Algunos destacados colegas con Leo Zuckermann y Héctor Aguilar Camín ante lo sucedido con la ley de seguridad nacional, aprobada casi por unanimidad en el senado y dejada para mejor oportunidad en la cámara de diputados, han buscado una explicación de ello en un presunta división dentro de las fuerzas armadas, con algunos mandos que querían esa ley y otros que la rechazaron.
Algunos destacados colegas con Leo Zuckermann y Héctor Aguilar Camín ante lo sucedido con la ley de seguridad nacional, aprobada casi por unanimidad en el senado y dejada para mejor oportunidad en la cámara de diputados, han buscado una explicación de ello en un presunta división dentro de las fuerzas armadas, con algunos mandos que querían esa ley y otros que la rechazaron. Se equivocan: la ley, como fue aprobada en el senado, no tiene el apoyo de las fuerzas armadas, existen diferencias de matices ante ella, pero los puntos medulares de la ley, como fue aprobada, enfrenta una oposición clara de esos mandos: no es una ley que facilite la capacidad operativa del ejército y la armada, al contrario, que impone innumerables candados a ese accionar; no les otorga la seguridad jurídica que los mandos y particularmente el general Guillermo Galván reclamó con insistencia ante los legisladores y le quita al comandante en jefe, el presidente de la república en turno, el control real de las fuerzas armadas para dispersarla entre los presidentes municipales, los gobernadores, el consejo de seguridad nacional y el congreso en un galimatías legal que puede convertir la operación militar en un caos. Si a eso sumamos los temas relacionados con la justicia militar, tendremos, como advertimos con bastante antelación a la aprobación de esa ley en la cámara alta, los componentes para una tormenta perfecta en la relación poder civil-fuerzas armadas.
No, las discrepancias en la ley no reflejan una división de los militares ante ella: lo que refleja es una profunda división y falta de comprensión de nuestros políticos ante la realidad que están viviendo las fuerzas armadas. Los que no se ponen de acuerdo, los que no están dispuestos a escuchar y actuar en consonancia con las fuerzas armadas cuando ellas están librando una lucha feroz contra el crimen organizado (una lucha que buena parte de nuestra clase política prefiere ignorar o asumir desde posiciones políticamente correctas, que no impliquen un compromiso personal, aunque hayan sido esos mismos políticos las que las convocaron a efectuarla), son nuestros dirigentes políticos, en el congreso, pero también en el ejecutivo federal y en los locales.
¿Por qué salió la ley en esos términos en el senado?. Porque se negoció con base en las exigencias y necesidades más electorales que de seguridad nacional de las fuerzas políticas. Se le dio prioridad a los gobernadores, al consejo de seguridad nacional y al senado por sobre la presidencia de la república porque es parte de una visión en la que confluyen todos por intereses de corto plazo: los priistas porque quieren preservar el peso de los gobernadores en caso de que su partido regrese a Los Pinos, como una forma de preservar a su vez los equilibrios entre sus propios grupos de poder; los panistas porque, sobre todo en el senado, la voz del presidente Calderón no tiene demasiado eco y también buscan preservar el poder local ante lo que ven como una inminente llegada en el 2012 del PRI a Los Pinos. Ahí se estableció la alianza.
Pero también desde el gobierno federal deben haber operado con mucha desidia en el tema para no saber qué sucedería y no frenar los capítulos más controvertidos, o por lo menos hacer públicas las diferencias: no olvidemos que mediáticamente se vendió la votación como un gran acuerdo partidos, gobierno, militares que era sencillamente falso.
Ayer en Puebla el presidente Calderón sostuvo algo que es una realidad. Dijo que “a pesar de los méritos que han ganado en su quehacer cotidiano, hay quienes regatean los aportes, los logros y el sacrificio de las fuerzas armadas o ponen en duda su enorme contribución a la fortaleza de la república”. Es verdad, pero también hay que recordar que esa regateo en ocasiones se da en el congreso, pero también desde ciertos ámbitos oficiales. ¿Quién puede entender si no fuera así, expresiones públicas como el informe de la PGR del sábado pasado sobre la muerte de los dos estudiantes del TEC en Monterrey?¿ese informe, como lo creyeron algunos legisladores, entre ellos René Arce, se presentó para defender o exonerar a las fuerzas armadas o para que la procuraduría saliera del paso del compromiso presidencial de esclarecer esos hechos?. No son los militares los que están divididos ante la ley de seguridad nacional, son los políticos los que no han escuchado, entendido, interpretado y legislado a la altura de las circunstancias, garantizando lo único que desde ese ámbito se les pedía: seguridad jurídica y no afectar su capacidad de operación.