realizarla: el deterioro era evidente y la necesidad de recuperar territorios urgente. Hubo errores: no existió la suficiente coordinación, ni conocimiento, ni se limaron las heridas que el pasado había dejado entre distintos sectores que participaban en la seguridad; ahora, además, resulta evidente que en ese clima de relajamiento de las medidas de seguridad que se había vivido en el sexenio anterior (a pesar de éxitos puntuales o de la detención de muchos capos de distintas organizaciones) también se profundizó la penetración del narcotráfico sobre todo en los estados y municipios, y en sectores del ámbito federal.
Pero aún con todo ello se tuvo éxitos importantes que pasan sobre todo por la recuperación de territorios, la ruptura de redes y el encarecimiento del costos del tránsito de drogas en nuestro país. Eso ha provocado la ruptura de las viejas alianzas entre los cárteles y un enfrentamiento durísimo entre ellos: paradójicamente esas rupturas son las que ha propiciado la violencia. Ha habido cerca de seis mil muertes en esa guerra en estos dos años pero la enorme mayoría de ellos (el dato no deja por eso de ser menos dramático) se ha dado entre los propios grupos del narcotráfico. Pero provocó otro efecto: la inseguridad expresada en otros ámbitos: secuestros, extorsiones, piratería controlada por grupos del crimen organizado que necesitaban seguir operando y obteniendo recursos porque los derivados directamente del tráfico de drogas se habían vulnerado, y eso llevó también a disputar más intensamente las principales plazas de consumo. Eran delitos que exigían para su combate una participación activa de las policías locales, tanto en lo estatal como en lo municipal y allí se puso de manifiesto que el grado de deterioro de esas fuerzas era notable, que no estaban ni en condiciones ni en su voluntad realizar esos combates, y que cuando lo intentaban se encontraban vulnerables ante un enemigo que ya los había penetrado con amplitud. Si existe una crítica básica a esta lucha sería haber sobrestimado la capacidad de las fuerzas locales de dar la lucha por la seguridad pública cuando desde tiempo las mismas se habían coludido con el crimen organizado.
En ese contexto muchos estados se quejan de que se han visto desestabilizados por la inseguridad que deviene de la propia lucha contra la misma, pero olvidan que la responsabilidad central (así lo plantea la constitución y desde que comenzó este debate y hasta la actual reforma en curso se han mantenido en esa posición) está en los estados y municipios. Entonces se pide ayuda del gobierno federal, de las fuerzas armadas, se pide federalizar delitos pero no se le da a la federación las fuerzas ni los instrumentos suficientes como para encarar esa lucha. La policía federal es el 4 por ciento del total de los policías del país. El ejército y la marina de México tienen una mucho mayor posibilidad de despliegue territorial pero han tenido que hacerlo recibiendo presiones, acusaciones, incluso viendo como manifestaciones públicas organizadas por los narcotraficantes pedían su retiro sin que muchos gobiernos estatales hicieran el más mínimo esfuerzo para evitarlas.
En la ampliación de las fuerzas federales, en una mucho mejor coordinación de las mismas, no sólo en lo operativo sino en la solución de sus conflictos internos (muchos surgidos de motivos menores que han ido creciendo con los meses), en la depuración, actualización y centralización de esas fuerzas locales está la respuesta para poder dar la vuelta con mayor rapidez al clima de inseguridad. El momento para ello es clave y, lamentablemente es cuando no existe esa determinación ni en los partidos ni en el congreso.
Lo que se está aprobando no es suficiente y en ocasiones es peor que lo que se tiene y todo termina escondido tras debates falsos como el de la pena de muerte: ¿de qué serviría la pena de muerte si no tenemos ni policías, ni ministerios públicos que puedan funcionar eficientemente?¿de qué sirve la pena de muerte contra los secuestradores si éstos no son detenidos ni perseguidos por las fuerzas locales ni son juzgados en la forma más estricta?. Las soluciones deben ser estructurales, no declamatorias y eso todavía no se comprende.