En Nuevo León se está librando una batalla por la seguridad pero también una lucha eminentemente política, de una clase dirigente que muestra, que exhibe, evidentes huellas de corrupción. En el mensaje presidencial del pasado viernes lo más notable no fue la creación de la procuraduría social para las víctimas, siendo sin duda un capítulo importante: lo destacado fue el énfasis que puso el presidente Calderón en el tema Monterrey, su insistencia en la corrupción que sufren la ciudad y el estado y lo terminante que fue en su compromiso para acabar con las mafias pero también con la corrupción cuando se dé en cualquiera de los niveles de gobierno.
Para mis muy queridos amigos Federico y Jesús Reyes Heroles, con un abrazo sincero y solidario
En Nuevo León se está librando una batalla por la seguridad pero también una lucha eminentemente política, de una clase dirigente que muestra, que exhibe, evidentes huellas de corrupción. En el mensaje presidencial del pasado viernes lo más notable no fue la creación de la procuraduría social para las víctimas, siendo sin duda un capítulo importante: lo destacado fue el énfasis que puso el presidente Calderón en el tema Monterrey, su insistencia en la corrupción que sufren la ciudad y el estado y lo terminante que fue en su compromiso para acabar con las mafias pero también con la corrupción cuando se dé en cualquiera de los niveles de gobierno.
El problema endémico en Monterrey y en buena parte del estado de Nuevo León es la corrupción. Por corrupción se dejó vivir a las familias de los principales cárteles en el pasado; por corrupción se dejó entrar a los Zetas a operar en la ciudad; por corrupción buena parte de las corporaciones policiales locales terminaron trabajando para los criminales; por corrupción la ciudad está invadida de casinos y giros negros. La Monterrey de don Eugenio Garza Sada y de tantos hombres y mujeres de bien, que construyeron su capital y el bienestar de la región con su trabajo y esfuerzo, ha terminado ensombrecida por políticos de todo nivel y pillos de primera, segunda y tercera categoría que terminaron aliándose con grupos criminales de todo tipo, amparados precisamente en la prosperidad de la ciudad y lucrando con ella.
El caso de Jonás Larrazábal, y de su hermano Fernando, el primero, si nos atenemos al dicho de su abogado, el más próspero (e inédito) vendedor de queso oaxaqueño de la república, y el segundo alcalde Monterrey, es paradigmático de esta historia pero por supuesto no es la única de corrupción que se ha construido en estos años. Pero, como ocurrió con Bejarano y López Obrador cuando se difundieron los videos de Carlos Ahumada, es la única que está tan documentada. La diferencia con aquellos videoescándalos debería ser que ahora sí se hiciera justicia. Habrá que ver si así sucede.
La entrada de la nueva generación de casinos a Monterrey se dio de la mano con los Zetas. Primero autoridades priistas en el municipio, luego la gestión del impresentable panista Adalberto Madero (que literalmente tomó por asalto al panismo) y de la mano con ese movimiento la llegada de Fernando Larrazábal, fueron procesos simultáneos a la apertura que dio la administración Fox a las casas de juego, a los compromisos políticos derivados de éstas y, por lo que estamos viendo por las declaraciones recurrentes del ex presidente, de su estilo de negociar con los grupos criminales. Simplemente, sobre todo desde la administración de Adalberto Madero, que en su momento tuvo todo el apoyo de la administración Fox para llegar a alcalde de Monterrey (e incluso para buscar la gubernatura), el narcotráfico, el juego ilegal pero también todo tipo de negocios sucios, en forma notable el robo de automóviles, los secuestros y la extorsión, se asentaron en Monterrey y en toda su zona conurbada.
Pero de la inseguridad, de las extorsiones de los grupos criminales, también, por lo que vemos, se terminaron aprovechando las propias autoridades. Mientras Larrazábal daba la lucha contra algunos casinos, otros eran cobijados; mientras algunos eran clausurados por la autoridad municipal, su hermano los chantajeaba para que pudieran volver a abrir; mientras que en algunos casos se denunciaba a los jueces que otorgaban amparos para que pudieran regresar a trabajar, aunque estuvieran en situación irregular, en otras se llegaba a acuerdos monetarios para que sucediera lo mismo. Lo más grave: casualmente los videos donde se ve a Jonás Larrazábal recibiendo dinero o reunido en las propias oficinas del alcalde con alguno de sus funcionarios más cercanos con dueños de casinos, son inmediatamente posteriores a ataques armados contra esas casas de apuestas.
En toda esta historia hay demasiada suciedad y si se quiere recuperar la confianza de la gente (indispensable para recuperar a su vez la seguridad en Monterrey y en Nuevo León), la verdad debe salir a flote: se deben pagar costos políticos y comenzar a limpiar de verdad, en las policías pero también en las instituciones, una ciudad y un estado que no merecen vivir esta situación. El operativo federal que comenzó después de la tragedia del Casino Royale es la oportunidad para hacerlo. Se requiere voluntad y decisión política: el presidente Calderón el viernes dijo tenerlas. Con un agregado: recuperar Monterrey, más allá de lo hecho en Tijuana o Juárez, pero ser una carta decisiva para evaluar la lucha anticrimen de la administración Calderón.