Hasta ahora, la administración Calderón había logrado que no se conjugaran los principales puntos de conflicto en un mismo tiempo. Si bien la seguridad, la economía y la política (entendida sobre todo como gobernabilidad) siempre han tenido un papel central en la marcha del gobierno, hasta ahora los equilibrios se habían mantenido de forma tal de que en determinado momento no estuvieran los tres ámbitos, simultáneamente, en el centro de la atención.
Hasta ahora, la administración Calderón había logrado que no se conjugaran los principales puntos de conflicto en un mismo tiempo. Si bien la seguridad, la economía y la política (entendida sobre todo como gobernabilidad) siempre han tenido un papel central en la marcha del gobierno, hasta ahora los equilibrios se habían mantenido de forma tal de que en determinado momento no estuvieran los tres ámbitos, simultáneamente, en el centro de la atención.
El año que inicia será diferente en ese sentido: la seguridad sigue estando en el corazón de la estrategia gubernamental y el 2008 concluyó con la decisión, que es casi una declaración de principios, de extraditar a los Estados Unidos a varios de los principales líderes de los cárteles de la droga presos. Como sucedió con las extradiciones de enero del 2007, éstas del último día del año pasado, significan más allá de la decisión judicial, la convicción de que en la batalla contra el crimen organizado el gobierno sigue decidido a no dar marcha atrás. En ese contexto, falta en la administración Calderón establecer con mucha mayor claridad los mecanismos de operación y control en el sector, que se sumieron en la confusión a fines del 2008 y que deberán, además, adecuarse a la parcial, incompleta y en parte errónea reforma sobre seguridad y justicia que aprobaron los legisladores. Tendrán que establecerse con claridad estrategias, tendrán que hacerse nombramientos e insistimos, se deberá definir la operatividad, la responsabilidad y el mando entre las distintas dependencias.
Las insuficiencias en las reformas a la seguridad y justicia son el reflejo del segundo gran capítulo que confluirá de lleno en este 2009: la lucha política. Los tiempos de los acuerdos aunque sea parciales, parecen estar quedando atrás. Si no se logró completarlos en la seguridad y la justicia, el tema que más preocupa a la ciudadanía, difícilmente lo veremos en otros aspectos. Las elecciones de medio término ya están entre nosotros y la lucha entre los partidos (y dentro de los mismos) promete ser cruenta. Si a eso sumamos las numerosas incertidumbres políticas que se generan por las candidaturas pendientes y las diferencias internas en los partidos, se podrá comprobar que, pese a lo que tanto se ha dicho, son demasiados los comicios que no están definidos y que dependerán de los acuerdos que puedan o no establecer internamente los partidos para sacar sus candidatos. Sobre todo en las elecciones estatales ello será definitivo y puede haber cualquier sorpresa entre el PRI y el PAN, salvo en las del DF donde el PRD será en el único estado donde podrá jugar con cartas ganadoras pero, paradójicamente, es también el partido más dividido y más cercano a una ruptura real en sus filas.
De lo que no cabe duda es que los partidos nos saturarán de anuncios y de publicidad de una forma inmisericorde, mientras esperamos que el IFE decida si la sociedad podrá tener alguna voz en las elecciones y en la política o si eso queda en manos solamente de los dirigentes partidarios. En los comicios del 2006 hubo poco más de 700 mil anuncios partidarios; con las reformas, en estas elecciones los partidos, en total incluyendo las instituciones electorales, tendrán alrededor de 22 millones de anuncios, todo, por supuesto, pagado con nuestros impuestos. Quienes dijeron que la reforma electoral tenía como objetivo quitarle peso a la publicidad y otorgárselo a la discusión de plataformas y programas, una vez más nos mintieron. El 2009 nos apabullará con la publicidad partidaria.
En el Congreso dicen que al inicio del periodo ordinario de sesiones se abocarán a establecer medidas económicas de emergencia. Puede ser, pero suena más a una faramalla que a una búsqueda real de acuerdos. En realidad, esas medidas, para bien o para mal, son las que se establecieron en el presupuesto 2009 y difícilmente un congreso que está ya de salida, con muchos integrantes en ambas cámaras buscando nuevas posiciones políticas tendrá algo nuevo que decir al respecto.
El tema económico, sin duda, será central en este año. No estaremos ante una crisis tradicional, como la del 82, la del 87 o la del 94-95. La economía nacional en general parece estar bien preparada para afrontarla y las medidas anunciadas parecen ser las correctas. La pregunta es si será suficiente y la respuesta dependerá de lo que suceda en el terreno internacional: si la crisis se comporta como creen los especialistas, y luego de un periodo de declive, en el segundo semestre del año la economía estadounidense y la mundial comienzan a reactivarse, hacia fines de este año México podría comenzar a sobrellevar las cosas y enlazarse a ese tren. El temor es que la crisis actúe en forma anómala, como lo ha venido haciendo hasta ahora, y se entre en lo que algunos economistas llaman el efecto Japón, un largo periodo de estancamiento, de deflación, como ocurrió en ese país asiático durante buena parte de los 90: una crisis económica que, recordemos, en Japón fue de la mano, también, con una dura crisis política. De ser así, sencillamente ningún país estará preparado para enfrentar una circunstancia de esas características. Todas las previsiones de gasto, apoyo, rescate, utilización de reservas, están pensadas en torno a una crisis tradicional. Nadie puede prever que sucederá si ocurre lo imprevisible. En todo caso, incluso en los términos de la “normalidad” económica, lo que más sufrirá en el país durante el 2009 será la generación de empleos y ello se engarza con los desafíos de seguridad, los sociales y los políticos. La tentación de entrelazar la violencia y la inseguridad, con la falta de empleos y las dificultades económicas en el proceso electoral será demasiada como para exigir conductas de Estado en todos los actores.