En los recientes Diálogos por la Seguridad, se perdió de vista un punto que resulta central: ¿cuáles son los delitos que más están agobiando a la gente?¿qué es, en lo inmediato, lo que más lastima, lo que está recluyendo a la gente en sus casas, lo que ha obligado a muchos a dejar sus ciudades?. Son tres delitos que están perfectamente identificados por las autoridades y las asociaciones civiles: el robo, la extorsión y el secuestro. En toda esta ola de violencia, de muertes, serán esos tres delitos los que le indicarán a la gente cómo están evolucionando las cosas, eso es lo que determinará su percepción. Y mientras la gente siga sufriendo robos, pero sobre todo extorsiones y secuestros, no podrá creer que las fuerzas del Estado sean capaces de garantizar su seguridad.
En los recientes Diálogos por la Seguridad, se perdió de vista un punto que resulta central: ¿cuáles son los delitos que más están agobiando a la gente?¿qué es, en lo inmediato, lo que más lastima, lo que está recluyendo a la gente en sus casas, lo que ha obligado a muchos a dejar sus ciudades?. Son tres delitos que están perfectamente identificados por las autoridades y las asociaciones civiles: el robo, la extorsión y el secuestro. En toda esta ola de violencia, de muertes, serán esos tres delitos los que le indicarán a la gente cómo están evolucionando las cosas, eso es lo que determinará su percepción. Y mientras la gente siga sufriendo robos, pero sobre todo extorsiones y secuestros, no podrá creer que las fuerzas del Estado son capaces de garantizar su seguridad.
Me decía Mauricio Suárez, con quien hacemos la revista Código Topo, que cuando se conduce entre Ciudad Juárez y Chihuahua, al costado de la carretera hay multitud de deshuesaderos que se dedican a vender autopartes, en muchas ocasiones de carros robados. Es un gran negocio. Pero que cuando uno se aproxima a Ciudad Juárez se puede ver que la mitad de los mismos están quemados, sufrieron incendios que los destruyeron por completo, mientras que la otra mitad opera sin mayores problemas. Los primeros, los incendiados, son los que no pagaron el piso, los que fueron extorsionados por algún cártel, alguna banda, alguna pandilla y no pagaron. Los segundos los que sí lo hicieron y preservaron, por la razón que sea, su negocio.
Cuando se llega a la ciudad cientos de locales comerciales tienen el cartel de se renta, se vende, se traspasa. Son los que decidieron cerrar su negocio o irse del otro lado de la frontera porque no podían mantener el pago de las extorsiones que exige el crimen organizado. El boom inmobiliario y de negocios que está viviendo El Paso, con tasas de crecimiento muy por arriba de la media estadounidense, se relaciona directamente con este fenómeno. Paradójicamente es esa ciudad texana una de las grandes beneficiarias de las extorsiones que sufren los juarenses.
Se extorsiona de todas las formas posibles. En Reynosa, los comerciantes necesitan ponerse de acuerdo con “La Maña”, porque sino no los dejarán operar. En San Luis Potosí, se han apropiado de negocios. No hay traspaso. Simplemente llegan al local y corren a los legítimos dueños. En Sinaloa los ganadores dicen que los extorsionan robándoles o secuestrando el ganado, las camionetas o el equipo agrícola.
Las organizaciones evangélicas también se ven obligados al pago de piso. Les piden un porcentaje de las ofrendas o diezmos. Pero ¿cómo lo calculan? Por el número de sillas de los templos. Tantas sillas, tantos fieles potenciales, así se calcula el pago. En general tienen que pagar unos diez mil pesos mensuales.
En Cancún los notarios públicos han denunciado que también pagan piso. En su caso se les pide un pago directo o su colaboración para el cambio irregular de propiedades que son el producto, a su vez, del pago de piso que sufren comerciantes o empresarios que son secuestrados o extorsionados y pagan con propiedades. Lo paradójico es que hasta ahora no se ha presentado ni una sola denuncia penal por esa situación. Y algo similar está sucediendo con las aseguradoras. En su caso les cobran a sus ejecutivos por garantizarles su seguridad pero, sobre todo, para no causarles siniestros, sobre todo incendios, en propiedades que están aseguradas por éstas empresas.
En el otro extremo, en Ciudad Nezahualcóyotl, la Familia Michoacana exige el pago de piso a los comerciantes. La cuota es de 25 mil pesos, a cambio del pago se otorga “una clave” que hará que los delincuentes sepan que ya cobraron e incluso se da un número telefónico “por si hay algún problema”. Mientras que a los alcaldes, por ejemplo de Michoacán, les piden que les entreguen, además de mandos en las policías, un porcentaje de las obras públicas del municipio para ser manejadas por ellos. Con una particularidad: otorgada ya la obra, van extorsionando a los proveedores para obtener gratis o muy baratos los materiales mientras pagan la mano de obra con las extorsiones que cobran en la propia comunidad en efectivo. Es el círculo perfecto de la corrupción.
En los hechos, lo que están haciendo los delincuentes es establecer una suerte de Estado paralelo, donde cobran “impuestos” y garantizan una cierta protección o seguridad. El Estado tiene dos facultades principales, el uso legítimo de la violencia y el cobro de impuestos, a cambio a los ciudadanos se les garantiza su seguridad. Cuando el crimen organizado garantiza la seguridad de los ciudadanos exigiéndoles el pago de un impuesto y autolegitima entonces su propia violencia, el Estado como tal ha sido reemplazado.