¿Tienen relación entre sí hechos como los disturbios en los Colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional, las movilizaciones como las efectuadas el pasado primero de diciembre, los desmanes que han propiciado otros grupos en estados como Michoacán y Guerrero, los propios grupos de autodefensa que se reproducen en esos mismos estados, pero también en Oaxaca y en el estado de México o las cartas bombas a académicos del ámbito de biotecnología?
¿Tienen relación entre sí hechos como los disturbios en los Colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional, las movilizaciones como las efectuadas el pasado primero de diciembre, los desmanes que han propiciado otros grupos en estados como Michoacán y Guerrero, los propios grupos de autodefensa que se reproducen en esos mismos estados, pero también en Oaxaca y en el Estado de México o las cartas bomba a académicos del ámbito de biotecnología?
Algunos obviamente están relacionados entre sí, como la creación de los grupos de autodefensa en forma simultánea en cuatro estados del país, impulsados, unos, por organizaciones armadas, otros, por caciques locales, ambos alejados de las leyes y alimentados por la impunidad. Otros, como los del CCH o las cartas bombas, se podría decir que tienen orígenes distintos, pero en realidad son parte de un mismo movimiento, amorfo, sin fronteras definidas, pero que parte del desafío a las estructuras del Estado. Un desafío que tiene o argumenta razones ideológicas, políticas, pero que también en muchas ocasiones se trata de simples intereses personales o de grupos, o son parte de la acción de delincuentes que explotan la amplia vertiente que no termina de delimitar la política de la criminalidad.
En realidad son muchos años de impunidad los que se ponen de manifiesto con estas acciones, demasiados años en los que se compensa la violencia con una mesa de diálogo, con un acuerdo para salir indemnes de cualquier delito, con el otorgamiento de prebendas para evitar conflictos o postergarlos. Nadie quiere enfrentar la realidad y tomar decisiones. Como diría mi amigo Raúl Quintanilla, la procrastinación (definida también como postergación o posposición: es la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes y agradables, todo porque el acto que se pospone puede ser percibido como abrumador, desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso o aburrido, es decir, estresante, por lo cual se autojustifica posponerlo a un futuro idealizado, en que lo importante es supeditado a lo urgente) es casi una norma nacional.
Postergamos hasta que los problemas estallan: pasó con la violencia y el narcotráfico, que no quisimos ver durante lustros, hasta que no pudimos manejarlo y pasa ahora con estos movimientos que por separado pueden parecer poco importantes, pero cuando se observan en un escenario general se convierten en un verdadero desafío para el propio Estado o para instituciones tan sensibles como la Universidad Nacional.
No hay razones para la postergación en la toma de decisiones, pero se repite una y otra vez la norma. Para los manifestantes que destrozaron el primero de diciembre, el centro de la ciudad se llegó al exceso de modificar códigos penales para que no terminaran procesados; para los porros del CCH que quemaron edificios, agredieron profesores y funcionarios y que se dedican a vender droga en el campus se instala una mesa de diálogo; a los grupos de autodefensa de Ayutla llega el gobernador a saludarlos y felicitarlos por estar preocupados por la seguridad de la zona y se celebra que liberen a once, de medio centenar de detenidos ilegalmente por esos grupos. No se trata de tener una lógica represiva o de renunciar a la política, pero debe haber normas, reglas, espacios de lo que se puede o no hacer sin violar la ley. Hoy, ante esos desafíos, la impunidad es la norma.
Y allí reside el mayor desafío, el mayor peligro que tiene el programa de prevención social contra la violencia y la inseguridad que se ha lanzado en estos días. El programa es, sin duda, un gran acierto, aunque sólo fuera porque coordina y le da un sentido integral a más de 300 programas que funcionaban en el pasado sin la coordinación y la eficiencia necesarias. Tan sólo el monto de los recursos involucrados es una demostración de la importancia que se le dará a esa política. Pero para reconstruir el tejido social se requiere de todas estas acciones emblemáticas pero también del ejercicio y el imperio de la ley. En realidad, la combinación de la prevención con el ejercicio de la autoridad es la única fórmula para recuperar la seguridad, la convivencia y reconstruir el tejido social. En este sentido, postergar decisiones clave en la aplicación de la ley debilitará y retrasará esa reconstrucción tan necesaria.