Poco después de que fuera aprobada la reforma electoral del 2007 un grupo de quince intelectuales, periodistas, artistas, interpusimos un amparo que muchos en el mundo político calificaron como un absurdo, una locura. En los hechos, lo que decíamos en ese esfuerzo que fue liderado en términos jurídicos por Fabián Aguinaco, es que la reforma constitucional aprobada en el ámbito electoral violaba los principios fundamentales de la propia constitución.
Poco después de que fuera aprobada la reforma electoral del 2007 un grupo de quince intelectuales, periodistas, artistas, interpusimos un amparo que muchos en el mundo político calificaron como un absurdo, una locura. En los hechos, lo que decíamos en ese esfuerzo que fue liderado en términos jurídicos por Fabián Aguinaco, es que la reforma constitucional aprobada en el ámbito electoral violaba los principios fundamentales de la propia constitución. Entre otros puntos la prohibición para cualquier ciudadano o institución de poder expresarse libremente, de poder disponer de espacios en radio y televisión para expresar sus puntos de vista políticos o electorales era, es, una violación a uno de los principios fundacionales de la Nación, el de la libertad de expresión. Se argumentó que el constituyente no podía violar, por definición, la propia constitución. Por supuesto que puede hacerlo: esa reforma lo hacía pero si la misma era permitida el día de mañana ese mismo constituyente podría, por ejemplo, discriminar por raza, sexo o religión a cualquier ciudadano o grupo social; podría, es una exageración aunque sea válida, declararnos una monarquía hereditaria y, si la tesis es que, por definición, no puede violar la constitución, todo ello sería válido y legítimo.
Lo cierto es que luego de un largo proceso, esa demanda de amparo demostró no ser una locura y fue aceptada a debate por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta deberá decidir el futuro de la misma. Podría validarla en el fondo del reclamo, anulando total o parcialmente la reforma electoral (lo deseable es que fuera invalidada en el ámbito específico reclamado, el referente a la libertad de expresión, porque sino obligaría a una reconfiguración casi completa de las leyes electorales) o en la forma, porque en el proceso de aprobación de ese reforma en los congresos estatales se cometieron innumerables irregularidades.
El tema está en la Corte, ya hay una propuesta de resolución en manos de los ministros para que estos la estudien, pero en esto el tiempo es fundamental. Ya en las elecciones federales del 2009 pudimos comprobar que, en ese capítulo, la reforma fue un fracaso: una inundación de spots vacíos de contenido que hartaron a la ciudadanía y la alejaron aún más de los partidos, a costos políticos, económicos y fiscales enormes; una ciudadanía impedida de participar; el debate electoral más flojo de nuestra historia democrática. No podemos ir a la elección federal del 2012 con la misma ley y alejando aún más a la gente de la política y los partidos. Cuando todos los sistemas democráticos del mundo buscan abrirse a la ciudadanía, acercar a la gente a la política, colocar todos los medios disponibles (muchos más con las nuevas tecnologías) a su alcance para enriquecer el debate, en nuestro caso cerramos canales y vías, colocamos cada vez más escollos, al IFE lo transformamos en un instrumento de censura absurdo y todo el debate queda en manos ni siquiera de los partidos sino de sus dirigencias, que son las que disponen de tiempos de publicidad gratuitos para usar como quieran mientras que nadie más puede acceder a los medios electrónicos para expresar sus opiniones. Y en algunos partidos están esperando la resolución de este amparo para impulsar medidas aún más restrictivas, a tono con lo que ya han hecho Venezuela, Ecuador, Bolivia, de alguna forma Argentina, e incluso algunos países europeos como Hungría.
El tiempo apremia porque el próximo primero de febrero comienza el periodo ordinario de sesiones y lo cierto es que si en junio próximo no está definido el cuerpo legal que regirá los comicios del 2012 se tendrá que ir a ellos con las leyes aprobadas en el 2007 y que regularon la elección del 2009. Tanto el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, antes de abandonar la presidencia de la Corte, como su sucesor el ministro Juan Silva Meza, se comprometieron a sacar al pleno el debate sobre ese amparo para que, en uno u otro sentido, la Corte se defina antes de que concluya enero. Pero los días han pasado y el dictamen sigue guardado y sin ser puesto a debate. No es un tema menor: es una de las definiciones más importantes de nuestra historia política reciente y definirá las atribuciones del Congreso para reformar la Constitución pero, sobre todo, la salvaguarda de uno de los derechos fundamentales de los mexicanos, y por extensión el de todos ellos. La política es demasiado importante para dejarla sólo en manos de unos cuantos.