La semana que inicia será clave para saber la capacidad de soportar presiones de la administración Peña y saber cómo enfrentará varios momentos críticos. Hasta ahora pareciera que la política nacional avanza (o retrocede) por dos vías que son antagónicas entre sí. Por una parte la vía de las reformas, la última la de telecomunicaciones, que tiene como punto de llegada entre septiembre y diciembre sacar adelante la reforma energética y la fiscal. Por la otra las provocaciones políticas, provenientes de grupos criminales que pasan por hechos de violencia que esperan una respuesta, que esos grupos preferirían “represiva”, de las autoridades.
La semana que inicia será clave para saber la capacidad de soportar presiones de la administración Peña y saber cómo enfrentará varios momentos críticos. Hasta ahora pareciera que la política nacional avanza (o retrocede) por dos vías que son antagónicas entre sí. Por una parte la vía de las reformas, la última la de telecomunicaciones, que tiene como punto de llegada entre septiembre y diciembre sacar adelante la reforma energética y la fiscal. Por la otra las provocaciones políticas, provenientes de grupos criminales que pasan por hechos de violencia que esperan una respuesta, que esos grupos preferirían “represiva”, de las autoridades.
En este segundo capítulo, las provocaciones se suceden: por una parte, el magisterio disidente en Guerrero que tiene tomado el congreso chantajeando a los legisladores locales para que aprueben una contrarreforma educativa a modo, una iniciativa que viola la reforma constitucional aprobada, que deja en mano de la propia Coordinadora el control de la educación estatal (una de los tres peores del país), y que ata de manos al gobierno estatal. Al mismo tiempo, comienzan a tomarse acciones similares en Michoacán, paralizado el sábado, y se anuncia un paro magisterial desde este lunes en Chiapas, donde la confluencia entre grupos del zapatismo duro y la coordinadora pueden hacerle la vida muy difícil a la administración local. Si hiciera falta sumarle algún elemento a esa ecuación, ahí está la toma de la rectoría de la UNAM, por un grupo de encapuchados que son parte del mismo movimiento de la izquierda radical que apuesta, directa o indirectamente, entre otras cosas, a la oferta del Morena y que tiene como objetivo desmantelar la capacidad de control y operación de la dirigencia perredista. Ellos también están enfocando todas sus fuerzas en septiembre: lograr llegar a la reforma energética y fiscal con el gobierno federal desgastado, acotado, con aliados en crisis y con un respaldo popular decreciente a las medidas. Ahí es donde funciona la lógica de la violencia y la provocación.
El gobierno federal sigue apostando, mientras tanto, a tratar de establecer toda una serie de modificaciones legales que le den sustento y armas a la administración, rompiendo la lógica de la parálisis legislativa que tanto ha afectado a anteriores gobiernos. Esta semana, prácticamente la última de este periodo legislativo, estarán en el debate la reforma de telecomunicaciones en la cámara de diputados; también en San Lázaro, la de deuda de estados y municipios en la controversia con el senado; se espera que ingrese la reforma anticorrupción, con muchas sorpresas y una amplia iniciativa financiera (y está pendiente la reforma a las contribuciones en el IMSS).
Todo lo cual está muy bien, pero hay tres problemas: primero, que cada vez es más costoso mantener unido el pacto por México, para sus propios actores, porque sobre todo el PRD tiene unas enormes presiones internas. También el PAN, pero las mismas, siendo muy profundas, se procesan por vías mucho menos violentas. Segundo, es que esas divisiones comienzan a presentarse en ambas cámaras entre los distintos grupos parlamentarios y exigen, cada vez más, mecanismos de acuerdos y alianzas que trascienden a las propias dirigencias. Tercero, que siendo reformas necesarias y positivas, de alguna forma el gobierno federal también está atado a esa lógica, lo que le impide darle salidas a preocupaciones mucho más inmediatas de la población: desde los problemas derivados de las provocaciones magisteriales y de los grupos radicales en distintos puntos del país (y habrá que prestarle mucha atención a lo que sucede en la UNAM) hasta los frenos en la aplicación de programas sociales como los de la Cruzada contra el Hambre que se tienen que enfrentar también a presiones políticas importantes.
Todo eso se refleja en una paradoja que casi nunca se había presentado en el país en las últimas décadas: mientras las expectativas y acuerdos con el accionar del gobierno del llamado círculo rojo (empresarios, clase política, medios) es muy alta, en algunos estudios cercanos al 80 por ciento, en el denominado círculo verde, o sea la opinión pública, la gente, el nivel de aceptación presidencial ronda en el 51 por ciento. La lectura es sencilla: el círculo rojo está apostando al futuro, a las reformas, a lo que puede venir; el verde está sintiendo que sus problemas cotidianos no están teniendo suficiente respuesta mientras se suceden las provocaciones que terminan quedando sin respuesta. En realidad hay control y gobernabilidad, pero los continuos hechos como bloqueos, tomas, violencia, generan una percepción diferente.
Es un largo camino el que habrá que recorrer hasta diciembre. No será fácil, es un camino minado.