La ley antimigrantes en Arizona es un precedente peligroso para la relación México-Estados Unidos. Como cualquier nación, la Unión Americana y todos sus estados tienen pleno derecho de salvaguardar sus fronteras y darle un cauce legal a la migración. Eso no está en discusión, aunque el fenómeno migratorio entre los dos países debería ser atendido con una legislación que fuera mucho más allá de la simple regulación de entradas y salidas. El peligro real de la ley de Arizona es que es racista y se aplica específicamente a mexicanos o latinos y que establece normas que violan claramente la propia constitución estadounidense.
La ley antimigrantes en Arizona es un precedente peligroso para la relación México-Estados Unidos. Como cualquier nación, la Unión Americana y todos sus estados tienen el pleno derecho de salvaguardar sus fronteras y darle un cauce legal a la migración. Eso no está en discusión, aunque el fenómeno migratorio entre los dos países debería ser atendido con una legislación que fuera mucho más allá de la simple regulación de entradas y salidas. El peligro real de la ley de Arizona es que es racista y se aplica específicamente a mexicanos o latinos y que establece normas que violan claramente la propia constitución estadounidense.
La nueva ley le permite a las autoridades locales detener por sospecha de estar ilegal a cualquier persona de origen latino: en última instancia cualquier mexicano que esté en Arizona viviendo, trabajando o como turista, deberá demostrar que está legal en el estado si a cualquier autoridad (o incluso vecino) se le ocurre interrogarlo o detenerlo para comprobarlo. Estados Unidos nunca ha aplicado una ley semejante a ninguna otra comunidad, incluyendo la musulmana luego de los atentados del 11 de septiembre. Como se ha dicho, en Arizona será ilegal detener a alguien porque se parece a Osama Bin Laden pero cualquiera puede ser detenida por parecer mexicano.
Pero además, demuestra que muchas cosas se están haciendo mal en la relación bilateral y en la integración regional con Estados Unidos y Canadá. En los hechos, si bien el comercio bilateral es enorme, no existe ni se ha trabajado ninguna estrategia real de integración. Durante la administración Zedillo no hubo espacios para ello como consecuencia de la crisis del 95, con todas sus secuelas. Luego, desde 1997 ya no hubo una mayoría legislativa que permitiera avanzar en el tema. La administración Fox parecía entusiasmada con ello, pero entre el triunfo de George Bush y su falta de comprensión e interés en la región, sumado a las consecuencias del 11-S y la guerra contra el terrorismo, Afganistán, Irak, toda posibilidad de avanzar en esquema reales de integración se perdió. La administración Calderón goza de una muy buena comunicación con Washington, vía el embajador Arturo Sarukhán, pero no ha mostrado tampoco interés en profundizar un esquema real de integración, quizás porque el gobierno federal sigue sin contar con una mayoría legislativa que le permita avanzar en los puntos que serían claves para la misma. Pero me temo que el mayor problema no es ese, sino la falta de interés real de trascender de la buena relación diplomática a un esfuerzo integrador real.
Un ejemplo: ¿alguien puede estar en contra de lo que dijo Bill Clinton la semana pasada en México respecto a la necesidad de un plan México (emulando aquel Plan Colombia que lanzó el propio Clinton cuando concluía su presidencia) para atacar el narcotráfico en México?. Clinton se cuidó muy bien de hablar de intervención e incluso explicó que debía ser un plan integral, construido en México, sobre fuerzas locales, para, con base en ello pedir la cooperación estadounidense. El Plan Colombia no se puede repetir en nuestro país por la sencilla razón de que no es imaginable la intervención, aunque sea limitada, de fuerzas militares directas como ocurre en esa nación sudamericana. Pero se pueden hacer muchas otras cosas en el terreno de la seguridad. Es verdad que Estados Unidos está en deuda y que no ha implementado siquiera plenamente la Iniciativa Mérida, que ya fue superada por la realidad, pero la diferencia estaría en plantear los esfuerzos conjuntos de seguridad primero como un desafío bilateral, y segundo como parte de un proyecto integrador.
Se dirá que no se puede, sin embargo es posible. De la misma forma que Europa se unificó a partir del acero y el carbón, América del Norte se podría integrar con base en proyectos muy concretos: el más claro de ellos sería una política energética regional, aunque nuestra legislación está demasiado alejada en ello. Pero no habría impedimentos legales, por ejemplo, para profundizar la integración ya existente en la industria automotriz y en varias otras ramas de la producción. Lo que sucede es que desde 1994 no se ha vuelto hablar, ni aquí ni en Washington, de buscar una integración regional, un mercado integrado, un esquema de seguridad para toda América del Norte. Sin ello no habrá respuesta al desafío migratorio.