La fuga de 50 delincuentes, por lo menos once de ellos de máxima peligrosidad y pertenecientes a un comando de los Zetas que había sido detenido apenas el año pasado, de un penal de Zacatecas; la crisis de seguridad que se ha suscitado en Morelos después de la detención de una célula de los Beltrán Leyva; el margen de impunidad con que operan los grupos de El Chapo Guzmán en Durango, son, entre muchos otros ejemplos, tres de los casos que confirman la debilidad estructural que sufren los sistemas de seguridad en prácticamente todos los estados del país. Debilidad que deviene, en forma directa de la corrupción y la penetración que ha alcanzado el crimen organizado en todos ellos.
Para mi amigo Pablo Hiriart, por su nueva aventura en la vida y el periodismo
La fuga de 50 delincuentes, por lo menos once de ellos de máxima peligrosidad y pertenecientes a un comando de los Zetas que había sido detenido apenas el año pasado, de un penal de Zacatecas; la crisis de seguridad que se ha suscitado en Morelos después de la detención de una célula de los Beltrán Leyva; el margen de impunidad con que operan los grupos de El Chapo Guzmán en Durango, son, entre muchos otros ejemplos, tres de los casos que confirman la debilidad estructural que sufren los sistemas de seguridad en prácticamente todos los estados del país. Debilidad que deviene, en forma directa de la corrupción y la penetración que ha alcanzado el crimen organizado en todos ellos.
La fuga en Zacatecas era prácticamente un evento anunciado. Los grupos relacionados con los Zetas, tienen una fuerte presencia en ese estado y en Aguascalientes (¿por qué continuaban detenidos en el estado los integrantes de esa organización sabiendo el peso que la misma tiene en esa región?), y están trabajando intensamente para consolidarse en un área, una actividad, que les resulta imprescindible: la producción de marihuana, un cultivo que les da a los distintos grupos del narcotráfico, la base económica sobre la cual pueden desarrollar otras actividades. Hace mucho que la marihuana no es la droga más importante para muchos grupos pero sigue siendo la que otorga la base para desarrollarse en otros ámbitos de la delincuencia organizada. Los Zetas han perdido, en ese sentido, muchos espacios y eso es lo que hace más fuerte a algunos de sus competidores, como el cártel de Sinaloa, y a sus aliados conyunturales, como los Beltrán Leyva. Zacatecas se ha convertido en un terreno fértil para los Zetas y una de sus más importantes bases de operación e independientemente de la voluntad de la gobernadora Amalia García, lo cierto es que existe un añejo problema con la seguridad en el estado que no ha sido atendido, por lo menos en lo referente al combate al crimen organizado, que ha penetrado a personajes, sectores y corporaciones. Resulta difícil de comprender la facilidad con que un comando puede hacerse del control de un reclusorio, prácticamente sin utilizar la fuerza, liberar a más de 50 delincuentes y huir con ellos, sin que exista algún tipo de reacción. Se ha hablado en estos días de investigaciones, complicidades, de penetración del narcotráfico en grupos políticos del estado: todo puede ser, pero lo que resulta indiscutible es que no se ha hecho la tarea, por lo menos la relacionada en garantizar cuerpos de seguridad mínimamente confiables en el ámbito local. Y mucho menos en lo referente a reclusorios que los gobiernos estatales prácticamente han dejado en el abandono (y al esfuerzo federal le falta muchísimo en ese sentido, nadie quiere gastar en cárceles pero el sistema está absolutamente rebasado).
Lo de Morelos es igual de vergonzoso y algo que se sabe desde tiempo atrás, que ha hecho caer, uno tras otro desde los tiempos de Carrillo Olea a los jefes policiales locales y no pasa nada. La “renuncia” de los secretarios de seguridad pública y del procurador estatal, es el preámbulo de una depuración que deberá ser muy profunda. La detención de una célula, de las más poderosas de los Beltrán Leyva, ha generado una reacción en cadena que afectará a muchos grupos políticos y empresariales del estado. Las autoridades federales tienen información, a partir de esa detención, de buena parte de la estructura de corrupción en el estado y las investigaciones llegarán, ya están llegando, a muchos personajes públicos del ámbito local.
Lo que resulta incomprensible es que hayan pasado por lo menos cuatro gobernadores diferentes, de diferentes partidos y corrientes política y que ninguno de ellos haya podido reconstruir unas fuerzas de seguridad que una y otra vez, terminan acusadas de estar coludidas con distintas organizaciones del narcotráfico. El tema trasciende los partidos y el costo sigue siendo muy alto para el estado y la sociedad.
En Durango la debilidad estructural del estado para garantizar la seguridad es quizás una de las mayores del país. No ayuda la geografía pero tampoco se ha trabajado, durante muchos años, en la seguridad. La sierra, la zona del triángulo dorado, es prácticamente territorio sin control de las autoridades y un área de amplísimas libertades para el cártel de El Chapo Guzmán. No alcanzan en ese sentido las declaraciones, los buenos oficios, la denuncias solapadas o no. El hecho es que no existe control real y ello ha provocado, además, un crecimiento de la base social de la delincuencia organizada como quizás no exista en ninguna otra región del país. Y los recursos destinados por las autoridades locales a ambos combates, el de seguridad y el social, son ridículamente insuficientes.
No se trata de buscar culpables entre los gobernadores actuales o anteriores (aunque si los hay debe haber un castigo, con quien sea), pero el sistema difícilmente puede mantenerse así por demasiado tiempo más. Es urgente que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría puedan terminar de acoplarse a las nuevas normas legales y establecer una relación mucho más firme con los gobiernos locales. Sin duda ha habido avances en estos terrenos, pero es muchísimo más lo que aún falta por hacer. Y que se utilice tanto esfuerzo social para detener delincuentes y que luego se puedan ir por la puerta de los reclusorios; que se repita una y otra vez el esquema de corrupción en una misma corporación de seguridad; o que cualquier narcotraficante tenga un territorio donde no es molestado, frustra muchos de los avances y las expectativas sociales.