Lo que denominamos nuestra izquierda está a la deriva política, ideológica, operativa. Los distintos grupos que la componen siguen sin decidirse si apostar por la democracia y ser parte confiable del sistema o jugar a la revolución o a los negocios. Siguen pensando que unas reglas del juego se aplican para todos los demás participantes y otra especial, diferente, para ellos. Y entonces no juegan a nada. La máxima expresión es la campaña al borde la de la legalidad (o de la ilegalidad) de López Obrador y el delirio de la presidencia legítima, pero en el plano terrenal esa falta rumbo y claridad es cosa de todos los días: olvidemos la campaña electoral en donde el PRD va por un lado, López Obrador con el PT y Convergencia por otro, donde la gente en realidad no sabe si tiene que votar por unos o por otros, y nadie tiene por la menos la valentía de definir con claridad los campos entre el ex candidato y el que a todas luces es ya su ex partido.
Lo que denominamos nuestra izquierda está a la deriva política, ideológica, operativa. Los distintos grupos que la componen siguen sin decidirse si apostar por la democracia y ser parte confiable del sistema o jugar a la revolución o a los negocios. Siguen pensando que unas reglas del juego se aplican para todos los demás participantes y otra especial, diferente, para ellos. Y entonces no juegan a nada. La máxima expresión es la campaña al borde la de la legalidad (o de la ilegalidad) de López Obrador y el delirio de la presidencia legítima, pero en el plano terrenal esa falta rumbo y claridad es cosa de todos los días: olvidemos la campaña electoral en donde el PRD va por un lado, López Obrador con el PT y Convergencia por otro, donde la gente en realidad no sabe si tiene que votar por unos o por otros, y nadie tiene por la menos la valentía de definir con claridad los campos entre el ex candidato y el que a todas luces es ya su ex partido. Olvidemos también la feroz disputa entre la gobernadora Amalia García y el senador Ricardo Monreal. Olvidemos por un momento a Leonel Godoy, demandando participar en los operativos que se realizan contra sus más cercanos colaboradores cuando habiendo sido advertido de las posibles relaciones de éstos con el narcotráfico, una y otra vez ignoró a las autoridades federales.
Pero, cómo explicar que se acepte, por ejemplo, seguir con esquemas de operación en el Distrito Federal que deberían ser inaceptables luego de toda el agua que ha corrido bajo ese puente. Un ejemplo: entrevistamos en estos días a Carlos Ahumada, asegura que entregó al PRD y a funcionarios del GDF en época de López Obrador, unos 400 millones de pesos. Se puede o no creerle a Ahumada, pero lo cierto es que él venía trabajando con el gobierno capitalino desde la época de Camacho y nunca había tenido problemas con las autoridades hasta que llegó Andrés Manuel con su inefable René Bejarano. En ese momento llegaron también otras constructoras, que se hicieron grandes de la mano del entonces jefe de gobierno, como Rioboo, a la cual se le adjudicaron numerosas obras públicas, entre ellas la construcción del segundo piso (obra, por cierto, que en la licitación pública había ganado la empresa de Ahumada, licitación que se anuló para adjudicarla, por un costo mayor, a Rioboo y otras subsidiarias). Todos esos constructores, lo contamos en el libro Calderón presidente (Grijalvo, 2007), estuvieron en la primera fila, delante de cualquier dirigente partidario, el día de la toma de protesta de López Obrador como candidato presidencial. Ahumada, santo o diablo, no importa, cuenta y documenta cómo operaba el esquema de extorsión y corrupción con la secretaría de finanzas, la contraloría, los operadores políticos, los delegados y la jefatura de gobierno. Dice que pagó 400 millones de pesos, por lo menos 250 millones de ellos plenamente documentados. ¿Era el único?¿los que hicieron obras de miles de millones por adjudicación directa durante ese sexenio, ninguno de ellos participó en ese esquema de corrupción, ninguno financió o financia actividades, viajes de placer, comités partidarios, campañas?¿cuánto dinero ha corrido por debajo de la mesa entre nuestras fuerzas de izquierda?¿cuántos que eran austeros líderes sindicales hoy son prósperos funcionarios?¿de qué viven?. Se le puede creer o no a Ahumada pero lo significativo es que después de esas acusaciones públicas ni uno solo de los involucrados en esas historias ha decidido siquiera iniciar una demanda por difamación. Pero la historia continúa: las obras se siguen otorgando por adjudicación directa y apenas esta semana nos enteramos que la misma constructora Rioboo, la del segundo piso y muchas otras obras, será la encargada de construir todas las estaciones de la línea 3 del Metrobus.
Si eso ocurre en el terreno de los negocios, en el de la política las cosas son más confusas aún. Leo la entrevista que le hace Alejandro Sánchez al ex dirigente del PT y ahora del PRD, José Narro Céspedes sobre la candidatura de Lucía Morett por el PT y el desconcierto no puede sino aumentar. Mientras el PRD, al que apoya y en cuyos anuncios aparece Narro Céspedes, habla de una nueva izquierda, coloca a una niña en sus anuncios y dice que apuesta por la democracia, Narro nos cuenta que en realidad se candidateó Morett para darle fuero y evitar que sea deportada a Ecuador donde está acusada de atentar contra la seguridad nacional de ese país y de ser miembro de las FARC. Narro (homónimo del rector de la UNAM) explica incluso, y lo justifica, que en su ex partido, el PT, tenían una larga tradición de enviar jóvenes a Cuba, Venezuela y Colombia (léase a los campamentos de las FARC) para “entrenarlos y formarlos”. Explica que las FARC quieren participar en el Foro de Sao Paulo, con otras fuerzas de izquierda y que se les impide una participación abierta porque ejercen la lucha armada y se justifica con aquella vieja versión, enterrada por el tiempo, de la necesidad de aplicar para la toma del poder “todas las formas de lucha”, léase la lucha armada incluso contra un régimen democrático y elegido legalmente. Y le parece la respuesta más natural del mundo. Es difícil imaginar por dónde comenzar: ¿no sabe Narro Céspedes que las FARC son consideradas una organización terrorista y participante activo en el narcotráfico, incluso en México?¿le parece aceptable mandar jóvenes a entrenarse con un grupo que tiene a centenares de secuestrados en la selva, trafica con drogas y coloca carros bomba?¿cree realmente que “todas las formas de lucha” son aceptables para llegar al poder?¿opina que una diputación debe otorgarse para otorgarle fuero a alguien perseguido por la ley?¿qué izquierda es esa? o peor aún ¿realmente tiene todo esto algo que ver con lo que entendemos por una izquierda moderna?