No hay peor pesar que no saber qué ha sucedido con un ser querido, si vive, si murió, cómo podría estar viviendo o dónde han quedado sus restos. El calvario que vivió la familia Vargas Escalera después del secuestro de Silvia, sólo puede ser comparable al que vivieron miles de familias durante los años de las dictaduras militares, sobre todo en Sudamérica, y con su práctica más extendida en Argentina, en los años 70, con la política de las desapariciones de sus opositores políticos. O con la incalificable estrategia de las FARC de mantener a sus rehenes por años en condiciones de extrema precariedad en la selva sin ninguna razón humana que pudiera justificarla.
No hay peor pesar que no saber qué ha sucedido con un ser querido, si vive, si murió, cómo podría estar viviendo o dónde han quedado sus restos. El calvario que vivió la familia Vargas Escalera después del secuestro de Silvia, sólo puede ser comparable al que vivieron miles de familias durante los años de las dictaduras militares, sobre todo en Sudamérica, y con su práctica más extendida en Argentina, en los años 70, con la política de las desapariciones de sus opositores políticos. O con la incalificable estrategia de las FARC de mantener a sus rehenes por años en condiciones de extrema precariedad en la selva sin ninguna razón humana que pudiera justificarla.
Pero incluso, aquella era una política de Estado o la de las FARC un crimen con coartada política: finalmente existía, existe, la conciencia de que más temprano o más tarde se tendrán que pagar los crímenes realizados, aunque sea por el desprecio ético y moral de las sociedades contra los criminales, se vistan de gobernantes o de falsos guerrilleros. En el caso de Silvia Vargas Escalera o de muchas otras personas que han sido secuestradas por bandas de delincuentes y han desaparecido, el hartazgo de la sociedad no parece ser suficiente, porque el mismo va de la mano con la convicción de que perdura la impunidad.
Hoy el 98 por ciento de los delitos quedan impunes y más de 400 mil órdenes de aprehensión quedan sin ejecutar. Si a eso sumamos la debilidad de las instancias policías y de justicia, desde la prevención hasta la investigación, pasando por los ministerios públicos y los tribunales, el panorama resulta desolador. Incluso en los casos que mayor impacto han tenido en la opinión pública como son los de Fernando Martí y Silvia Vargas.
En el caso de Silvia el secuestro se dio en septiembre del 2007. La familia hizo la denuncia correspondiente y el caso quedó prácticamente estancado durante meses hasta que al cumplirse un año la propia familia hizo un reclamo público demandando la aparición de su hija. La respuesta fueron filtraciones, algunas de ellas francamente inverosímiles y fuera de contexto. Finalmente cuando semanas atrás Nelson denunció que había presentado el nombre de un antiguo chofer de la familia, Oscar Ortiz González, que no había sido investigado y resultó ser parte de una familia de secuestradores cuyo hermano era Raúl González Ortiz, quien para colmo luego de ser detenido se había fugado sin esfuerzo alguno del hospital del Xoco, el caso, como la paciencia ciudadana, parecieron estallar y sorpresivamente, sin que se nos explique cómo, alguien informó sobre el lugar donde estaban enterrados en forma clandestina los restos de Silvia. Lo demás es historia conocida y Silvia finalmente descansa con los suyos desde este fin de semana. Pero de la investigación no tenemos información, ni siquiera sabemos cómo se llegó a esa casa de Tlalpan y mientras en algunos ámbitos de la seguridad y la justicia se asegura que existían datos de la participación de la banda de Los Rojos, que encabezan los hermanos González Ortiz desde el 2003, otros, como la procuraduría capitalina, dicen que no tenían información alguna sobre su existencia. ¿Fueron ellos, como dice la familia Vargas Escalera, quienes secuestraron a Silvia?¿si no fueron ellos, quién fue?. Nadie ha podido responderlo con certidumbre aunque el solo hecho de que alguien pudiera saber donde estaban los restos es un eslabón que permitiría tener toda la cadena delincuencial en las manos.
En el caso de Fernando Martí tampoco la investigación convence: según las autoridades los responsables son los integrantes de la banda de La Flor que estaría encabezada por Sergio Humberto Ortiz, apodado el Apá. Este hombre el 22 de julio fue tiroteado en el sur de la ciudad y habría quedado parapléjico por las heridas. Según las versiones policiales no le habrían podido tomar declaración porque se habría negado a hacerlo (sic). Lo cierto es que nadie nos ha dicho porqué llegaron a la conclusión de que ese personaje estuvo detrás del secuestro y asesinato de Fernando. Aparentemente el hombre es un criminal con larga historia pero ¿por qué es el jefe de la banda de la Flor?¿cómo lo saben las autoridades?¿con base en qué información?. Es verdad que existe un secreto sumarial, pero sin embargo son innumerables las filtraciones que ha habido al respecto. A eso se deben sumar hechos incomprensibles para una investigación seria. El reportero David Vicenteño obtuvo las declaraciones ministerial del único custodio que quedó con vida, cuando supuestamente los secuestradores supusieron que lo habían estrangulado y lo dejaron en la cajuela de un automóvil, Ignacio Salmones, quien llevaba apenas dos días trabajando con la familia Martí. En sus declaraciones este hombre, el principal testigo de la procuraduría capitalina, cae en innumerables contradicciones: la más importante el falso retén en el que fue secuestrado Fernando. En una declaración dice que quien comandaba el retén era una mujer de baja estatura, con el cabello corto, que llevaba lentes oscuros y chaleco de la AFI; en la siguiente dice que el retén era encabezado por un hombre de un metro 70, robusto, con barba crecida, con chaleco azul sin siglas. En una habla de 30 personas, en la otra de diez. No son contradicciones menores: van al centro de la investigación. Con base en ellas se detuvo a la llamada comandante Lore, una policía federal que venía de la AFI y que asegura que ese día estuvo en Cancún. Puede ser, pero nadie nos ha explicado cómo hicieron para identificarla plenamente y cómo supieran cuál era la declaración real de Salmones: la de la mujer con lentes o la del hombre con barba. Quizás las autoridades en los dos casos están realizando una investigación acertada y precisa, pero quizás simplemente nos están mintiendo. Se debe confiar en lo primero, pero lo deben demostrar. No lo han hecho con Fernando ni con Silvia.