Las sentencias de hasta 131 años de prisión a los secuestradores y asesinos de Hugo Alberto Wallace, no sólo fue motivo de satisfacción para su madre, Isabel Miranda de Wallace, sino también, una demostración de lo que funciona y de lo que definitivamente debe ser erradicado de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.
Las sentencias de hasta 131 años de prisión a los secuestradores y asesinos de Hugo Alberto Wallace, no sólo fue motivo de satisfacción para su madre, Isabel Miranda de Wallace, sino también una demostración de lo que funciona y de lo que definitivamente debe ser erradicado de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.
Isabel Miranda es una mujer extraordinaria que ha realizado una tarea enorme. Desde el mismo momento en que supo del secuestro de su hijo se dio a la tarea de buscarlo; cuando supo que Hugo ya no regresaría, que había sido asesinado por los secuestradores, se dio a la tarea de encontrarlos y ayudar a ponerlos ante la justicia. Logró localizarlos y que los detuvieran. Cuando jueces en primera instancia dieron sentencias ridículamente benévolas a los criminales, exigió una revisión de los procesos y ahora, finalmente, aquel crimen recibe un castigo justo respecto al daño cometido.
Pero todos deberíamos preguntarnos por qué diablos una mujer, una maestra, en absoluto relacionada con temas de seguridad o justicia, tuvo que emprender sola, acompañada por algunos amigos o familiares, una cruzada de estas características durante más de seis años, para lograr que se hiciera justicia. Y cómo tuvo que recorrer, también prácticamente sola, toda la escalera del combate al crimen, desde la investigación primaria de los hechos hasta la sentencia penal definitiva. ¿Cómo puede ser que, sin apoyos significativos, Isabel haya podido, sobre todo durante las primeras épocas, ir deshaciendo la madeja de irresponsabilidades, abandono, dejadez y complicidad que había en torno al secuestro y el asesinato de su hijo Hugo? ¿Cómo puede ser que una madre haga lo que no hicieron, que incluso se negaron a hacer, las fuerzas de seguridad locales y en algunos casos federales? No estamos hablando de un pleito de vecindad, sino de un secuestro y asesinato, y no fueron las autoridades las que corrieron tras los criminales, sino una madre deseosa de hacer justicia.
Hugo fue secuestrado cuando, desde el gobierno capitalino de López Obrador, se calificaba de “pirrurris” a quienes denunciábamos el clima de inseguridad que se vivía en el DF y a quienes protestaban en las calles exigiendo seguridad y alto a los secuestros. Tiempo después, ya durante la administración de Marcelo Ebrard, se fue descubriendo, tras hechos lamentables como la muerte de la señora Cevallos Coppel, durante un más que fallido intento de rescate, o con la intervención más que oscura de elementos de la Policía Judicial capitalina en el secuestro de Fernando Martí, entre muchos otros, que varios de los responsables antisecuestros de la ciudad estaban coludidos con los secuestradores. Pero lo cierto es que nadie hizo nada para encontrar a Hugo e incluso, durante aquellos primeros años, Isabel tuvo que luchar para que los secuestradores, una vez localizados, fueran aprehendidos.
Han pasado seis años y la banda, por lo menos sus principales integrantes, están detenidos y juzgados. Queda aún mucho por saber sobre sus relaciones, sus complicidades, sobre por qué algunas autoridades no investigaron el secuestro. Hay allí ligas con los grupos deÉdgar Valdez Villarreal, La Barbie, con gente de los Beltrán Leyva, con dueños de antros a su vez relacionados con ellos y otros delincuentes. Se ha hecho justicia, pero creo que conocemos sólo la punta del iceberg de esa madeja criminal.
Lo importante de todo esto es que Isabel Miranda no se quedó, siendo ello increíblemente loable, en investigar la muerte de su hijo. Su experiencia y sobre todo su valentía, la puso al servicio de la gente. Creó Alto al Secuestro y ha asesorado a innumerables víctimas; trabajó y trabaja en forma incesante para sacar adelante, con una increíble resistencia política de las autoridades, leyes que protejan a las víctimas, que castiguen realmente a los criminales, que sean eficaces en la lucha contra la delincuencia y sobre todo contra los secuestradores. No se trata de protagonismo, sino de solidaridad y de participación social. Y, a diferencia de otros grupos y personajes, tampoco se hace desde una plataforma ideológica y política, mucho menos pidiendo perdón o justificando a los criminales.
No es Isabel la única. Fernando Martí, María Elena Morera y muchos otros, desde distintas perspectivas y a través de distintos orígenes y experiencias personales, le han dado un sentido social a esta larga lucha por la seguridad que cada día debe vencer todo tipo de trabas políticas, burocráticas, de francas complicidades, para tratar de que, simplemente, se procure y se haga justicia, con el fin de que esa cifra de 98% de impunidad en los delitos denunciados se convierta en un estigma del pasado en una nación que nunca debió merecer caer tan bajo como para que una madre tuviera que investigar, detener, hacer juzgar y castigar a los asesinos de su hijo, mientras muchas autoridades simplemente la ignoraban.