Me parece terrible que en pleno Acapulco, a la luz del día, se pueda dar un enfrentamiento que deje un saldo de 18 muertos: dos militares y 16 sicarios del narcotráfico. Con todo, no deja de ser parte de una ola de violencia que va de la mano con la guerra que se libra contra la delincuencia organizada. Pero la muerte de 38 niños, bebés casi todos ellos, con 23 más hospitalizados, algunos con graves quemaduras, por el incendio que se produjo frente a una guardería en Hermosillo, debe resultar sencillamente inaceptable y exhibe las corrupciones, las debilidades de buena parte de nuestro sistema institucional.
Me parece terrible que en pleno Acapulco, a la luz del día, se pueda dar un enfrentamiento que deje un saldo de 18 muertos: dos militares y 16 sicarios del narcotráfico. Con todo, no deja de ser parte de una ola de violencia que va de la mano con la guerra que se libra contra la delincuencia organizada. Pero la muerte de 38 niños, bebés casi todos ellos, con 23 más hospitalizados, algunos con graves quemaduras, por el incendio que se produjo frente a una guardería en Hermosillo, debe resultar sencillamente inaceptable y exhibe las corrupciones, las debilidades de buena parte de nuestro sistema institucional.
En la guardería de Hermosillo los niños murieron porque al incendiarse un taller de depósito de la secretaría de Hacienda (otras versiones atribuyen el inicio del incendio a una llantera ubicada entre este taller y la guardería), el mismo se propagó rápidamente y el fuego bloqueó la entrada a la guardería donde los niños en ese momento dormían. Se podrá argumentar que en realidad se trató de una mala jugada del destino. Lamentablemente no fue así: el IMSS, que subrogaba, como lo hace en muchos otros casos, los servicios de la guardería, asegura que le fueron entregado apenas en mayo pasado los documentos de verificación de las instalaciones de la guardería (propiedad por cierto de algunas de las familias más prominentes del estado) y que todo estaba en orden y la misma cumplía con todos los requisitos, como salidas alternas y de emergencia, equipos contra este tipo de accidentes y adecuada ventilación. Todos los testimonios y los hechos demuestran que no fue así, que la mayoría de las víctimas murieron asfixiadas y otras quemadas porque al bloquear el fuego la entrada principal simplemente no había por donde salir, por donde rescatar a los bebés. Tan grande fue la desesperación de la gente y los bomberos que con camionetas comenzaron a golpear las paredes del edificio tratando de demolerlas para sacar a los niños. Los resultados de la tragedia ya los conocemos, pero en esto tienen que haber intervenido, además del destino, una cadena de errores y de hechos de corrupción. ¿Cumplían con los reglamentos mínimos el taller y la llantera que se incendiaron en forma tan virulenta y rápida?. Si el IMSS dice que los certificados de las inspecciones sostenían que todo estaba en orden y se cumplía con los reglamentos correspondientes ¿quién mintió, quién realizó la inspección, quién se hace responsable?. Vayamos más allá: nadie duda que la gente necesita más y mejores guarderías y que el sistema de subrogación es más económico y eficiente para brindar ese servicio, pero entonces ¿cómo hacer para que esas instalaciones realmente cumplan las normas mínimas vigentes sobre todo cuando estamos hablando de la vida y la seguridad de bebés y niños?. Una vez más ¿quién se hace responsable?
Porque no se trata de un hecho aislado. Todos recordamos el caso, que dista de estar resuelto, de los albergues para menores llamados Casitas, ligados a una institución religiosa de oscura procedencia y donde han desaparecido un número aún no cuantificado de niños y niñas. Albergues que se presume tienen algún tipo de relación con organizaciones de tráfico de menores. Que a un lugar como Casitas, con espacios en varios lugares de la república, entre ellos Cancún y Monterrey, es incomprensible que las autoridades del DF, pudieran derivar, entregar, niños y niñas para su custodia sin darle seguimiento a su situación, pero también sin siquiera inspeccionar si esos lugares cumplían con las normas elementales de operación. ¿Cómo pueden desaparecer algunos niños y niñas sin tener idea de su paradero, cómo pueden ser adoctrinados los otros en criterios religiosos integristas, cómo pueden vivir en lugares sobresaturados y ninguna autoridad enterarse de ello y además seguir enviándoles infantes para su cuidado?
¿Cómo olvidar, por ejemplo, un caso que le reseñamos aquí y en el programa de televisión Todo Personal, el de los Albergues Gratitud, que controlaba el detenido Rafael Cedeño en Michoacán y que en realidad eran, son, centros de operaciones del cártel de La Familia?. En esos supuestos centros de control de adicciones, en realidad se formaban sicarios y otros operadores del narcotráfico. Se estima que unos nueve mil jóvenes, sobre todo de Michoacán, el estado de México y Guanajuato, pasaron por esos albergues donde fueron supuestamente para dejar las drogas y muchos quedaron convertidos en empleados de grupos del narcotráfico. Y allí también las propias autoridades les enviaban jóvenes que tenían problemas de adicciones. ¿Quién regula, quién inspecciona, quién se hace responsable de esos hechos?¿cómo puede ser que nadie supiera cómo funcionaban esos albergues, quién decidía enviarles jóvenes adictos en busca de recuperación?
Algo está muy mal. No se trata de accidentes o de hechos aislados. El cuidado de los niños y de los jóvenes está prácticamente abandonado. Hay miles de guarderías y escuelas que funcionan fuera de la normatividad (incluyendo las miles de escuelas que no cuentan con el mobiliario y las instalaciones indispensables, como un pupitre o un baño con agua, para cumplir su función); los niños y jóvenes que provienen de familias con problemas, que han sido abandonados o que por alguna razón han perdido sus padres o ellos mismos los han dejado, terminan en muchos casos en albergues como Casitas, de supuestas organizaciones religiosas que no tienen ni registro; nadie sabe cuántos “centros de tratamiento de adicciones” lo son en realidad y cuántos, como los que vimos en Michoacán, son en realidad, tapaderas de criminales o grupos o personas con objetivos absolutamente ajenos a ese quehacer. Y por allí, por las guarderías, escuelas, albergues, centros de adicciones pasan millones de nuestros niños y jóvenes cotidianamente, sin protección alguna. Desamparados por la sociedad y el Estado.