Una de las diferencias importantes que hubo desde el inicio del sexenio entre Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y el entonces procurador general de la república, Eduardo Medina Mora, ahora embajador en la Gran Bretaña, fue sobre la estructura policial en el marco de la reforma judicial y de seguridad. Genaro, con el apoyo de Los Pinos, consideraba que se debían unificar las policías, dándole atribuciones de prevención y de investigación, en una lógica que giraba en torno al mando único y a la concentración de fuerzas y atribuciones alrededor de una gran institución de seguridad. Eduardo pensaba que se debía mantener una policía investigadora autónoma, que dependiera del ministerio público federal y que de esa forma le diera fortaleza e independencia a éste en el marco de las nuevas atribuciones que le debería dar la reforma judicial.
Una de las diferencias importantes que hubo desde el inicio del sexenio entre Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y el entonces procurador general de la república, Eduardo Medina Mora, ahora embajador en la Gran Bretaña, fue sobre la estructura policial en el marco de la reforma judicial y de seguridad. Genaro, con el apoyo de Los Pinos, consideraba que se debían unificar las policías, dándole atribuciones de prevención y de investigación, en una lógica que giraba en torno al mando único y a la concentración de fuerzas y atribuciones alrededor de una gran institución de seguridad. Eduardo pensaba que se debía mantener una policía investigadora autónoma, que dependiera del ministerio público federal y que de esa forma le diera fortaleza e independencia a éste en el marco de las nuevas atribuciones que le debería dar la reforma judicial. Ambos tenían una parte de razón, pero lo importante no era eso sino definir con claridad cuál era el modelo que se quería construir.
Como ha ocurrido en demasiadas ocasiones en los últimos años, se terminó optando por una solución intermedia que, como sucede casi siempre, no era una solución sino un parche. A la Policía Federal se le dieron atribuciones para investigar delitos y se siguió avanzando, hasta donde se pudo, con el objetivo del mando único y el nuevo modelo policial. Pero se creó la policía ministerial federal para reemplazar a la AFI, que se había convertido prácticamente sólo en un logotipo por el traspaso de agentes, mandos y operaciones a la SSP desde el inicio del sexenio. También se sacó adelante la reforma judicial pero se dio un plazo amplísimo de ocho años para su implementación y los avances hasta hoy, luego de tres años, son por lo menos escasos, incluyendo la ausencia de un código de procedimientos penales común para la federación y los estados, y la ausencia de muchas leyes secundarias que le den cuerpo a la propia reforma.
Con los movimientos que se han dado en la PGR en los últimos días, desde la llegada de Marisela Morales, se confirman muchas cosas: primero, que el control operativo real de las fuerzas policiales está en manos de García Luna quien finalmente se fortalece con la designación de Vidal Díaz Leal Ochoa en la Policía Federal Ministerial en reemplazo de Wilfrido Robledo Madrid, quien a pesar de haber trabajado hace años junto con García Luna (Wilfrido fue el primer jefe de la policía federal, mientras Genaro era su director de inteligencia) mantuvo una mala relación con el secretario de seguridad pública. En realidad, la presencia de Wilfrido en la Policía Ministerial y del almirante José Luis Figueroa en Centro de Planeación y Análisis para el combate a la delincuencia, designados desde los tiempos de Fernando Gómez Mont en Gobernación y de Arturo Chávez en la PGR, se percibía como una opción de recambio en Seguridad Pública, en el marco de un enfrentamiento real entre el entonces secretario de Gobernación y el titular de seguridad pública. Con los movimientos que ha realizado la procuradora Morales queda claro que habrá coordinación entre la policía ministerial y la Federal, al llegar a la primera uno de los operadores más cercanos a García Luna, algo que no se había dado en todo el sexenio.
La salida del poderoso subprocurador Javier Molina Ruiz también va en ese sentido. Con el ex procurador de Chihuahua, quien en el 2000 había estado en el equipo de transición de Vicente Fox, siempre existieron diferencias profundas tanto de la SSP como de las áreas militares pero Molina Ruiz fue adquiriendo un peso operativo cada día mayor en la Procuraduría a pesar de que, según otros sectores del gabinete de seguridad, era el responsable del rezago que se percibía en los tiempos procesales y la acción de la PGR que se achacaba a Chávez Chávez. En esa posición la procuradora Morales ha colocado a Dilcya García Espinosa de los Monteros, una mujer de su confianza, lo mismo que Patricia Bugarín Gutiérrez quien reemplaza a la propia Marisela al frente de la Siedo.
En síntesis, por primera vez en el sexenio, el área operativa de la PGR, su policía ministerial, estará en conjunción con la Policía Federal y ambas que podrán coordinar mucho mejor sus atribuciones de investigación, mientras que la procuradora Morales construye una PGR con profesionales de su confianza y de muchos años en las áreas de procuración de justicia. Habrá que ver cómo funciona la nueva estructura. Por lo pronto, suena mucho más lógica y menos contradictoria que la anterior.