El caso Cassez ha catalizado la falta de confianza en las instituciones: que nadie se engañe creyendo que ese 87 por ciento que rechaza la liberación de la joven secuestradora francesa se limita sólo a expresar su falta de credibilidad en la Corte: se extiende a todas las instituciones gubernamentales y en muchas ocasiones el discurso, intentando protegerlas, termina dañándolas más.
El caso Cassez ha catalizado la falta de confianza en las instituciones: que nadie se engañe creyendo que ese 87 por ciento que rechaza la liberación de la joven secuestradora francesa se limita sólo a expresar su falta de credibilidad en la Corte: se extiende a todas las instituciones gubernamentales y en muchas ocasiones el discurso, intentando protegerlas, termina dañándolas más.
La administración Peña Nieto ha iniciado su periodo con una impresionante velocidad y puntualidad en su agenda, y deja amplio margen para el optimismo. Es evidente que en esa agenda, a diferencia de otras administraciones, lo que está en la cima es realizar antes de que concluya su primer año, la reformas estructurales que el país requiere, sobre todo la fiscal y la energética. Para eso se necesitan acuerdos, un ambiente de pacificación y no generar conflictos con las fuerzas políticas que sacarán adelante esas reformas.
Pero por allanar esa ruta se debe tener cuidado en no incubar verdaderos huevos de serpientes que el día mañana frustren, precisamente, parte o la totalidad de esos grandes proyectos. No es algo nuevo: es lo que ocurrió entre noviembre de 1993 y enero del 94 en el último año de la administración Salinas: de las expectativas enormes basadas en una superación exitosa de la sucesión presidencial con la candidatura de Colosio y el ingreso al TLC el primero de enero, pasamos sin escalas a la crisis luego de un levantamiento zapatista que se podría haber sofocado mucho antes y no se hizo para no contaminar esos otros dos procesos. El saldo fue, en todos los sentidos, negativo.
Hoy se acumulan varios focos rojos en el horizonte que no deberían ser subestimados y que terminan relacionándose con el que la gente sigue considerando el mayor problema para su vida cotidiana: la seguridad. Un listado rápido nos muestra que los detenidos el primero de diciembre por los actos de vandalismo más duros que ha sufrido la capital en mucho tiempo, están, todos, en libertad: están relacionados con grupos armados. Que los que realizaron actos similares en Guerrero o Michoacán gozan del mismo privilegio: ellos también pertenecen a los mismos grupos. Que se promulgó una ley de víctimas que lastima a las verdaderas víctimas porque las equipara con quienes se convirtieron en realidad en sus victimarios, y porque en última instancia es absolutamente inoperante, inaplicable. Para terminar de agraviar a las víctimas, se desprecia la relación con las agrupaciones que han trabajado en el tema todos estos años y se privilegia con un grupo que tiene una agenda política e ideológica respetable pero muy ajena al tema, el de Javier Sicilia, el cual a su vez también tiene relación con los grupos antes señalados. En este contexto reaparecen los zapatistas, luego de unas largas vacaciones y desde el nuevo gobierno de Chiapas se le apapacha y dice que hay que cumplir “completos” los acuerdos de San Andrés, lo que le quitaría, en los hechos, la soberanía al estado federal y al estatal en varios espacios territoriales.
En Guerrero, en la Costa Chica y en otros puntos, ante la inoperancia de las autoridades aparecen grupos armados que dicen ser de autodefensa de la población, aunque nadie sabe de dónde sacaron las armas y a quién responden: en realidad se trata de una mezcla de grupos armados de la guerrilla, derivados del EPR y el ERPI y de organizaciones paramilitares, como la que encabezó Rogaciano Alba, que se siguen disputando el estado, algunos dicen que a nombre de dos grandes grupos delincuenciales.
Ese conflicto se traslada al estado de México e Hidalgo, donde se siguen escenificando enfrentamientos entre las franquicias locales de los Zetas y el cártel del Chapo. Y al mismo tiempo, se dan varios secuestros muy preocupantes en el ámbito local en distintos estados realizados por grupos que no queda claro que sean de simples delincuentes.
Nada de todo lo que dijimos está fuera de control. Son problemas, temas, historias que están incubándose, que se pueden mantener en estado latente o simplemente estallar cuando menos se lo espera. Recordemos que en la política hay demasiado oportunismo y cualquier espacio sirve para que el mismo se cuele. ¿Qué mejor demostración de ello que las declaraciones de López Obrador criticando a Peña por la liberación de Cassez cuando él mismo y su equipo fueron los que más insistieron en su liberación, sobre todo cuando Fernández Noroña, siendo su vocero, visitaba en forma cotidiana a la mujer detenida y las autoridades carcelarias de Tepepan, bajo órdenes del GDF, le daban todas las libertades y concesiones dentro del reclusorio?¿Se imagina cómo actuarán si estalla verdaderamente alguna crisis, por pequeña o aparentemente controlable que sea?