Se han cumplido dos años de aquella reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional que implicaba el compromiso de los tres poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno en torno a 70 acuerdos y que estuvo marcada por aquella exigencia de Alejandro Martí, devastado aún por la muerte de su hijo Fernando, a los funcionarios presentes: “si no pueden, renuncien”.
Se han cumplido dos años de aquella reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional que implicaba el compromiso de los tres poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno en torno a 70 acuerdos y que estuvo marcada por aquella exigencia de Alejandro Martí, devastado aún por la muerte de su hijo Fernando, a los funcionarios presentes: "si no pueden, renuncien".
Nadie ha renunciado por esa razón. Han pasado dos años, ni una tercera parte de aquellos acuerdos se han implementado, la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación de la ciudadanía, los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno siguen sin ponerse de acuerdo en los temas esenciales y todo pareciera que está peor que en aquellos días. Ha habido, sin duda, esfuerzos individuales y de instituciones, públicas y sociales, pero estamos lejos de contar aún con una política de seguridad de Estado, y la mayoría de los actores políticos no parecen tener demasiadas ganas de asumir esos compromisos. Lo vimos hace dos años y lo acabamos de comprobar en los recientes Diálogos por la Seguridad.
Dicen que la historia se repite y por lo menos en esta ocasión lo hizo con la inexplicable renuencia del priismo a participar en esas dos reuniones. A la de hace dos años no asistieron sus coordinadores parlamentarios: fueron los únicos que en esa ocasión no participaron. Y volvieron a faltar a la reunión de la semana pasada de los coordinadores parlamentarios con el presidente Calderón. Y en ambas ocasiones sus alegaron problemas de agenda que no eran reales: simplemente había una decisión política de no asistir. No fueron Francisco Rojas ni Manlio Fabio Beltrones, pero el propio Enrique Peña Nieto le dio su apoyo a esa inasistencia de los coordinadores parlamentarios, mientras que en la reunión anterior, con dirigentes partidarios, Beatriz Paredes, se vio muy mal y se limitó a decir que ese tipo de encuentros tenían que hacerse a puertas cerradas, lo cual quizás es verdad, pero no impedía, ni mínimamente presentar propuestas y tratar de participar en la construcción de esa política de seguridad que tanto se demanda. Para la gente (y para los criminales) ver que con sus diferencias las fuerzas políticas presentan un frente común con los gobiernos marca percepciones y visiones de futuro. Ante la desunión los grupos criminales saben que pueden ahondar en una grieta capaz de desmoronar todo el edificio institucional.
El PRI se equivoca radicalmente con esas decisiones: se trata de arrogancia política pura que no le beneficia ni como partido ni mucho menos al país. Y argumentar que no participan porque están dolidos por las alianzas partidarias en su contra resulta un infantilismo político absurdo. Es el peor gesto político que le recuerdo al priismo en mucho tiempo.
Tampoco el gobierno está bien. Quizás el reflejo de cómo se han dado las cosas es la salida de Jorge Tello Peón, uno de los mejores y más respetados especialistas en temas de seguridad, que fue llamado por el gobierno federal precisamente en la coyuntura que se abrió con aquella reunión en Palacio Nacional. Su llegada estuvo marcada por la expectativa que entonces se generó de lograr una verdadera coordinación dentro del propio gabinete de seguridad y entre el gobierno federal y los estatales. Para eso se convocó a Tello. Pero nunca le dieron atribuciones para cumplir con ese papel.
No podemos saber si en su desempeño interno Tello tuvo o no errores, pero lo que resulta evidente es la percepción que tienen todos los que conocen del tema de que el talento y la capacidad de Tello Peón se desperdiciaron en estos años. Alejandro Poiré es un funcionario con muy buenas notas, pero es completamente diferente a Tello, y no llega para cumplir con las funciones que se suponía tenía Jorge. Alejandro tendrá funciones de coordinación mucho más políticas y administrativas que de otro tipo, y su labor central será la de ser el vocero de ese gabinete de seguridad que sigue sin encontrar la homogeneidad que la situación requiere. En los suyo Poiré puede hacerlo muy bien, pero no ocupará el espacio que deja Tello…y que nunca pudo ocupar él mismo.
Y quizás como la cereza del pastel, el mismo día que se cumplían los dos años de la reunión del Consejo de Seguridad, se cumplían también 100 días del secuestro de Diego Fernández de Cevallos y en Monterrey se daba un violentísimo enfrentamiento entre sicarios y el personal de seguridad de FEMSA, una empresa paradigmática en la región y en el país que harta de tanta inseguridad reclamó a los gobiernos, federal y local, medidas concretas, eficiencia y basta de palabrería política. Es, por lo menos, un reclamo justo.