Muchas de las razones de fondo que permitieron la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, más allá de la corrupción de las autoridades de los penales o de los esquemas de protección que éste había construido primero en Almoloya y luego en Puente Grande, son estructurales y tienen que ver con malos diseños y concepciones sobre cómo manejar la seguridad del estado y se inscriben, muy probablemente, en uno de los mayores errores que cometió la administración Fox al inicio de su gobierno, errores que, de alguna manera se han ido contagiando, aunque en forma diferente, al gobierno de Felipe Calderón.
Muchas de las razones de fondo que permitieron la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, más allá de la corrupción de las autoridades de los penales o de los esquemas de protección que éste había construido primero en Almoloya y luego en Puente Grande, son estructurales y tienen que ver con malos diseños y concepciones sobre cómo manejar la seguridad del estado y se inscriben, muy probablemente, en uno de los mayores errores que cometió la administración Fox al inicio de su gobierno, errores que, de alguna manera se han ido contagiando, aunque en forma diferente, al gobierno de Felipe Calderón.
Durante los últimos años del gobierno de Ernesto Zedillo se habían hecho avances muy importantes en términos de seguridad. Se consolidó el Cisen; se creó, dependiente de Gobernación, la subsecretaría de seguridad; se crearon el sistema nacional de seguridad pública y la Policía Federal; se comenzaron a centralizar los sistemas, la información, los mandos. Por primera vez en muchos años, desde la desaparición de la DFS y la DIPS, se volvía a tener un sistema de seguridad relativamente eficiente e integrado por una nueva generación de mandos que se habían formado lejos de aquellas instituciones tristemente célebres.
Pero en la contienda electoral, como sucede muchas veces en nuestro país, las consignas se centraron en temas equivocados: pese a que en los hechos se vivía una profunda apertura política, en la campaña se presentaron esos nuevos sistemas de seguridad pública como parte de un esquema de represión, y se insistió en separar las áreas políticas de seguridad e incluso en desaparecer el Cisen y con él, la única instancia de inteligencia civil que se había construido en décadas.
Ganó Fox y esas posiciones se impusieron. Durante la transición esas posiciones incluso se agudizaron: se dijo que el tema del narcotráfico era un problema policial que no debía ser atendido por la Federación; se nombró responsables del área que no llegaron, siquiera, a tomar posesión. Se generaron fuertes dudas en Estados Unidos sobre la capacidad del nuevo gobierno de poder atender el área.
Ya en el poder, se creó una secretaría de seguridad pública donde se designó como titular a Alejandro Gertz Manero, quien venía de ser secretario de seguridad pública de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, aunque con ambos terminó muy mal, pero labró una buena relación con López Obrador. No ha quedado claro porqué Vicente Fox designó en ese cargo a Gertz, pero todo indica que fue parte de una recomendación de Adolfo Aguilar Zinser y Jorge Castañeda, por la desconfianza que tenían en los responsables de las áreas de seguridad que provenían del gobierno de Zedillo. Se debilitó al Cisen, en recursos y capital humano. También se creó un Consejo de Seguridad Nacional, que quedó a cargo de Aguilar Zinser donde supuestamente se debían nuclear todas las dependencias del área, incluyendo la Defensa y la Marina, bajo las órdenes del propio Adolfo. Nunca funcionó ni los mandos militares (y tampoco el procurador Macedo de la Concha, o el secretario de Gobernación, Santiago Creel) aceptaron recibir órdenes del titular del Consejo.
Gertz rompió en días con todos los mandos que había heredado en la secretaría e incluso comenzó una serie de demandas penales contra ellos que no tenían sustento pero que enfrentaron aún más a todos esos funcionarios con el titular de la secretaría. La mayoría de ellos se fue con Macedo de la Concha: allí Genaro García Luna, que había sido el director de inteligencia de la naciente PFP, se fue, con todo su equipo, a crear la AFI para reemplazar la corrupta policía judicial federal, y allí también recibió refugio, a cargo de la lucha antinarcóticos, José Luis Santiago Vasconcelos. Robledo Madrid se regresó a la Marina. Jorge Tello Peón renunció y se fue a trabajar a la iniciativa privada. El Sistema Nacional de Seguridad Pública fue prácticamente abandonado, lo mismo que sus instalaciones en Iztapalapa (hoy se erige allí el centro de mando de la Policía Federal). Los militares estaban molestos y nunca se volvió a tener una relación de confianza con los mandos militares en el ámbito de la seguridad como la que había existido en los tiempos del general secretario Enrique Cervantes con las autoridades políticas y de seguridad. Y rápidamente, y como no se comenzaron a tomar medidas correctivas hasta mucho tiempo después, todo el sistema se fue deteriorando.
El Chapo se fugó aprovechando todos esos espacios. Y los grupos criminales se consolidaron utilizando también los mismos. Que nadie se asombre ahora si se comprueba que los sistemas de seguridad y justicia apenas están reconstruyéndose. Durante mucho tiempo estuvieron abandonados y marcados por una ruptura institucional que aún no se termina de recomponer.