El caso del documental Presunto Culpable ha vuelto a colocar sobre el tapete el debate sobre cómo funciona nuestro sistema de justicia, no sólo por el contenido de esa película sino también por la forma en que se decidió (afortunadamente ello ya se ha revertido) quitarla de cartelera. El tema quedará para volver a analizar, una vez más, la defensa que deben hacer las propias autoridades, comenzando por las judiciales, de los derechos fundamentales, en este caso el de la libre expresión, vulnerado una y otra vez por disposiciones específicas. No está de más recordar que el amparo que un grupo de intelectuales, artistas, comunicadores, presentamos contra la reforma electoral del 2007 precisamente por violar la libertad de expresión, sigue sin resolverse en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El caso del documental Presunto Culpable ha vuelto a colocar sobre el tapete el debate sobre cómo funciona nuestro sistema de justicia, no sólo por el contenido de esa película sino también por la forma en que se decidió (afortunadamente ello ya se ha revertido) quitarla de cartelera. El tema quedará para volver a analizar, una vez más, la defensa que deben hacer las propias autoridades, comenzando por las judiciales, de los derechos fundamentales, en este caso el de la libre expresión, vulnerado una y otra vez por disposiciones específicas. No está de más recordar que el amparo que un grupo de intelectuales, artistas, comunicadores, presentamos contra la reforma electoral del 2007 precisamente por violar la libertad de expresión, sigue sin resolverse en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero el problema va mucho más allá. La cantidad de leyes, decretos, ordenamientos, algunos muy bien intencionados, otros nefastos, que se emiten a diario y que terminan configurándose como parte de agendas políticas o caprichos personales son tan amplios como la decisión de distintas autoridades de simplemente abstenerse de tomar decisiones y dejar que sean los particulares o los tribunales, o ambos o ninguno, quien termine decidiendo el curso de temas prioritarios para la vida nacional.
Qué mejor ejemplo de ello que el fuerte diferendo que enfrenta a varios de las principales empresas de comunicación en nuestro país. Ayer, todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones iniciaron una demanda contra Telmex por el tema de los costos del servicio de interconexión, un capítulo clave para el futuro de las telecomunicaciones. Telmex ha respondido con una dura campaña en medios en contra de lo que llama el duopolio televisivo. Unos buscan el acceso a una interconexión más rápida y económica en un negocio que deja 75 mil millones de pesos de utilidad, los otros reclaman un espacio para brindar servicios de televisión. Pocos temas tan delicados como éste en la agenda y el enfrentamiento involucra cada vez más actores y factores personales que dejarán huella. ¿Y dónde están las autoridades?¿qué han dicho al respecto?¿quién norma y regula al sector?. Es un conflicto que debe tener una respuesta oficial en cada uno de sus capítulos. ¿O alguien cree que la vía de la justicia, válida o no, es la que al final del día podrá poner orden en ese caos?
Mientras tanto, en el senado se aprobó la nueva ley de derechos humanos, ejemplar en muchos sentidos, con enormes avances que se tendrán que cristalizar en leyes regulatorias mucho más precisas (tenemos toda una colección de leyes excelentes, que simplemente no se aplican: un ejemplo el de la violencia contra las mujeres, aprobada hace años y que aún, en varios estados de la república, no termina de contar con leyes locales que permitan su aplicación). Sólo un punto me llama la atención. ¿Por qué cuando un funcionario federal no acepte una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá comparecer ante el senado y no ante alguna instancia judicial para explicar su negativa?. Comparecer ante el senado politizará inevitablemente temas que, por su propia esencia, son eminentemente judiciales. Siempre nos quejamos de la politización de la justicia ¿por qué seguimos insistiendo en ella?
De lo macro a lo micro. En Ciudad Juárez, la ciudad azotada por la violencia y el narcotráfico, el presidente municipal Héctor Murguía está muy preocupado y emitió un ordenamiento para que en las oficinas municipales nadie se pueda saludar de beso. El saludo en las dependencias municipales debe ser formal, de mano en el mejor de los casos, no vaya a ser que un saludo de beso en la mejilla pueda alterar el orden y el boato en una ciudad que se ha caracterizado históricamente por su “conservadurismo”.
Muy lejos de Juárez, en la idílica Huatulco, el gobierno municipal perredista ha decidido que están prohibidas entre las trabajadoras, las minifaldas, los escotes, los pantalones ajustados, las camisas o playeras, sobre todo blancas, que puedan transparentar lo que se lleve (o no) debajo, también el maquillaje supuestamente excesivo. Para los caballeros no hay ninguna restricción específica. Todo para mantener el decoro en Huatulco, regalo de las autoridades municipales en el día internacional de la mujer. ¿No hay problemas reales y mucho más importantes que éstos en Huatulco?¿tiene que reglamentarse desde la autoridad el largo de la falda, el escote o el maquillaje de las trabajadoras?¿de eso se ocupan las autoridades locales, para eso se les paga?. Por cierto, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre, otro lugar tranquilo de la república, prohibió la utilización en su entorno de teléfonos celulares, lo considera una falta de respeto a su investidura. Por mi madre, bohemios, diría el buen Carlos Monsiváis.