Luego de muchas negociaciones entre el gobierno federal, los estados y los municipios se presentó la iniciativa para el mando único policial, que en los hechos busca crear 32 policías estatales, controladas bajo un mando unificado y con una fuerte coordinación con la policía federal, todo bajo un modelo de desarrollo institucional homogéneo para todo el país.
Luego de muchas negociaciones entre el gobierno federal, los estados y los municipios se presentó la iniciativa para el mando único policial, que en los hechos busca crear 32 policías estatales, controladas bajo un mando unificado y con una fuerte coordinación con la policía federal, todo bajo un modelo de desarrollo institucional homogeneo para todo el país.
Fueron duras las negociaciones no porque se dudara de la necesidad de reformar el modelo policial sino porque muchos presidentes municipales se resistían a dejar sus policías, capacitadas o no, en manos de los gobiernos estatales y éstos reclamaban para sí un mando unificado, sin exclusiones. Finalmente la fórmula que se encontró, definida por el propio presidente Calderón como híbrida, puede ser la más eficaz: se propone en la iniciativa que haya un mando unificado estatal, que todas las policías queden bajo control de ese mando, pero las policías municipales que pasen los mecanismos de certificación que se establezcan podrán seguir como tales, aunque su jefe será designado por el gobernador a propuesta del presidente municipal (un esquema similar al que opera actualmente entre el gobierno federal y el DF) y operativamente estará bajo el mando estatal.
Se estima que no más de 200 municipios podrán mantener, cumpliendo con los requisitos establecidos, sus propias policías, pero ese número contrasta con los más de 400 que actualmente no tienen ninguna o los más de mil municipios que tienen sólo un puñado de policías, mal armados y pagados (en el 61 por ciento de los municipios los policías locales ganan menos de cuatro mil pesos mensuales, lo que provoca, entre otros factores una movilidad anual en las policías municipales del 106 por ciento, quiere decir que cada año salen un poco más de agentes locales que los que ingresan a esos cuerpos, se estima que a partir de este modelo, el sueldo base de un policía, sea federal, estatal o municipal será de diez mil pesos como mínimo).
Existe en la iniciativa otra propuesta que siendo imprescindible será controvertida: si se establece que alguna policía local no está en condiciones de asegurar la seguridad de la ciudadanía o no cumple con sus funciones, la policía federal se podrá hacer cargo temporalmente de la situación y de los mandos locales, para evitar situaciones como la actual en la que pese a la intervención de la policía federal o del ejército, los mandos locales siguen actuando con autonomía y en ocasiones incluso dificultando la labor de las fuerzas federales. Será una medida controvertida porque se debe establecer quién decidirá esa intervención y sus plazos. Una salida podría ser el sistema nacional de seguridad pública.
La iniciativa fue enviada ayer al congreso y habrá que definir los tiempos y los mecanismos de implementación. Se busca que no ocurra lo mismo que con la reforma al sistema de justicia penal donde se puso plazos muy amplios, ocho años, para su implementación pero además se dejó en cada estado la responsabilidad de ir instrumentando la misma. El resultado es una reforma que no termina de implementarse y con notorias desigualdades en las distintas entidades. En este caso se busca que sea mucho más homogénea, el periodo de instrumentación sería casi inmediato para el mando único, los municipios que deseen acreditar a su policía local tendrán como máximo 14 meses para hacerlo y a partir de ello se irá concretando el desarrollo institucional de las 32 policías.
Pero también se aplicarán recursos en forma directa a esos programas, para que los estados tengan presupuesto para sacarlos adelante: habrá en el próximo año unos 14 mil millones de pesos de recursos federales destinados a los estados con ese fin y la idea es que se vayan liberando en la misma medida en que se vayan cumpliendo los pasos del proceso de desarrollo institucional, para garantizar que existan avances reales y que los recursos se apliquen específicamente a ese fin.
El tema ya está en el congreso y habrá que ver qué sucede con él. Tiene el respaldo del gobierno federal, de los gobernadores y de las organizaciones civiles especializadas en el tema. Su proceso legislativo podría recorrer un camino similar al de la reciente ley antisecuestro y en este caso será importante el trabajo no sólo de la secretaría de seguridad pública, sino también de Gobernación (sobre todo a través del sistema nacional de seguridad pública) y de Hacienda. En términos de seguridad es una capítulo clave para poder garantizar ese derecho esencial para la ciudadanía en todo el país. Ojalá que diputados y senadores legislen bien y rápido, porque en este terreno la incertidumbre puede ser criminal.