Hoy entra en vigor en el DF la ley de extinción de dominio, un instrumento fundamental para avanzar en la lucha contra la delincuencia, sobre todo la organizada, porque permite retirarle a ésta sus bienes, acortar sus márgenes de operación y desestimular la participación social en el negocio criminal. Con la leyes actuales incluso muchos aceptan ir a un juego en el que más temprano que tarde tendrán que morir pero lo aceptan, asumiendo que le dejarán algo, mucho o poco a los suyos. Hace varios años, fui invitado a conocer el principal rancho de Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa, en un poblado llamado El Salado.
Hoy entra en vigor en el DF la ley de extinción de dominio, un instrumento fundamental para avanzar en la lucha contra la delincuencia, sobre todo la organizada, porque permite retirarle a ésta sus bienes, acortar sus márgenes de operación y desestimular la participación social en el negocio criminal. Con la leyes actuales incluso muchos aceptan ir a un juego en el que más temprano que tarde tendrán que morir pero lo aceptan, asumiendo que le dejarán algo, mucho o poco a los suyos. Hace varios años, fui invitado a conocer el principal rancho de Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa, en un poblado llamado El Salado. Se había montado una enorme operación aerotransportada para detenerlo, pero cuando llegaron por aire los más de 300 elementos destinados a ello, El Mayo había sido advertido y abandonado apresuradamente ese rancho. Pero allí estaba la propiedad que incluía hasta un lago particular, y toda un área para la explotación ganadera. Pasaron los meses y un día un juez decidió que se debían regresar todos esos bienes a la familia de Zambada, considerándola la legítima propietaria. Su esposa había conseguido el apoyo de varios grupos empresariales locales que, vaya uno a saber por cuál razón, consideraban que si los bienes de Zambada eran expropiados también los suyos podrían correr la misma suerte. Si hubiéramos tenido una ley de extinción de dominio esas propiedades, y muchísimas más, serían hoy del Estado.
La ley entra en vigor en el DF porque fue aprobada por la Asamblea local, pero en el ámbito federal duerme en los escritorios del congreso desde hace meses. Apenas el domingo, las fracciones legislativas del PRI y del PRD presentaban la larga lista de reforma, nueve estructurales según ellos, que habían realizado en las áreas de seguridad como respuesta a la insistencia machacona del panismo de que esos partidos no quieren asumir sus costos en la lucha contra la inseguridad. Como ya lo hemos dicho en este espacio, las de ambas partes son verdades a medias, que no se sostienen por sí mismas, que tienen contenido electoral y que terminan beneficiando, en la forma en que se plantea, a las organizaciones criminales y confundiendo a la sociedad.
Es verdad que se han aprobado muchas reformas y leyes en el tema de la seguridad pero también lo es que muchas de las más importantes para que el sistema realmente funcione no han salido adelante. Y también es verdad que ni la Federación, ni el DF, ni los estados y municipios han cumplido plenamente con los compromisos asumidos en el acuerdo de agosto pasado y que existen rezagos en la operación. Es una verdad tan notable como que la mayoría de los gobernadores y presidentes no parecen querer asumir costo alguno y suceda lo que suceda, desde la toma de una calle hasta un motín en una cárcel local, reclaman la presencia de fuerzas federales y si éstas no llegan en el momento en que las solicitaron se lamentan diciendo que se los deja solos. Es ridículo. Vamos más allá: por ejemplo, en Ciudad Juárez hoy hay entre cinco y seis mil elementos militares y policiales federales que se hacen cargo de prácticamente todo: desde el tráfico hasta el control de los penales, esa presencia ha frenado la ola de violencia pero será, necesariamente, temporal: ¿qué están haciendo las autoridades locales para reconstruir sus propias fuerzas de seguridad para cuando, más temprano o más tarde, los militares y los policías federales tengan que dejar Juárez?.
Si se quiere un apoyo de esas características se deben aprobar reformas que fueron rechazadas, como la de la centralización de las policías: hoy no sólo no tenemos una policía nacional con capacidad de despliegue nacional sino que ni siquiera se ha logrado centralizar a las fuerzas estatales. Los legisladores dicen que han aprobado nueve grandes reformas estructurales, pero no han aprobado y no parecen tener prisa para hacerlo, los dos principales instrumentos para que esas otras reformas sean operativas: la ley de la policía y la de la PGR. Tampoco han aprobado la ley de extinción de dominio y si bien se aprobó en la última reunión de procuradores realizada el viernes en Cancún, que estados y municipios se coordinarán en la lucha contra el narcomenudeo, aún falta plasmar esos avances en leyes de alcance federal. Aprobaron las leyes de registro de telefonía celular, para que se sepa quién es el dueño de cada celular, pero lo que se reclamaba, más que eso, era que fuera obligatorio instalar los sistemas necesarios como para poder identificar, independientemente del dueño, desde dónde se está llamando por un celular.
Esas son las reformas que faltan y que se deben sacar adelante y no hay ninguna razón para continuar dilatando su aprobación porque algún dirigente partidario dijo algo que no le gustó a otro, y éste entonces se hace el ofendido y frena en venganza el proceso legislativo. No estamos ante un juego de niños donde uno se lleva el balón si no lo ponen en la posición que quiere. Estamos ante un desafío a la seguridad nacional que ha ocasionado cerca de siete mil muertos el año pasado, que sólo en Juárez ha ocasionado en el 2008, mil 650 asesinatos, y cerca de 400 en los dos primeros meses del año. Estamos hablando de que existen tres secuestros denunciados al día, aunque instituciones como el ICESI consideran que en realidad se cometen unos 17 diarios. Estamos ante un incremento en más del 500 por ciento en las extorsiones. Y ante autoridades estatales y municipales que claman por apoyo federal mientras que sus propios partidos en el congreso deciden no proporcionarlo o hacerlo a cuentagotas porque algún dirigente oficialista cometió una imprudencia y otro, de la oposición, se sintió ofendido.
Es hora de tomar las cosas en serio. Y si no es así será la hora de que el Ejecutivo asuma todas sus atribuciones y comience a pensar a trabajar sin el congreso, por lo menos hasta que éste madure.