Cuando se comienza a establecer límites a la libertad de expresión se suele terminar aplicando, lisa y llanamente, la censura. Apenas ayer, en su escalada para convertirse en gobernante a perpetuidad en su país, Venezuela, Hugo Chávez anunció el inicio de inspecciones de todo tipo a las empresas de radio y televisión que aún son independientes (apenas un puñado) argumentando “que una cosa es la crítica y otra la conspiración”. La causa del nuevo enojo del presidente es que esos medios informaron de daños y problemas que se habían generado en Caracas días atrás por un temblor. Chávez les advirtió que no abundaran en las críticas porque “están jugando con fuego” y amenaza con expropiar los medios que no controla el Estado.
Cuando se comienza a establecer límites a la libertad de expresión se suele terminar aplicando, lisa y llanamente, la censura. Apenas ayer, en su escalada para convertirse en gobernante a perpetuidad en su país, Venezuela, Hugo Chávez anunció el inicio de inspecciones de todo tipo a las empresas de radio y televisión que aún son independientes (apenas un puñado) argumentando “que una cosa es la crítica y otra la conspiración”. La causa del nuevo enojo del presidente es que esos medios informaron de daños y problemas que se habían generado en Caracas días atrás por un temblor. Chávez les advirtió que no abundaran en las críticas porque “están jugando con fuego” y amenaza con expropiar los medios que no controla el Estado.
Para el mandatario venezolano, como para muchos gobernantes, la crítica es sinónimo de conspiración. En otros casos, por ejemplo entre las fuerzas políticas en México, la libertad de expresión resulta también algo que debe ser limitado porque puede llevar a críticas, justas o injustas, contra cualquiera de sus integrantes y ello se convierte de inmediato en una “campaña negra”. Las nuevas instituciones electorales, producto de la fallida reforma que se implementó meses atrás, se han convertido en los principales impulsores de esa idea: una cosa, dirían parafraseando a Chávez, es la libertad de expresión y otra las campañas negativas. El consejero Marco Gómez Alcantar fue más allá el martes cuando dijo, al ordenar a You Tube retirar un video que ridiculizaba al gobernador Fidel Herrera, que “no permitiremos que amparados en la libertad de expresión se implementen campañas negras y publicidad indirecta como en el 2006, no lo permitiremos en el 2009”.
Es difícil concentrar en pocas líneas tantos desaciertos: primero, el IFE no puede controlar los contenidos en Internet. No puede hacerlo ni legal ni materialmente, salvo que el gobierno mexicano se convierta en una copia del chino o el cubano y limite el acceso a Internet de sus habitantes. La red es global, y puede el IFE pedirle a You Tube México que quite algo, pero no puede evitar que lo mismo aparezca en otra página con domicilio en cualquier lugar del mundo y se trasmita sin problema alguno. Tampoco puede evitar que se envíen miles de mensajes con esos u otros videos o textos sobre cualquier personaje. El martes mientras conducía la tercera emisión de Imagen Informativa y hablaba de la declaración de Marco Gómez recibí en mi correo seis mensajes diferentes, atacando, dos al presidente del PAN, al gobernador de Puebla, al jefe de gobierno capitalino y una copia, por mail, del que estaba “prohibiendo” el IFE sobre el gobernador de Veracruz.
Pero lo más grave no es que el IFE intente luchar contra los molinos de viento, sino que además está librando una lucha que no tiene sustento legal. La publicidad en Internet no está regulada en la ley electoral y en todo caso ni siquiera se puede comprobar que cualquiera de esas publicidades ha sido impulsada o puesta en un portal por un partido político. El problema para los consejeros como Marco Gómez es que realmente creen que “amparados en la libertad de expresión” se esbozan campañas negativas.
¿Quién le dijo, además, que el centro de la campaña del 2006 fue la publicidad indirecta y las campañas negativas y quién que la publicidad negativa no forma parte de las prácticas democráticas en cualquier país que se precie de serlo?. El mismo martes en que Marco Gómez hablaba de limitar la libertad de expresión se daba el debate sobre el estado de la nación en España: allí el presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero le dijo a la oposición del PP que el objetivo de ese partido “no es colaborar para vencer la crisis, sino servirse de la crisis”. Y el líder del PP, Mariano Rajoy le dijo al mandatario del PSOE que eso “es mentira, (el presidente) mintió sobre la crisis por un mezquino cálculo electoral. A usted no le importan los cuatro millones de parados (desempleados)”. Y que yo sepa ni el PSOE ni el PP han corrido al Tribunal Constitucional de su país para quejarse de que fueron difamados y que uno u otro realiza una campaña negativa en su contra amparados en la libertad de expresión.
Regresemos al 2006. ¿Por qué no puede decir un partido que un candidato es un peligro para México?¿Por qué no puede ese mismo candidato decirle “cállate chachalaca” al presidente de la república? (¿por qué la campaña del peligro para México es una consigna más o menos negativa que saquemos al PRI de Los Pinos o decir que el Fobaproa salvó a los ricos?¿por qué la ciudadanía o cualquier organización civil no puede advertirle a la gente que en su opinión las propuestas de un candidato la pueden afectar, y eso va desde la economía hasta el aborto o la participación de la iglesia o las estrategias de seguridad?. La gente decidió, en esa como en cualquier otra elección, con base en su opinión y el IFE, y los partidos, están subestimando la capacidad de la sociedad de decidir con base en sus propias percepciones.
Si se difama a cualquier persona ahí están los mecanismos para demandar al difamante. Pero si lo que hay es crítica, si lo que se intenta es contrastar por los negativos, las cualidades o defectos de cualquiera de los actores, estamos ante un juego legítimo de cualquier democracia.
Pero existe algo peor: la aplicación de la ley por el IFE resulta selectiva. Se intentan prohibir los mensajes en Internet sin tener atribuciones legales para hacerlo al tiempo que se trasmiten uno tras otro anuncios donde alguien que no es candidato hace publicidad para tres partidos distintos (lo que está expresamente prohibido por la ley) utilizando, precisamente, argumentos de la más cruda campaña negativa contra el gobierno. Y en el IFE siguen preocupados por los que “se embozan tras la libertad de expresión”.