Hace dos años que el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván pidió a los partidos que avanzaran en la revisión de las leyes sobre la participación del ejército en la seguridad pública y nacional. El interés era que hubiera plena certidumbre jurídica respecto a las atribuciones de las fuerzas armadas en esa responsabilidad.
Hace dos años que el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván pidió a los partidos que avanzaran en la revisión de las leyes sobre la participación del ejército en la seguridad pública y nacional. El interés era que hubiera plena certidumbre jurídica respecto a las atribuciones de las fuerzas armadas en esa responsabilidad.
Días atrás, el propio general Galván, volvió a insistir en la necesidad de que los partidos saquen adelante las iniciativas importantes para la sociedad en términos políticos, económicos, sociales y de seguridad. Lo hizo el día de la Lealtad en tono perentorio. Algunos dirigentes partidarios se molestaron y argumentaron que las fuerzas armadas no se deben involucrar en asuntos civiles: no se involucraban pero esos dirigentes se ponían el saco del reclamo militar. Pero otros comenzaron a registrar la preocupación existente desde tiempo atrás en los institutos armados por la situación que se vive y por la poca lógica de Estado que suelen exhibir nuestras fuerzas políticas.
Este viernes, en el día del Ejército una vez más el secretario de la Defensa volvió a realizar advertencias serias al sistema político y volvió a reclamar la certidumbre jurídica para los miembros de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y el crimen organizado en un momento en el cual diversos grupos han iniciado una ofensiva contra los militares que cumplen esa tarea. El fin de semana pasado, en Juárez, en la llamada marcha por la paz, no dejó de llamar la atención, por ejemplo, que en un performance que se realizó durante la movilización, los personajes que aparecían en ella matando a la población civil no eran los delincuentes, sino militares y policías, mientras que otro grupo, en una marcha que protestaba por los cientos de muertos que ha habido en esa localidad, no se expresaba en contra de los delincuentes que son los que agreden a la población, asaltan, secuestra y extorsionan, matan y se matan entre sí, sino contra las fuerzas de seguridad federales que luchan contra ellos.
En el libro De los Maras a los Zetas (Grijalvo 2006) que escribimos junto con Víctor Ronquillo, en uno de los capítulos dedicado a explicar cómo manejaba Osiel Cárdenas a su cártel desde la cárcel, destaca una carta de éste pidiendo a sus colaboradores “conseguir todos los libros, manuales, leyes, derechos humanos, servicios militares y sacarles copia como prueba documentar que obren en autos, no se pierde nada, al contrario sirve para atraer con sus mismas leyes P30 legislación militar. La mayoría de todos fuimos detenidos por militares. Solicitar los folletos de derechos humanos internacional. Solicitar trípticos de derechos humanos en México” y en esa misma carta, un párrafo antes le ordena aparentemente a sus abogados, que deben “buscar a un ex militar abogado y contratarlo en el buffet como licenciado pero no para tener contacto con los internos, únicamente jurídico y escritos”. Quien piense que los cárteles no tienen una estrategia de derechos humanos y que no la aplican peca por lo menos de ingenuidad. No se trata de solapar delitos que se pudieran haber cometido por fuerzas militares o de seguridad, pero sí de tomar conciencia de esa realidad para que los derechos humanos no sean utilizados como una estrategia de desinformación y control social por los propios delincuentes. Para eso, entre otras cosas se requiere que los partidos finalmente decidan trabajar sobre una ley de seguridad nacional que lleva mucho más de un año guardada.
Se puso énfasis, con toda razón, en la frase del general Galván respecto a que “nadie desea que esta lucha se prolongue indefinidamente. A nadie le conviene. Si se extiende en demasía, dijo en su discurso, si se alarga en exceso el trayecto de la confrontación, no sólo se incrementará el número de víctimas inocentes, también se causará un daño adicional a la población porque podría terminar habituándose a la cultura de la violencia”. Pero era más importante destacar que es la violencia, dijo, “la que genera distorsión en las percepciones colectivas y produce mitos y fantasías en donde la ausencia de respeto a las vidas humanas y la insensibilidad absoluta frente al dolor, son expresiones lamentablemente recurrentes". Y en ese contexto es donde urgió a reformar la Ley de Seguridad Nacional, reformas que calificó como “impostergables”. El sábado, un día después, los partidos volvieron a decir que sí, que en este periodo revisarán esa ley, pero no dijeron cuando. Dejar en la indefinición el punto puede servir para las campañas electorales y las críticas a las estrategias federales de seguridad parecen pensar algunos. El ejército, por lo pronto sigue, desde hace dos años, esperando una respuesta.