Ha dicho Alejandro Martí que hay funcionarios que, a un año de los acuerdos por la seguridad que se suscribieron el 21 de agosto pasado en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberían renunciar. Y sin duda, los hay en los diferentes ámbitos y niveles de gobierno, pero pocas cosas parecen estar más fuera de control que las fuerzas de la policía judicial del DF. La suma de errores, de percepciones de corrupción, de investigaciones fallidas, de asesinatos por fuego amigo, son demasiadas como para ser ignoradas.
Ha dicho Alejandro Martí que hay funcionarios que, a un año de los acuerdos por la seguridad que se suscribieron el 21 de agosto pasado en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberían renunciar. Y sin duda, los hay en los diferentes ámbitos y niveles de gobierno, pero pocas cosas parecen estar más fuera de control que las fuerzas de la policía judicial del DF. La suma de errores, de percepciones de corrupción, de investigaciones fallidas, de asesinatos por fuego amigo, son demasiadas como para ser ignoradas.
En el caso de Fernando Martí, como ya hemos escrito en otras oportunidades, alguien se robó los cinco millones de pesos que la familia pagó como rescate del joven y éstos no llegaron a los secuestradores. Y los únicos que sabían cómo y cuándo se pagaría el rescate serían el negociador del secuestro, Ernesto Mendieta y los mandos de la policía judicial capitalina que le daban apoyo. No existe ninguna evidencia, pese a lo dicho por la procuraduría capitalina, de que esos recursos fueron robados por una parte de la banda de secuestradores en demérito de la otra. Es más, la evidencia existente demuestra lo contrario: la secretaría de seguridad pública federal ha detenido a parte de la banda de los Petriciolet, uno de cuyos integrantes acepta haber sido incluso uno de los asesinos materiales de Fernando y ha encontrado la casa donde estuvo, como otros, secuestrado. Se confirmó que esa banda había realizado por lo menos otros cuatro secuestros luego del de Fernando. Si una parte de la misma hubiera robado el rescate ello hubiera sido imposible. Y la información que proporcionaron los propios delincuentes es que el dinero no llegó a destino. Y los que sabían donde y cómo se pagaría eran los mandos de la Policía Judicial del DF.
A partir de allí, de la reunión del Consejo de Seguridad del pasado 21 de agosto, se desencadenaron diversas investigaciones del caso Martí, encabezadas por la procuraduría capitalina, que han resultado fallidas y que apuntan más a la construcción de culpables que a la búsqueda de los verdaderos responsables. Primero fue la detención de dos policías que fueron a preguntar por la salud de Sergio Ortiz El Apá; luego la identificación de éste como el jefe de la banda de La Flor, sin que existiera una sola prueba que se pudiera mostrar al respecto. Luego la detención de otros integrantes de la misma banda incluyendo a la llamada Comandante Lore.
Ahora, la PGJDF dice que un niño que fue secuestrado con anterioridad a Fernando reconoce a Ortiz como el hombre que lo detuvo en un falso retén que sirvió para el secuestro. Puede ser, ya que Ortiz y otros integrantes de esa banda eran investigados por la SSP federal desde tiempo atrás porque se los consideraba sospechosos de haber participado en varios secuestros. Lo que sucedió es que en los hechos la procuraduría capitalina reventó esa investigación, a la que tenía acceso legal, para colgarles el caso Martí. Y ese crimen jamás lo han podido comprobar. Y la identificación, aunque sea tardía, de Ortiz en otros secuestros no demuestra que haya participado en el de Martí.
Similar al de Martí es otro secuestro en donde también se había dado aviso a las autoridades capitalinas, el del joven Equihua, secuestrado también, ahora lo sabemos por la misma banda de los Petriciolet.
Una de las hipótesis de investigación sobre estos casos sostiene que en realidad son distintos grupos de la policía judicial capitalina los que están dando albazo a los otros en un contexto de cada vez mayor enfrentamiento interno.
Ello podría confirmarse con lo ocurrido en el fallido intento de rescate de la señora Yolanda Cevallos Coppel en el que murieron el jefe de la banda, Sergio Flores, el Iván, la propia víctima, Cevallos Coppel y dos jefes del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GIRE). La versión oficial desde un inicio era difícil de digerir. Miembros de dos grupos operativos distintos, el GIRE y la Fuerza Antisecuestros (FAS), ambos de la policía judicial del DF, llegan a las tres de la mañana por una denuncia ciudadana con un aparatoso despliegue de fuerza a rescatar a una persona secuestrada a una vivienda de una colonia popular. Por órdenes del jefe de la FAS, Erasmo de la Rosa, llegan más de diez patrullas a la puerta de la casa. Se supone que no conocen el lugar pero el mismo Erasmo de la Rosa, les abre la puerta con la llave de la vivienda. Ahora sabemos que le había sido proporcionada por una de mujeres involucradas con la banda a un cómplice que a su vez se había reunido con De la Rosa y les había informado, según publicó Martín Moreno, con anterioridad del secuestro. O sea que De la Rosa, jefe del FAS sabía que se realizaría el secuestro y no hizo nada por evitarlo. Cuando llegan al primer piso se dice que son sorprendidos por El Iván que se da tiempo de dispararles, matar a los dos jefes del GIRE, Carlos Rincón y José Moreno, volver al cuarto donde está la secuestrada, dejar la ametralladora Ak-47 que portaba y reemplazarla por una pistola (¿por qué?) con la que mata a la víctima y se suicida.
Pero ahora sabemos por los estudios periciales, pese a que el fiscal Juan Maya no ha pedido la reconstrucción de los hechos, que los jefes del GIRE, Rincón y Moreno, fueron asesinados por sus propios compañeros del FAS, que les dispararon por la espalda y crecen las versiones de que la señora Cevallos Coppel también habría sido muerta por fuego supuestamente “amigo”. No se comprende, tampoco, porque se decidió realizar ese aparatoso operativo cuando la denuncia no la tenía la PGJDF, sino la Secretaría de Seguridad federal a la que intentaron arrebatarle el rescate. Todo eso trató de ser ocultado. Por cierto: los del FAS, Maya, y otros mandos involucrados en el caso Coppel, son los mismos que “ayudaron” en el caso Martí y a los que se les perdieron los cinco millones de pesos del rescate de Fernando.