El martes pasado en su columna diaria en Milenio, Ciro Gómez Leyva hacía una pregunta por demás pertinente. ¿Si ha aumentado el precio de la droga en los Estados Unidos como consecuencia de los operativos realizados en México porqué no ha tenido movimientos en nuestro propio país? ¿por qué, decía en otras palabras, se mantiene el mismo o mayor nivel de oferta?. Y la pregunta es pertinente porque ilustra un punto que no hemos analizado con profundidad en esto que se ha llamado la guerra contra el narcotráfico y que tiene profundas connotaciones políticas.
El martes pasado en su columna diaria en Milenio, Ciro Gómez Leyva hacía una pregunta por demás pertinente. ¿Si ha aumentado el precio de la droga en los Estados Unidos como consecuencia de los operativos realizados en México porqué no ha tenido movimientos en nuestro propio país? ¿por qué, decía en otras palabras, se mantiene el mismo o mayor nivel de oferta?. Y la pregunta es pertinente porque ilustra un punto que no hemos analizado con profundidad en esto que se ha llamado la guerra contra el narcotráfico y que tiene profundas connotaciones políticas.
En este conflicto (la palabra guerra nunca me ha gustado para describirlo) se cruzan varias batallas simultáneas e íntimamente relacionadas entre sí. Una es la que se libra contra los grandes cárteles de la droga para evitar o disminuir la entrada de droga a los Estados Unidos. El tráfico no será erradicado nunca por completo, eso sencillamente no es realista. Lo que se debe buscar, como dijo Barack Obama en su reciente visita a nuestro país, es que se pase de un problema estructural que afecta hoy a la seguridad nacional de ambas naciones, a un problema regional y del ámbito eminentemente policial. Buena parte de los operativos que se han realizado, los mecanismos de los que se habla de control fronterizo, incluso muchos de los golpes que se han dado en forma simultánea en Colombia, México o dentro de los propios Estados Unidos están relacionados con este fenómeno, con este combate, que requiere, además, de una cooperación indiscutible entre los países involucrados, particularmente entre México y Estados Unidos y admitir esa corresponsabilidad es uno de los saldos positivos de la visita de Obama a nuestro país.
Pero ese rostro del narcotráfico se combina cada vez más con el fenómeno del consumo de drogas interno. Según la última encuesta nacional de adicciones, hay en México más de medio millón de personas que se reconocen adictas a alguna droga y casi cinco millones que se aceptan como consumidores de ellas. Ese es el mercado que atiende el narcomenudeo desde 1994, hace ya quince años, lo que implica que estamos hablando ya de un mercado de consumo maduro. Cada vez más, los propios grandes cárteles lo utilizan para financiar sus operaciones cotidianas. Cada vez más distintas pandillas se mantienen gracias a él y allí participan, en ocasiones, hasta madres de familia o jóvenes, casi niños, como una forma de sustento. Durante años, la estrategia central de lucha contra el narcotráfico se centró en atacar el tráfico en gran escala y se olvidó el mercado casero, ese narcomenudeo que, en la misma medida en que se avanza en el combate contra el tráfico en gran escala, alcanza paradójicamente niveles mayores en su expansión interna, con todas sus secuelas de la inseguridad cotidiana.
Y sigue involucrando cada vez más a jóvenes en su estructura, sobre todo esa franja demográfica de entre 16 y 25 años que queda fuera del mercado laboral y estudiantil. De allí se nutren, en un círculo vicioso difícil de romper, los grandes cárteles para sus operadores de base y sus sicarios.
Ni el ejército ni la policía federal sirven para combatir el narcomenudeo. Esa debe ser una tarea de los estados y municipios y sus policías locales. Nos preguntamos porqué en ese sentido Colombia ha tenido más éxito que nosotros. Habrá que analizar los números, porque el problema interno subsiste también en esa nación, pero sus éxitos muy probablemente devienen de que a diferencia de México, Colombia tiene una policía nacional, con mandos centralizados, con una enorme cantidad de recursos materiales y legales en comparación con México, que le permite atender simultáneamente los fenómenos del gran tráfico y de las bandas dedicadas a la venta interna de drogas. Si ha habido alguna falla mayor en la estrategia diseñada durante la administración Calderón para atacar el narcotráfico, fue que se dio por supuesto que cuando se lanzaran los grandes operativos para recuperar territorios y romper redes, las policías locales atacarían los fenómenos regionales de inseguridad, desde el secuestro hasta las extorsiones, y el narcomenudeo. No ocurrió así y se demostró que, por el contrario, las policías locales estaban, sobre todo a nivel municipal, profundamente permeadas por la delincuencia, particularmente por la que se dedica a la venta interna y cotidiana de drogas y que ha ampliado su rango a otras actividades ilícitas. Fue entonces cuando se disparó la violencia, sobre todo por los ajustes de cuentas internos entre los grupos por conservar sus mercados, tanto los grandes como los pequeños, y cuando tuvieron que ser revisados los operativos para que, en los hechos, como ocurre hoy en Ciudad Juárez y en menor medida en Tijuana (y en otros puntos del país) las fuerzas federales terminen asumiendo las funciones de las propias policías municipales.
El problema es que por mezquindades políticas, la ley contra el narcomenudeo sigue durmiendo en el Congreso. La iniciativa fue presentada hace meses y no ha sido votada, como tampoco la de la policía federal. Ambas están íntimamente relacionadas y si no se avanza en que los estados y municipios asuman la responsabilidad de la lucha contra el narcomenudeo no alcanzarán jamás las fuerzas federales a cumplir con ese cometido. Se necesita para ello centralizar esfuerzos, recursos e inteligencia y, como hemos dicho, quizás no es políticamente posible lograr una policía centralizada, pero sí sería posible avanzar, de una u otra forma, en la centralización estatal, vía leyes que den atribuciones de control a las policías estatales sobre las municipales o vía bases de operaciones mixtas en cada uno de los estados con capacidades múltiples. Hoy allí reside la mayor debilidad estructural de la lucha contra la inseguridad. Y asombra que los actores políticos no lo terminen de comprender plenamente.