El dictamen de la ley de seguridad nacional que ha sido aprobado en comisiones del senado de la república implica un golpe muy duro para el gobierno federal, para su estrategia de seguridad y para las propias fuerzas armadas y supone una ruptura en el equilibrio entre poderes de la Unión y de gobierno.
El dictamen de la ley de seguridad nacional que ha sido aprobado en comisiones del senado de la república implica un golpe muy duro para el gobierno federal, para su estrategia de seguridad y para las propias fuerzas armadas y supone una ruptura en el equilibrio entre poderes de la Unión y de gobierno.
Lo cierto es que se continúan desmontando las facultades y atribuciones del poder Ejecutivo federal: esta nueva ley, al establecer que la intervención del ejército en temas relacionados con la seguridad sólo podrá darse bajo solicitud de los gobiernos estatales, mismos que la enviarán al consejo nacional de seguridad pública para que a su vez la evalúe y la haga llegar al ejecutivo federal, sólo puede entenderse en esa lógica. Las fuerzas armadas tienen un comandante en jefe que es el presidente de la república, éste es quien debe tener la facultad para movilizar o no a la fuerza militar, que, por definición debe ser un cuerpo vertical, con mandos claros y un plan de operación perfectamente estructurado. Si la decisión de mover al ejército y de realizar ciertos operativos en el ámbito de la seguridad queda en manos de los gobiernos estatales se pierde toda visión de conjunto y la posibilidad de administrar correctamente las fuerzas.
Se podrá argumentar que de esa forma los estados podrán tener un mayor control sobre las decisiones que afecten su propia existencia. En realidad se convertirá en un pésimo mecanismo operacional que debilitará la capacidad operativa de las fuerzas armadas, pero además perderá toda su eficacia: si se presenta una situación de emergencia hasta que el gobierno estatal solicite el apoyo, pase por el consejo, llegue a la presidencia y desde allí se toman decisiones, pasará un lapso de tiempo que, obviamente, burocratizará cualquier operación.
Pongamos un ejemplo: ¿cómo podría operar esa disposición en un operativo contra el crimen organizado?. Tomemos el caso de la caída de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca. Con base en este dictamen ¿qué tendría que haber ocurrido?¿tendrían las fuerzas militares solicitar autorización al gobierno estatal para que éste autorizara el ingreso de las mismas y lo canalizara a su vez al Consejo de Seguridad, todo eso en medio de un operativo ultrasecreto?. Obviamente ese operativo fracasaría antes de comenzar. Si no se respetaran esos mecanismos ¿estarían los mandos militares y el presidente violando la ley?¿qué sucederá cuando se le ordene a un mando militar realizar un operativo de seguridad en un estado sin contar con la autorización previa de gobernador, Consejo, etc?.
Evidentemente no creo que la ley que construida buscando obstaculizar los operativos. Lo que busca es de alguna forma sacar al ejército y la marina de la lucha contra el narcotráfico al tiempo que acota la facultades presidenciales en ese ámbito. Pero ese es precisamente el error: vuelven a descentralizarse los esfuerzos en el ámbito de seguridad cuando todo indica que deben centralizarse.
Si se van a impulsar mecanismos que vayan sacando al ejército y la marina de la lucha contra la inseguridad se debe contar con instituciones civiles preparadas para afrontar ese papel. En la actualidad sólo contamos con los 30 mil elementos de la Policía Federal. Hay 400 mil policías estatales y municipales que, como están organizados y distribuidos están muy lejos de poder cumplir con las funciones que ahora realizan policías federales o militares. Y resulta por lo menos preocupante que se estén desmontando legalmente los espacios de intervención militar en este ámbito sin que se construya una alternativa, que tendría que ser la policía única, que ya sabemos que políticamente es inviable, o como una opción las 32 policías estatales, como lo han propuesto desde Genaro García Luna hasta la Conago pero que, finalmente, tampoco se termina de aprobar.
Queda el tema que ha llamado más la atención y que, paradójicamente, podría ser mucho más transitable: el fuero militar. Resulta evidente que, aunque ello pueda afectar la eficiencia de la fuerza armada, existe una tendencia internacional cada vez más sólida que quiere que los posibles delitos que cometan elementos militares en acciones de seguridad puedan ser juzgados por tribunales civiles. Así tendrá que ser, aunque sea ante casos muy específicos. Se cree que ello puede socavar la disciplina de las fuerzas militares. No lo creo, lo que sí puede socavarla es que se establezcan mecanismos que debiliten la verticalidad que éstas deben tener respecto a su comandante supremo que es el presidente de la república, quien sea que esté al frente del ejecutivo federal.