Hace dos años, el gobierno federal logró uno de sus mayores éxitos en toda la administración. Liquidó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, un ente tomado, dominado, por una burocracia más que ineficiente y por un sindicato, el SME, que gozaba del mejor contrato colectivo del país, con una serie de prestaciones irracionales, que nos costaban a todos los mexicanos más de 40 mil millones de pesos al año. Un sindicato rico de una empresa pobre y que al ser pública subsidiábamos todos los mexicanos.
Hace dos años, el gobierno federal logró uno de sus mayores éxitos en toda la administración. Liquidó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, un ente tomado, dominado, por una burocracia más que ineficiente y por un sindicato, el SME, que gozaba del mejor contrato colectivo del país, con una serie de prestaciones irracionales, que nos costaban a todos los mexicanos más de 40 mil millones de pesos al año. Un sindicato rico de una empresa pobre y que al ser pública subsidiábamos todos los mexicanos.
La mayoría de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas cobraron una generosa indemnización, muchos formaron nuevas empresas, otros fueron recontratados por la Comisión Federal de Electricidad que se hizo cargo de todo el servicio de la extinta CLyFC, con mayor calidad, transparencia y con un costo infinitamente más bajo para el erario. Pero poco más de un tercio se quedaron con Martín Esparza y los líderes del sindicato. Los trabajadores viven del subsidio para el desempleo que les otorga el gobierno del Distrito Federal, sus dirigentes de los enormes recursos que acumularon a lo largo de los años y de los que todavía dispone el sindicato. Pero el premio mayor, para los líderes del SME, no está en las cuentas bancarias del propio sindicato, que lejos están de ser pobres, sino en las propiedades: son miles de millones de pesos que dependen de que se les reconozca, a esos líderes, la propiedad de las cuentas y los bienes materiales, sobre todo las propiedades inmobiliarias, incluyendo muchos bienes que en realidad eran de la empresa. Tanto para su bienestar personal como para sus actividades políticas, aunque sean un sindicato que no representa empresa alguna, y sobre todo para la campaña electoral del 2012, esos recursos son millonarios y estratégicos.
Desde hace meses el SME montó en pleno Zócalo capitalino un campamento que, aunque la mayor parte del tiempo está desierto y donde nunca se paran y mucho menos pernoctan sus dirigentes, ha utilizado como instrumento de presión contra las autoridades. Han impedido todo tipo de actividades, incluyendo una feria del libro y, como ocurrió el año pasado, con los festejos del bicentenario, el campamento se convierte en un instrumento de negociación ante la inminencia de las fiestas patrias. ¿Qué se negocia? El acceso a esos recursos que están todavía en disputa o congelados, en medio de otros reclamos que sirven para ocultar el objetivo central de esa negociación.
Usted se preguntará porqué no se puede desmantelar el campamento si está en un espacio público tan importante como el Zócalo, si está prohibido construir en él (el campamento se construyó de materiales como cemento y varilla para que no pudiera ser desmantelado rápidamente), si se ha dañado el bienestar de la ciudad, si incluso se han producido accidentes en el mismo. Pues no se puede porque las autoridades federales no están dispuestas a asumir ese costo sin la participación del gobierno capitalino y éste, que tiene una vieja relación política con el SME, no está dispuesto a tocar ni con el pétalo de una rosa a los líderes del sindicato. Y el gobierno federal, a través de la secretaría de gobernación ha decidido, una vez más negociar y hacer concesiones al SME para que quiten, vaya uno a saber por cuanto tiempo, el campamento.
El punto principal de la negociación es la toma de nota, la aceptación en sus cargos de 25 dirigentes del sindicato. Hecho esto, tendrán la vía abierta para administrar plenamente todos los recursos del SME, un instrumento imprescindible para su reinserción política vía el financiamiento de campañas. La otra demanda es la libertad, dicen, de los “presos políticos”. En realidad se trata de una decena de miembros de esa organización, que originalmente la gente de Martín Esparza calificó como “infiltrados” que han hecho todo tipo de actos vandálicos, incluyendo algún homicidio. Los más notables aquella quema de automóviles en el Circuito Interior, frente al edificio de la CFE. Y todo indica que les concederán todo.
Desde hace un año existe una fuerte disputa interna en el gobierno sobre el tema. La secretaría de Gobernación siempre se ha inclinado por aceptar la toma de nota y ahora parece también que en liberar a esos detenidos. Es un error, es una muestra de debilidad del gobierno que le otorga enormes recursos a un sindicato que hoy no representa más que a sus propios líderes, al tiempo que le ofrece un triunfo político a quien hizo de intermediario en esa negociación, el jefe de gobierno Marcelo Ebrard que, por supuesto, no ha pagado costo político alguno por ello: sólo ha recibido beneficios. Para el gobierno federal es una estrategia de perder-perder.