El gobernador Rodrigo Medina tenía en sus manos la propuesta con la que podría haber atendido la crisis en las policía estatal y municipal: crear una policía con un mando unificado para todo el estado que permitiera romper con la cadena de corrupción que se ha enquistado en ella.
El gobernador Rodrigo Medina tenía en sus manos la propuesta con la que podría haber atendido la crisis en las policía estatal y municipal: crear una policía con un mando unificado para todo el estado que permitiera romper con la cadena de corrupción que se ha enquistado en ella.
Por alguna razón, una vez en el gobierno, Medina decidió no avanzar por ese camino. Primero se designó como secretario de seguridad pública estatal a un hombre con reconocimiento de la sociedad civil y los grupos empresariales pero sin experiencia de fondo en el tema, Carlos Jaúregui, que debió renunciar cuando quiso comenzar a limpiar a las policías y se encontró con una virtual rebelión en ellas. Lo reemplazó Luis Carlos Treviño, un funcionario con una larga experiencia en el sector y en el estado que se ha impuesto como objetivo esa limpieza. La penetración de las policías regiomontanas viene de tiempo atrás, pero como ocurrió en otros lugares del país, la confrontación comenzó hace unos seis años, cuando fue evidente que a los Zetas se le habían abierto espacios en la policía municipal de Monterrey y en el área conurbada. Ello se agravó cuando uno de los grupos con peso desde tiempo atrás en la entidad, los Beltrán Leyva, rompieron con el cártel del Pacífico y se aliaron con los Zetas, aunque manteniendo espacios de autonomía mucho mayores que en otros lugares del país. Ahora las cosas han cambiado porque los Beltrán se han debilitado por la muerte de su líder, Arturo y porque los Zetas están recibiendo en su contra una intensa ofensiva de varios otros cárteles, incluyendo antiguos aliados. Pero están tratando de sostener la plaza de Monterrey a como dé lugar, saben que si la pierden perderán el control sobre la frontera de Tamaulipas y Texas y con ello su base de poder.
Las policías en Monterrey y toda su área conurbada se han convertido para estos grupos en una base de operaciones imprescindible. Desde hace meses aparecen listas de policías y mandos cooptados por los grupos criminales y se ha intentado depurar una y otra vez a esos cuerpos sin lograrlo. Antes del cambio de gobierno vimos como policías locales se enfrentaban a militares en plena calle y como aquellos bloqueos, tan similares a los que acabamos de ver en estos días, eran apoyados por policías. Ahora sabemos que en el enfrentamiento que se dio la semana pasada frente al Tec de Monterrey, donde murieron dos estudiantes, algunos sicarios también fueron “rescatados” por policías locales y que éstos participaron, colaboraron con los bloqueos que azotaron a la ciudad en días pasados. El propio gobernador Medina lo ha aceptado y nuevamente se ha propuesto limpiar a las policías.
Pero la única posibilidad para hacerlo es unificarlas bajo un mando único. Será difícil porque existe la convicción, que se ha demostrado en parte falsa, de que entre ellas existen algunas mejores y mucho más preparadas como la de San Pedro Garza García (que en el pasado fue un destacamento ejemplar) y otras mucho más débiles como la de Guadalupe, pero lo cierto es que los hechos de los últimos años han demostrado que, en algunos casos con mayor profundidad que en otros, las policía locales están penetradas por el crimen organizado. Medina tenía entre sus planes sacar adelante esa unificación: ahora tiene la coyuntura para hacerlo y hasta la justificación política para romper las resistencias que podrían generarse. Sería un ejemplo a seguir.
Porque hasta ahora, la creación de policías estatales unificadas no está siendo abordado por seriedad por los gobernadores. Con una excepción: Sinaloa. La gente del gobernador Jesús Aguilar Padilla está trabajando sobre un modelo en el cual se unificarían esas fuerzas policiales bajo un mando único que puede ser el que se pueda deba seguir en el resto de los estados. La idea es tener terminado el proyecto de unificación para sacarlo antes de las elecciones y que esté funcionando antes de que concluya la actual administración estatal a fines de este año. Aguilar Padilla está terminando su gestión, pero Rodrigo Medina tiene seis años por delante para dejar a su estado con la fuerza policial que Nuevo León merece. Y ambos dejarán un precedente para las demás entidades federativas.