La frase que más me llamó la atención del sexto informe de Enrique Peña Nieto, y que todo indica que será algo así como el leit motiv de su futura campaña, es la necesidad de construir una democracia de resultados. Teóricamente se podrá argumentar que no queda muy claro qué es una democracia de resultados, pero para la gente puede ser y será, un gancho difícil de resistir: la gente, la sociedad está harta de tener una democracia que no es eficiente, que no le resuelve los problemas, que discute, debate, expone, pero que en los hechos es bastante poco funcional y deja mucho que desear en cuanto a gobernabilidad.
La frase que más me llamó la atención del sexto informe de Enrique Peña Nieto, y que todo indica que será algo así como el leit motiv de su futura campaña, es la necesidad de construir una democracia de resultados. Teóricamente se podrá argumentar que no queda muy claro qué es una democracia de resultados, pero para la gente puede ser y será, un gancho difícil de resistir: la gente, la sociedad está harta de tener una democracia que no es eficiente, que no le resuelve los problemas, que discute, debate, expone, pero que en los hechos es bastante poco funcional y deja mucho que desear en cuanto a gobernabilidad.
Peña, en lo que para algunos es un discurso televisivo o una demostración de falta de proyecto de largo plazo, pero que me parece una muestra de sensatez, ha preferido poner el acentos en los resultados, en presentarse con un pragmatismo que, uno de los hombres que influyen en él, alguna vez me describió como el de un político al que no le importa si la solución es de derecha o de izquierda, que no se mueve por definiciones ideológicas sino por lo que funcione, por lo que dé resultados. Es una estrategia inteligente pero es también un reto: si el tema son los resultados, si la democracia se debe medir por ellos, no habrá ningún otro parámetro para hacerlo. Y quizás eso sea un acierto, porque la democracia que funciona sólo en el ámbito partidario, que no se refleja en resultados y en un mejoramiento en la calidad de vida de la gente, se agota en su propio discurso y termina abriéndole paso a quienes ofrecen resultados por la vía del autoritarismo.
Ejemplos de los devaneos políticos que no llegan a nada hay muchos, involucran a todos los partidos y niveles de gobierno y se reflejan, sobre todo, en el ámbito de la seguridad. Vamos con uno de ellos: el lunes se dio el encuentro de los especialistas de la UNAM, encabezados por el rector José Narro con el presidente Calderón. La Universidad Nacional preparó, luego de un seminario que encabezó Jorge Carpizo con numerosos académicos, un diagnóstico con una serie de propuestas sobre el tema de la seguridad. Son 36 puntos que resumen una visión que es inatacable, no me imagino que alguien, con sentido común, se puede oponer a ellos.
El pequeño problema es que esa propuesta resuelve muchas cosas menos el problema de la inseguridad. Veamos los principales capítulos: celebrar un pacto político y social para atender el tema: luego habla de establecer consensos políticos y sociales para dar “un giro inmediato” (¿hacia dónde?) a la política de seguridad, con prevención del delito, abatimiento e la impunidad y “una reducción del numero de muertes y lesionados”. La estrategia pide una mayor rendición de cuentas, un registro nacional de víctimas, fortalecer la lucha contra el lavado de dinero; respetar los derechos humanos; establecer una política social que otorgue empleo y educación a los jóvenes, comprender que hay “distintas expresiones” de la juventud, etc. ¿Quién puede estar en contra?. El punto es que todo eso se puede y debe hacerse, pero no soluciona el problema de la gente que es extorsionada o secuestrada en Monterrey, Torreón o Acapulco; que no evita que las niñas y jovencitas sigan siendo secuestradas en la Huasteca Potosina, o en muchos otros lugares de la república; que haya fosas comunes con cientos de cuerpos en su interior.
Se habla de pactos y acuerdos, pero se olvida que los tres poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno y los representantes de muchas organizaciones de la sociedad civil (y allí estuvo representada también la UNAM y otras instituciones educativas) firmaron solemnemente hace tres años en Palacio Nacional, un acuerdo para la seguridad y la justicia con 76 puntos, con compromisos específicos y tiempos concretos de cumplimiento que contiene los puntos que se deben abordar para recuperar la seguridad y el control en el país: se especifica cómo centralizar los mandos y establecer un nuevo modelo de policía; cómo reformar el sistema judicial y el ministerio público; cómo depurar a jueces, policías y ministerios públicos; cómo cambiar el sistema carcelario, cómo combatir las extorsiones telefónicas. La enorme mayoría de esos compromisos no se han cumplido y hoy nadie parece recordar que esa tarde cuando Alejandro Martí, que acababa de perder a su hijo Fernando, les dijo que si no podían que renunciaran, muchos aceptaron ese desafío. Y todos siguen hoy allí.
Los consensos ya están, los pactos también, los compromisos, mucho menos estratégicos pero mucho más concretos y aterrizados que los que presentó la UNAM (insisto, muy compartibles como una visión con soluciones de largo plazo pero que no inciden en la lucha contra la inseguridad en el corto y mediano plazo, en la inseguridad cotidiana) también están alli. Lo que falta es honrar esos compromisos hoy olvidados por buena parte de la misma clase política que, en todos los partidos, aplaude, con toda razón, que busquemos una democracia de resultados.