Al inicio de la administración Calderón decíamos en este espacio que se había cometido un error cuando se decidió establecer una lucha más abierta que soterrada entre el Ejecutivo federal y el senado por las atribuciones de la Cofetel y que quien hubiera ideado esa estrategia le estaba haciendo un flaco favor al propio presidente Calderón.
Al inicio de la administración Calderón decíamos en este espacio que se había cometido un error cuando se decidió establecer una lucha más abierta que soterrada entre el Ejecutivo federal y el senado por las atribuciones de la Cofetel y que quien hubiera ideado esa estrategia le estaba haciendo un flaco favor al propio presidente Calderón.
El conflicto se inició el 9 de mayo del 2006 cuando el presidente Fox propuso a los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que debían ser ratificados por el senado. De los cinco propuesto sólo uno, el actual presidente Héctor Osuna, fue ratificado y entre los rechazados estaban Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar Alrich que se inconformaron por argumentando que las razones expuestas para rechazarlos no eran legítimas y presentaron un amparo que muchos meses después ganaron, incorporándose a la Comisión aunque tenían ya, ambos, altos cargos en la secretaría de Comunicaciones y Transportes. Semanas más tarde, el gobierno expidió un reglamento donde las atribuciones para la adjudicación de concesiones de radio y televisión regresaban en los hechos a manos de la propia SCT.
La idea era recuperar para el ejecutivo federal lo que se había perdido en términos de regulación y control sobre un sector, obviamente, cada día más importante para cualquier proyecto estratégico. Pero ese reglamento fue el que apenas el lunes fue rechazado por la Suprema Corte estableciendo que la atribución para esas adjudicaciones, lo mismo que para las cancelaciones, es de la Cofetel y no del Ejecutivo federal.
La decisión tiene lógica: las atribuciones de la Cofetel fueron votadas por amplia mayoría en el congreso y la intención de los legisladores era darle un margen muy amplio de maniobra a la Comisión y si bien se dejan algunas atribuciones a la SCT, sobre todo en términos de capacidad de veto para algunas decisiones, lo cierto es que le quita casi todo su espacio de operación en ese ámbito. Se dijo entocnes que la conformación de la Cofetel estaba inducida por los medios, y evidentemente la mayoría de los especialistas en el sector han tenido necesariamente relación con las empresas que allí operan, pero la conformación de la Comisión parece ser bastante plural e incluso el gobierno, en los hechos, recuperó con la incorporación de Martínez Poues y Villar Alrich, dos de las cinco posiciones de dirección.
Pero lo que señalábamos en aquella oportunidad, el primero de febrero del 2007, era que políticamente se estaba generando un conflicto gratuito entre los principales medios, la Cofetel y el senado contra el ejecutivo federal. Y decíamos que siguiendo a Sun Tze que en ocasiones “es mejor ceder antes que luchar, presentando batalla sólo cuando no hay otra elección posible”. Un alto funcionario federal me dijo en aquel momento que no importaba, que el gobierno debía comenzar a enfrentarse a los grandes monopolios y que había escogido ese terreno para hacerlo. Pensé y pienso que no se han creado las condiciones para ello y que se estaban equivocando.
Visto lo ocurrido con posterioridad pareciera que esa decisión se mantuvo. La reforma electoral atacó, por sobre todas las cosas a los medios, particularmente a radio y televisión. El reglamento de la SCT declarado inconstitucional por la Corte iba en ese sentido: regular y controlar desde el ejecutivo y planteó una nueva batalla con el senado. La decisión de no cobrar impuestos a los nuevos jugadores en telecomunicaciones, esta misma semana salieron las convocatorias, busca abrir un espacio para algunos y crearles competencia a otros. Y como reacciones recientes en esa puja Ejecutivo-Senado tenemos la oposición del senado al paquete fiscal (incluyendo la propuesta de Manlio Fabio Beltrones de realizar una reforma fiscal profunda), o apenas ayer la decisión de mantener sin cambios la estructura del gabinete presidencial, o sea de no desaparecer las secretarías de Reforma Agraria, Turismo y Contraloría.
En esta historia lo cierto es que todos quieren estar o pelear por los medios, como Enrique Peña y Marcelo Ebrard con fuertes campañas y relaciones con ellos, pasando por el senado, desde Navarrete hasta Beltrones, llegando al gobierno federal tratando de mantener regulaciones y control institucional, sin olvidar que para López Obrador quedarse con los medios, al estilo Chávez, es un objetivo de campaña. Saben que ahí reside, hoy, buena parte del poder: algunos quieren acercarse a él, otros manejarlo, pero ninguno puede ser indiferente.