Una delegación del estado de Chihuahua, incluyendo el gobernador José Reyes Baeza y el líder de la cámara de diputados, César Duarte, estuvieron en Colombia analizando las estrategias de ese país en la lucha contra el narcotráfico. Duarte se deshizo en elogios, la gran mayoría merecidos, respecto a la lucha que Colombia ha librado contra el crimen organizado: “México debe aprender de Colombia” dijo Duarte que, específicamente habló de la integración y participación de las policías, de los sistemas de inteligencia, de los mecanismos de extinción de dominio, sobre todo alabó la forma integral con que esa nación sudamericana ha enfrentado el desafío de la delincuencia en todos sus niveles.
Una delegación del estado de Chihuahua, incluyendo el gobernador José Reyes Baeza y el líder de la cámara de diputados, César Duarte, estuvieron en Colombia analizando las estrategias de ese país en la lucha contra el narcotráfico. Duarte se deshizo en elogios, la gran mayoría merecidos, respecto a la lucha que Colombia ha librado contra el crimen organizado: “México debe aprender de Colombia” dijo Duarte que, específicamente habló de la integración y participación de las policías, de los sistemas de inteligencia, de los mecanismos de extinción de dominio, sobre todo alabó la forma integral con que esa nación sudamericana ha enfrentado el desafío de la delincuencia en todos sus niveles.
Es justo. Colombia, como también dijo Duarte, ha tenido grandes éxitos pero también errores en ese proceso, pero lo que no deja de ser desconcertante es que gobernadores y legisladores admiren en otros países lo que se han negado a hacer en México. El tema policial es central en el esquema colombiano: allá existe una policía nacional, centralizada y militarizada, que actúa bajo órdenes del ejecutivo federal con base en leyes muy estrictas y que se aplican para todo el territorio nacional. Eso es lo que acaba de rechazar el congreso, en particular la fracción del PRI (que tenía los votos para sacar la iniciativa adelante). No se pudo avanzar en una policía nacional, ni siquiera en 32 policías estatales centralizadas, no hablemos de colocarlas todas bajo un mando único. Es verdad que a última hora se lograron avances importantes en la ley federal de policía, pero quedamos a años luz de lo que tiene en ese sentido Colombia.
Se podrá argumentar que la depuración policial ha sido intensa en Colombia. En buena medida sí, pero antes de eso tuvieron un proceso de corrupción incluso peor que el nuestro. Se logró depurar las fuerzas de seguridad con mecanismos muy férreos y estrictos, acompañado, como también lo reconoció la delegación de Chihuahua, con un plan integral que contó, cuenta aún, con una colaboración y participación inestimable de Estados Unidos: el plan Colombia contempla y así ha sido durante los últimos ocho años, desde apoyo material y humano hasta el respaldo para una profunda reforma del sistema judicial y penal. Ni remotamente tenemos algo similar en México. Es más, en nuestras condiciones sería materialmente imposible contar con un respaldo material y humano de Estados Unidos como el que tiene Colombia. no lo aceptarían los partidos.
Hay otros factores importantes: el presidente Alvaro Uribe, que se debate ahora si irá o no por un tercer mandato, para lo cual se tendría que reformar la constitución (como ya se hizo para que fuera reelecto) cuenta con una sólida mayoría en el congreso, pero incluso entre las fuerzas opositoras, se llegó al consenso, luego del fracaso del gobierno de Andrés Pastrana, de que era imprescindible un frente unido contra el narcotráfico y la violencia, incluyendo las FARC, el ELN y los grupos paramilitares, los grupos de violencia política que se quedaron con buena parte del negocio del narcotráfico. Y a eso se sumaron los medios, luego de una oleada de violencia que también los hizo víctimas de la misma. Con todas sus diferencias empresariales y políticas, los medios en Colombia han presentado un frente común que incluye una suerte de código ético que haría imposible la publicación en primera plana, por ejemplo, de narcomantas amenazando autoridades o fotos de decapitados.
En esa convicción y en ese frente común de partidos y medios, la sociedad ha jugado un papel fundamental: los miles de secuestrados que aún están en poder de las FARC y de otros grupos, la inaudita violencia del narcotráfico y los grupos armados contra la sociedad ha galvanizado a ésta contra la misma. Hoy Colombia sigue siendo un país donde casi un tercio del territorio nacional, buena parte del sur y de la frontera con Venezuela, no está plenamente controlado por el Estado, donde la producción de droga sigue siendo una realidad y los grupos del narcotráfico siguen operando. Pero el Estado y la sociedad han recuperado ciudades, territorios, carreteras: han dicho ya basta. Pero para eso tuvieron que cambiar el sistema, los medios, los partidos y la gente. Simplemente hay cosas que para la enorme mayoría no son aceptables.
En nuestro caso no es así. Se sigue hablando de la cultura del narcotráfico o de su apoyo social para justificar la ausencia de acciones cuando en realidad es difícil imaginar un país que haya estado más permeado por el narco en América que Colombia. No se trata de culturas o de arraigo social sino de establecer normas y criterios aceptados por la enorme mayoría. En nuestro caso ni la mayoría de los partidos ni tampoco los medios aceptan la necesidad de una policía nacional y centralizada, de una participación regional y también integral de fuerzas multinacionales en el combate al crimen, de leyes estrictas y de vigencia nacional. Sigue habiendo quienes opinan que la delincuencia organizada simplemente es un fenómeno social derivado de la pobreza o que la guerra, o como se la quiera llamar, contra el crimen organizado, es simplemente una coartada o una estrategia política partidaria. Mientras en Colombia se combate y se considera terrorista y narcotraficante a las FARC, aquí delegaciones de legisladores van a defender a sus integrantes a Ecuador y a los acusados de pertenecer a esa organización los reciben con honores en la cámara de diputados y en la UNAM. Y se llega la extremo de tratar de evitar la extradición de uno de sus líderes de México a Colombia y de colocar como candidata a diputada para los próximos comicios a una joven que fue detenida en el principal campamento de esa organización, misma que trafica con drogas y con política en nuestro país, o sea que en parte es responsable de violencia que vivimos. Eso es parte de lo que tendríamos que aprender de Colombia.