El dictamen preliminar que presentó el magistrado Arturo Zaldívar sobre la guardería ABC, a un año del incendio que acabó con la vida de 49 niños dejando otros 75 con quemaduras y males respiratorios, ha sido, hasta ahora, lo único que le ha dado un poco de consuelo y expectativas de justicia no sólo a los padres y familiares de los niños fallecidos y lesionados, sino también a una sociedad que se siente justamente agraviada.
El dictamen preliminar que presentó el magistrado Arturo Zaldívar sobre la guardería ABC, a un año del incendio que acabó con la vida de 49 niños dejando otros 75 con quemaduras y males respiratorios, ha sido, hasta ahora, lo único que le ha dado un poco de consuelo y expectativas de justicia no sólo a los padres y familiares de los niños fallecidos y lesionados, sino también a una sociedad que se siente justamente agraviada.
Estar en Hermosillo para estas fechas es contemplar una ciudad que sigue herida y que se ha sentido abandona por los funcionarios y la justicia. El sentimiento es de impunidad y ello se ha instalado a flor de piel entre la gente. Me llamó poderosamente la atención, sobre todo en las cruces instaladas frente al edificio de la Universidad de Sonora, mucho más céntricas y en un lugar más transitado que el de la guardería, cómo tantas personas se asoman a ellas, se quedan unos minutos contemplando las cruces y las fotos de los niños, no sé si rezan o hablan consigo mismos, pero ahí están, musitan, mueven sus cabezas. Primero pensé que eran familiares, luego comprobé que eran transeúntes, hombres y mujeres para los cuales la herida sigue abierta. Y esas heridas sólo pueden cerrarse con justicia. Y sienten que no la han recibido.
En este caso no se trata de percepciones alejadas de la realidad. En el ámbito penal no se ha hecho prácticamente nada y sólo se ha trabajado con funcionarios muy menores del IMSS y de las administraciones municipales y estatales; los dueños de la guardería siguen en libertad, lo mismo que los funcionarios responsables de la bodega de la secretaría de finanzas local donde se originó el incendio. La secretaría de la Función Pública sí ha inhabilitado a funcionarios del Seguro Social, pero la gente no percibe ello como un verdadero castigo.
Ahora con el dictamen del ministro Zaldívar existe una expectativa y un piso para tomar resoluciones que vayan mucho más allá. Es verdad que en el mismo puede haber algunos puntos controvertidos, por ejemplo respecto al papel que jugó el actual director del IMSS, Daniel Karam, primero por sus posibilidades reales de hacer algo cuando acababa de asumir el cargo y luego porque se dice sobre todo que sus fallas se dieron en la atención posterior al siniestro, lo cual puede ser verdad pero esa actuación fue respaldada por instituciones como el Colegio de Arbitraje Médico. Pero esa es otra historia: el caso es qué hacer con los funcionarios de alto nivel que eran responsables del funcionamiento de la guardería y de su protección. Por eso todo se ha centrado en Juan Molinar Horcasitas y Eduardo Bours.
El actual secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director del IMSS, se ha equivocado una y otra vez. Se equivocó luego del incendio en minimizar su responsabilidad y no salir a ofrecer explicaciones; se equivocó, luego, ignorando las conclusiones de la comisión investigadora de la Corte, que son prácticamente las mismas que avaló el ministro Zaldívar; se equivocó después del dictamen preliminar porque no puede rebatirlo con un comunicado de prensa emitido, además, por la SCT: ¿qué tiene que ver su actual responsabilidad con los hechos dictaminados?. No podía ni debía el funcionario colocar por delante la dependencia a su cargo para defenderse de una acusación realizada en el terreno personal y como responsable de otra institución distinta. Pero sobre todo se equivocó al no renunciar al cargo, y eso tendría que haber sido desde que la comisión investigadora emitió sus resultados, para permitir que la justicia realizara su tarea sin presiones, para que no se pensara que desde su función actual podía tomar decisiones que influyeran en los resultados de esa investigación y para poder defenderse en forma personal, no como un funcionario del ejecutivo federal.
Sé que Molinar Horcasitas (un hombre por el que siento un genuino aprecio personal) dirá que todo se trata de una campaña mediática en su contra. Quizás la misma pudiera existir en cierto ámbitos, pero no es éste el caso y más importante aún: si existiera se basa en datos duros, y aferrarse a los cargos sólo las incentivan y aumentan la percepción de que se intenta proteger a alguien. También se ha dicho que la decisión que tome en los próximos días la Corte no es vinculante o sea que no es más que una opinión. En parte es verdad pero sólo a medias ¿quién, en un caso de estas características podría, políticamente, soportar una decisión de esa magnitud en su contra?. Los que la Suprema Corte considere responsables de estos hechos tendrán que, por lo menos, irse a su casa. Y quizás en Hermosillo vuelvan a creer en la justicia.