El nivel de deterioro de nuestras prisiones y la profundidad con la que ha penetrado el crimen organizado en esas y otras instituciones estatales se ha puesto de manifiesto, una vez más, con el caso del reclusorio de Gómez Palacio, en Durango, donde con la anuencia de las autoridades, incluyendo su directora Margarita Rojas Rodríguez, los sicarios presos, utilizando vehículos y armas de los custodios del penal asesinaban a sus rivales en el negocio del narcotráfico. En por lo menos tres ocasiones esos asesinatos fueron masivos, el último hace apenas unos días en la quinta Italia Inn, en Torreón, que dejó 17 jóvenes muertos. También habían realizado ataques en un par de bares en las semanas pasadas.
El nivel de deterioro de nuestras prisiones y la profundidad con la que ha penetrado el crimen organizado en esas y otras instituciones estatales se ha puesto de manifiesto, una vez más, con el caso del reclusorio de Gómez Palacio, en Durango, donde con la anuencia de las autoridades, incluyendo su directora Margarita Rojas Rodríguez, los sicarios presos, utilizando vehículos y armas de los custodios del penal asesinaban a sus rivales en el negocio del narcotráfico. En por lo menos tres ocasiones esos asesinatos fueron masivos, el último hace apenas unos días en la quinta Italia Inn, en Torreón, que dejó 17 jóvenes muertos. También habían realizado ataques en un par de bares en las semanas pasadas.
Luego de la detención de la directora del penal y de varios otros funcionarios, el gobernador, Ismael Hernández, que ha hecho poco y nada para enfrentar al crimen organizado en la entidad, a través de un comunicado se limitó a decir que los funcionarios detenidos eran unos traidores. Y volvió a desaparecer.
Se ha dicho que fue luego de una exhaustiva investigación que se logró desenredar esa trama de violencia y corrupción, y en parte es verdad: mediante estudios periciales se comprobó que las armas utilizadas en las tres masacres eran las que portaban los guardias del Cereso, y que también coincidían los vehículos de los sicarios, pero en realidad, la investigación comenzó con un video que colocó un grupo de narcotraficantes en you tube donde mostraban el “interrogatorio” de un sicario, que trabajaba para la policía Lerdo, otra ciudad conurbada a Gómez Palacio y Torreón, que confesaba su participación en las masacres y mencionaba que la directora del penal era la que permitía que los reclusos salieran en las noches a cumplir con su función de sicarios. Al finalizar el video con su confesión, el hombre ese asesinado frente a la cámara.
Es un acto brutal pero que demuestra, una vez más, que las autoridades están en muchas ocasiones a la defensiva frente a los grupos del narcotráfico, y ello se torna notable cuando hablamos de las autoridades estatales. En Durango ello se ha convertido en norma: es un estado copado por grupos criminales, sobre todo los relacionados con el Chapo Guzmán, y que en la zona fronteriza con Coahuila, en la Comarca Lagunera están librando una feroz lucha contra sus rivales de los Zetas, prácticamente no existe una policía estatal, no son más de 300 elementos, y las municipales están subordinadas a los capos del lugar.
En el propio Cereso de Gómez Palacio se han sucedido, en forma constante, los motines y asesinatos de reos y se ha cambiado un director tras otro y todos han terminado saliendo manchados por su relación con los criminales, hasta que llegó a la dirección del penal Margarita Rojas Rodríguez, considerada “la mujer del año Durango 2010”, que lisa y llanamente trabajaba para y con los delincuentes.
Pero que nadie se engañe: no se trata de una situación particular, aunque probablemente en Durango, tanto en términos policiales como de penales la situación sea aún más grave que en otras entidades. El sistema carcelario así funciona en los casi 500 penales que están en manos de las autoridades estatales y municipales. Hemos visto lo mismo en Zacatecas, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Guerrero, en Morelos, en Quintana Roo, en el propio DF. La diferencia con los de alta seguridad que están en manos federales, unos nueve penales en la actualidad (que tendrían que crecer en forma acelerada se si cumplen los planes de la SSP, para concentrar en ellos a todos los delincuentes relacionados con este tipo de delitos federales) es notable. Mientras en los primeros las fugas, los motines y la colaboración en ocasiones abierta de las autoridades con los reclusos es evidente, en los segundos no se ha producido ni una fuga ni un motín desde el inicio de esta administración. Pero el problema es que la mayoría de los detenidos por crimen organizado están en los penales locales y que más del 60 por ciento de esos detenidos, incluyendo los de delitos de alto impacto, terminan quedando en libertad. Y allí es donde la corrupción y el miedo doblegan a las autoridades.
Muchos no quieren centralizar policías, organismos de seguridad, incluso reclusorios, pero sin ello los rezagos son cada vez mayores. No alcanza, como lo solicitó el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, con pedir que los estados “revisen” el estado de las instituciones penitenciarias. Los cambios en todos esos ámbitos deben ser mucho más profundos y deben pasar por la homologación y centralización de servicios e instituciones. Mientras eso no ocurra continuará el deterioro.